La farsa de la elección obrera y patronal
Tienen razón quienes afirman que somos el país de las simulaciones: así lo confirma una vez más con el proceso electoral de representantes obreros y patronales ante las más de 200 Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) que operan en el país, órganos tripartitas que tienen por encargo constitucional impartir justicia en el ámbito laboral.
Esta elección es convocada el primero de octubre de cada seis años por el secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Tiene como finalidad que los trabajadores y empresarios de las distintas ramas de industria o actividad económica elijan democráticamente representantes que actúen como jueces laborales. Atendiendo a la Ley Federal del Trabajo, la convocatoria señala las bases del proceso electoral, que incluye la formulación de los padrones y el sistema de designación mediante convenciones que deben celebrarse el día 5 de diciembre, a fin de que asuman el cargo en ceremonia formal la primer semana de enero próximo.
Una elección de esta naturaleza debería movilizar a grandes sectores de la sociedad, considerando que a dichos representantes les corresponde garantizar el sentido social de nuestra legislación laboral y dirimir conflictos de cuya suerte depende el futuro personal y familiar de los trabajadores y, en ocasiones, de pequeños empresarios. El Estado no debe soslayar la importancia de esta elección, al contrario, como parte activa del proceso debe generar las condiciones necesarias para que trabajadores y empresarios participen y elijan democráticamente a sus representantes.
La ausencia de transparencia y promoción en esta jornada permite que los actores del añejo sistema corporativo sigan haciendo de las suyas, además de condicionar más tarde decisiones de gran trascendencia. No olvidemos, por ejemplo, que los representantes obreros y patronales han sido el obstáculo fundamental para el avance de la democratización sindical en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal al oponerse al voto secreto en los conflictos intergremiales.
En lugar de un proceso democrático, se desahoga un trámite casi clandestino, a través de convenciones avaladas en muchas ocasiones con listas falsas en las que simplemente se asientan actos inexistentes, manejados por un puñado de abogados empresariales y líderes sindicales que imponen representantes a su gusto, para más tarde manipular las resoluciones que emiten como parte de la JCA. Las autoridades en general consienten esta simulación para mantener el estado de control y subordinación vigente. Este vicio de origen explica en parte el desprestigio de las juntas por su incapacidad para cumplir su misión como órgano de equidad e imparcialidad en muchos de los asuntos en que participan. Las actas de las convenciones, cuyo texto debería ser objeto del mayor escrutinio público y académico, reflejan claramente que no existe elección, sino una repartición de cuotas, excepto algunos casos de organismos descentralizados y universidades públicas autónomas. Cabe mencionar que en esta ocasión deberá estrenarse una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje integrada con representantes académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de acuerdo con el artículo 353-S.
Un estudio realizado sobre las actas de las convenciones para representantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Distrito Federal en el año 2000 exhibe la manipulación del proceso: se desarrolla bajo el control de un pequeño grupo de abogados empresariales y líderes sindicales que designan todas las instancias, se eligen entre ellos y todo se reduce a un llenado de formularios para cubrir el expediente. Observando las actas de elección patronal consta que ninguna organización, ni siquiera la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) comparece. Todos los participantes aparecen como patrones independientes.
En el proceso electoral patronal referido aparecen siete actas que hacen constar la celebración de las convenciones realizada el 5 de diciembre de 2000 a las 16 horas; en todas, un mismo abogado empresarial propone como presidente de la mesa directiva de las distintas convenciones a Gustavo Serrano Limón, quien lo asume en todas ellas, y ambos integran todos los jurados de responsabilidades de los 15 tribunales, tarea físicamente imposible de cumplir. En todos los casos, la elección opera por unanimidad y por planilla única; al observar las actas con mayor detalle, destaca que para elegir a los representantes en las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje números 3 y 4, la elección empresarial se decidió supuestamente por 7 mil 441 votos, cuando sólo se registran las siglas de 15 patrones independientes, entre ellos El Palacio de Hierro SA de CV, que aportó 5 mil 470 votos, decidiendo por sí misma la elección. En la designación de los representantes de las juntas 9 y 10, ni siquiera se asentó el número de votos por cada compareciente y de una representación anunciada de 25 centros de trabajo, entre ellos, la Universidad del Valle de México AC, Instituto Alexander Bain SC, Médica Integral GNP y la Universidad Tecnológica SC; termina con una votación unánime de 22 mil 362 votos. No cabe duda de que en materia electoral nuestro país se pinta solo.
La recuperación de nuestra vida democrática debe abarcar los distintos espacios de nuestra sociedad, y la elección de representantes obreros y patronales que integran los organismos de justicia laboral adquiere un carácter fundamental. Es urgente transparentar el proceso, monitorear su desempeño y promover una mayor participación tanto de trabajadores como de patrones para recuperar un mínimo de legitimidad y legalidad; en esta época de replanteamientos institucionales de fondo, está claro que el objetivo sería que estos tribunales tripartitas fueran sustituidos por auténticos jueces de carácter social, que resolvieran los conflictos del mundo del trabajo con imparcialidad y justicia.