Abrieron mercados, almacenes, restaurantes, pequeño comercio y algunas gasolineras

Oaxaca: fracasó el paro empresarial; a la luz, operativo para desestabilizar

La acción encubierta buscaría crear caos y vandalismo

La APPO, infiltrada por pistoleros

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Oaxaca, Oax., 28 de septiembre. El paro de 48 horas a que convocó la iniciativa privada oaxaqueña fracasó casi por completo. Salvo el mediano comercio y las gasolineras, el llamado de las cámaras empresariales no fue atendido por la mayor parte de los comerciantes. Abrieron todos los mercados, los grandes almacenes y la mayoría de los restaurantes de franquicia, así como el pequeño comercio y algunas estaciones de servicio.

Las principales líneas de autobuses y de taxis laboraron igualmente, luego de acordarlo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) hace dos días. Sólo en el Centro Histórico y algunos barrios residenciales pudo apreciarse un cierre parcial de establecimientos, y no mayor al que se ha observado en otras ocasiones. Según informes, esta situación se repitió en el interior del estado.

Operación encubierta

La Jornada obtuvo información confiable sobre un amplio operativo de provocación organizado por el gobierno estatal para crear situaciones de caos y vandalismo en el transcurso del paro empresarial, en especial durante el previsto ingreso de la Policía Federal Preventiva (PFP) a esta ciudad para ''restablecer el orden''. Cuatro grupos de priístas afiliados a la CROC y a la CTM, así como policías y empleados municipales, estarían listos para asaltar comercios y transeúntes, secuestrar y quemar vehículos, agredir a la población y a los medios de comunicación, haciéndose pasar por miembros de la APPO.

Las acciones estarían a cargo de unas 300 personas previamente adiestradas y organizadas en cuatro grupos coordinados respectivamente por los líderes priístas David Aguilar y Nahúm Carreño, el jefe policiaco Aristeo López y el contratista Hugo Ruiz Ortiz (hermano del gobernador). La operación se encuentra a cargo del secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, y el titular de Protección Ciudadana, Lino Zelaya Luría.

La detallada denuncia fue hecha por miembros del PAN y el PVEM que desempeñan puestos intermedios en la administración local e inclusive han ocupado cargos de elección popular. Se identificaron plenamente ante el reportero, pero pidieron conservar el anonimato por temor a represalias. Similar información aparece firmada por el columista Luis Ocejo Martínez, en la edición de hoy del diario Noticias.

Algunas personas del dispositivo clandestino se encuentran infiltradas desde hace más de un mes en barricadas de la APPO, ''para aprender conductas'' y ganar la confianza de los auténticos activistas. Dos o tres de ellos participaron en el cerco al hotel Camino Real, el pasado domingo, ''disfrazados de appos'', con ropa casual, gorras, y armados con palos; fueron quienes auxiliaron para huir a los diputados que se encontraban con el periodista Ricardo Rocha e inclusive aparecen en el programa Oaxaca: la mera verdad, presentado el martes por el comunicador en Televisión Azteca.

Cuentan con vehículos ya ''pintados'' como si pertenecieran a la APPO, entre ellos una pickup gris de doble cabina. Lo más alarmante es que las personas infiltradas participarían con armas de fuego en la eventual resistencia a la PFP, la cual se presume actuaría desarmada; su consigna es disparar contra los agentes. ''Si hubiera uno o más policías muertos, bajo la apariencia de que fue culpa del movimiento social, quedaría justificada la intervención inmediata del Ejército para establecer un estado de sitio'', dijeron los declarantes.

''Necesitan pretexto para aplicar un escarmiento ejemplar y reprimir la rebelión del pueblo'', añadieron. Uno de ellos argumentó: ''Soy panista, nunca voté por Ulises Ruiz. Tampoco coincido con la APPO ni con los maestros, pero no entiendo por qué mi partido sostiene a este gobernador''.

Por último, los declarantes revelaron la existencia de un plan para bloquear líneas telefónicas, señales de radio y ''tumbar'' la señal de los teléfonos celulares durante el operativo de la PFP, que se espera en las próximas horas o días.

En un hecho que podría estar relacionado, la estación XEYG, La consentida, de Matías Romero, fue incendiada parcialmente la madrugada del miércoles por desconocidos que dejaron pintas, firmadas por la APPO, que amenazaban de muerte al veterano locutor Romualdo Santiago. XEYG es propiedad del diputado federal por Convergencia Humberto López Lena, quien el pasado domingo fue testigo del ataque a tiros en el hotel Camino Real de la capital por parte de la policía local, y allí mismo reprobó ante los medios ''el Oaxaca de Ulises Ruiz''.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), integrante de la APPO, condenó el atentado y consideró que la acción ''fue cometida por personeros del gobierno en represalia por la amplia cobertura que esta radio ha dado a la movilización ciudadana''.

Los hechos ''coinciden con las provocaciones orquestadas el miércoles por Luis Alvarez, representante de Ulises Ruiz en la región, quien junto con un grupo de conocidos priístas intentó reanudar clases infructuosamente en la secundaria Demetrio Vallejo, de Rincón Viejo, Petapa'', denuncia Ucizoni. ''Hasta ahora, las provocaciones y los hechos de violencia han provenido únicamente del grupo adicto al gobernador''. Añade que las amenazas contra Fredy Landa y Leonel Gómez (radiodifusores indígenas), Migdalia Espinoza y Carlos Leonardo, así como la agresión que sufriera la movilización popular en María Lombardo y el hostigamiento penal contra activistas, ''han provenido de presidentes municipales, agentes del Ministerio Público, delegados de gobierno, transportistas y policías, integrantes todos de una red de corrupción ligada a Ulises Ruiz Ortiz''.

Ucizoni sostuvo: ''Los hechos de violencia son muestra de la desesperación de un grupo político que está a punto de perder sus privilegios'', y deslindó a la APPO de cualquier acto violento, ''ya que con ello se abona el terreno a una acción represiva de parte del Estado''.

En tanto, más de 40 organismos civiles, académicos, indígenas y de derechos humanos convocaron este mediodía a un acto simbólico en la Fuente de las Siete Regiones, bajo el lema ''Ulises Ruiz, manchado con la sangre del pueblo oaxaqueño'', durante el cual repudiaron el uso de la fuerza pública y cualquier salida represiva al conflicto social y político. Los organizadores responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal por las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños. ''Hacemos un enérgico llamado al gobierno federal para recordarle que la complicidad es un acto tan grave como la comisión de actos injustos contra el pueblo de Oaxaca'', afirmaron.

Un grupo de mujeres vestidas de blanco se extrajo sangre ante decenas de cámaras de televisión y reporteros, y la arrojaron contra un retrato de cuerpo entero, tamaño natural, del gobernador oaxaqueño. Posteriormente, introdujeron esta imagen en una jaula de madera, semejando una prisión, junto con fotografías de otros funcionarios estatales, todas manchadas de sangre. ''Si existiera el estado de derecho, Ulises Ruiz estaría en la cárcel'', concluyeron.