Sería absurdo usar la violencia en el estado, dicen ONG
Anuncia el CEN del partido del sol azteca que sesionará en Oaxaca
Con el fin de inhibir que en Oaxaca se utilice la fuerza pública para resolver el conflicto social que comenzó hace más de cuatro meses, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se trasladará el próximo miércoles a la capital del estado, donde tendrá una reunión con legisladores federales.
El secretario general del instituto político, Guadalupe Acosta Naranjo, dio a conocer lo anterior tras insistir en el rechazo de su partido a que se use la fuerza pública en esa entidad, pues hacerlo podría generar "una tragedia de consecuencias incalculables".
Agregó que en los últimos días se ha observado un endurecimiento de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional sobre el caso Oaxaca, pues ambos apoyan una solución represiva al conflicto.
Frente a tales circunstancias, dejó abierta la posibilidad de que el PRD dialogue con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, a pesar de que el sol azteca ha señalado en diversas ocasiones que no tiene nada que tratar con el gobierno foxista, luego de las controvertidas elecciones del 2 de julio pasado.
En conferencia de prensa, el secretario general del PRD también informó que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia de inconstitucionalidad por la aprobación en el Congreso oaxaqueño de una iniciativa que busca prolongar por un año más el periodo de gestión de los presidentes municipales y los diputados, para reducir el número de elecciones en la entidad.
Puntualizó que su partido está de acuerdo en compactar el calendario electoral, pero no en extender por un año el mandato de los alcaldes y la gestión de los diputados. El objetivo se puede lograr si se reduce el periodo de los funcionarios y de los legisladores, enfatizó.
La elaboración de la controversia correrá a cargo de Horacio Duarte, representante perredista ante el Instituto Federal Electoral, y se prevé que la próxima semana será presentada ante la SCJN.
El dirigente perredista reiteró que la solución del conflicto oaxaqueño pasa necesariamente por la salida del gobernador Ulises Ruiz, luego de rechazar cualquier vía que no implique la renuncia del mandatario.
Sobre la decisión de que el CEN sesione en la capital de aquella entidad, dijo que el objetivo de tal medida es contribuir a resolver el problema social. Eso sí, demandó al gobierno estatal garantías para que su reunión se lleve a cabo sin ningún contratiempo o provocación.
"Gobierno inepto"
Por otra parte, defensores de los derechos humanos calificaron de "absurdo e innecesario" el uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto en Oaxaca, y aseguraron que la amenaza de recurrir a los cuerpos militares y policiacos "sólo demuestra la ineptitud del gobierno federal para alcanzar una salida política".
Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que "no se puede llamar al diálogo y al mismo tiempo considerar como una opción el uso de fuerzas represivas".
Antes de recurrir al uso de la fuerza pública, aseguró, se debe privilegiar el diálogo, ya que movilizar a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) o de cualquier cuerpo policiaco "debe limitarse a un claro respeto y protección de los derechos humanos".
Insistió en que las causas del conflicto "no se limitan al Ejecutivo local; también involucra a los poderes Legislativo y Judicial, así como a las condiciones ancestrales de sobrexplotación, pobreza y marginación que afectan a los oaxaqueños".
Por su parte, Luis Arreaga Valenzuela, defensor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que ante la grave omisión en la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar la defensa y el respeto a los derechos humanos de la población en Oaxaca es "condenable que ahora pretenda emplear la fuerza pública como mecanismo para destrabar el conflicto".
Arreaga Valenzuela, integrante del equipo de observadores que acudió a Oaxaca para constatar las denuncias por graves violaciones a las garantías individuales, aseguró que es necesario que el gobierno federal "desestime toda medida de fuerza y se comprometa a resolver las graves condiciones de desigualdad y pobreza que imperan en la entidad".