En algunos penales los detenidos se amarran a las rejas para dormir parados y no caerse
Hallan ombudsman de los estados hacinamiento de 100% en cárceles
Visitador de CNDH reclama que la labor penitenciaria corresponde a entidades y a la Federación
Merida, Yuc., 29 de septiembre. En varios municipios del país, ante la falta de espacio para su estancia, muchos presos "duermen de pie, amarrados a las rejas de las celdas para no caerse. En otros casos, yacen en el piso, en el patio, en la cocina, y en los pasillos. El hacinamiento alcanza en algunas prisiones hasta cien por ciento, en otros 70 o 50 por ciento". La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informa que el promedio nacional de aglomeración es de 35 por ciento.
Esta situación la padecen cotidianamente hombres y mujeres presos en la mayoría de los 452 penales de la República. A ello se agrega el tráfico de drogas de todo tipo -mariguana, cocaína, anfetaminas, cristal-, de alcohol -cerveza, coñac, whishy, ron-, cigarrillos y el comercio sexual. Los reclusos se prostituyen y hasta las visitas se venden. Existe escasez de medicamentos o, de plano, falta el servicio médico.
Instalaciones en mal estado, deterioradas, celdas de castigo donde incomunican y aíslan a los detenidos; autogobiernos -presos que controlan los penales e imponen su ley-, coinciden en denunciar los ombudsman de Hidalgo, Alejandro Straffon; de Chiapas, Yesmin Lima Adam; de Durango, Carlos García; de Jalisco, Manuel Barba; de Baja California, Jordan Arrazola Falcón; de Campeche, María Eugenia Avila, y de Colima, Enrique García.
La CNDH presentará el 16 de noviembre próximo, en Monterrey, Nuevo León, un avance del Diagnóstico nacional sobre la situación de las violaciones a los derechos humanos de los presos y las presas en las cárceles del país. Ese documento se elabora con la información que le envían las comisiones estatales de derechos humanos, con base en el acuerdo por medio del cual la supervisión a las cáceles corresponde a las comisiones de los estados, y en ocasiones se realizará de manera conjunta con la CNDH.
El tercer visitador general de la CNDH, Andrés Calero Aguilar, anunció lo anterior a los presidentes y visitadores de las comisiones estatales de derechos humanos participantes en el Seminario Nacional para Visitadores de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Durante su participación, el funcionario de la CNDH expuso que en el país existen 452 cárceles: seis del gobierno federal con capacidad para 5 mil 680 presos; 10 en el Distrito Federal, para 18 mil 340 reos; en los estados 340, para 132 mil 228; los municipios tienen 96 prisiones para 3 mil 385 personas, por lo que en total a finales de agosto pasado podía tener una población de 159 mil 633 detenidos, pero en el país hay 214 mil 450 presos.
De ese total, al 30 de agosto de este año, un total de 203 mil 384 son hombres (94.84 por ciento de la población penitenciaria), las presas suman 11 mil 66 (5.16 por ciento). La sobrepoblación es de 34.344 por ciento, equivalente a 54 mil 817 personas.
Calero Aguilar dijo que en total 92 mil 722 detenidos están sometidos a proceso -74 mil 340 del fuero común y 18 mil 382 del federal-, y un total de 121 mil 728 ya fueron sentenciados.
Calero Aguilar expresó a los visitadores y a los ombudsman estatales que las 96 cárceles municipales no reúnen las condiciones para albergar a personas detenidas por cometer delitos. "Esas instalaciones se crearon para retener a quien comete faltas administrativas, y sólo los deben retener hasta 72 horas."
Precisó que el artículo 118 constitucional prevé expresamente que los responsables del sistema penitenciario son los gobiernos de la Federación y de los estados. Por su parte, añadió, el artículo 115 constitucional no considera la prisión como una función que corresponda a los municipios.
Detalló en su intervención que el informe especial sobre cárceles en el país, emitido por la CNDH el 6 de septiembre de 2004, da cuenta de que en más de la tercera parte de las entidades federativas existen cárceles que albergan internos procesados y sentenciados, y que no dependen económica ni administrativamente de los gobiernos estatales, sino de gobiernos municipales, y que generalmente no cuentan con instalaciones adecuadas, personal ni recursos económicos suficientes para llevar a cabo las actividades de un centro de reclusión.
Esas 96 cárceles se ubican en: Baja California Sur (una), Sonora (una), Quintana Roo (5), Chihuahua (6), Durango (9), Nuevo León (11), Guanajuato (11), Tabasco (12), Nayarit (18) y Jalisco (22).
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, Yesmin Lima, sostuvo que "en las visitas a las cárceles del estado encontramos autogobiernos, malos tratos, indebida integración de expedientes y en el ciento por ciento sobrepoblación.
"Tenemos en investigación un caso, de una mujer que va a la visita conyugal a El Amate, y prostituye ahí a dos de sus hijos adolescentes."
Miedo de denunciar
Las quejas por alimentación es otro tema que "sale a relucir cuando entrevistamos a los presos. Muchos temen a la represión; tienen miedo de denunciar por las represalias, y aunque les decimos que habrá sigilo, tienen temor. Hay autogobiernos, presos que mandan e imponen el orden en los penales."
María Eugenia Avila, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, aseveró que "las quejas más recurrentes son sobrepoblación por mala distribución, tanto que en algunos penales donde duermen parecen telarañas. Incluso, algunos duermen hasta en la cocina; hay quejas por abuso de autoridad, alimentación, servicios médicos".
Esta realidad en las prisiones será expuesta por la CNDH en noviembre próximo, mediante un trabajo conjunto con las comisiones de derechos humanos de los estados.
Alejandro Straffon, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo, asegura que en su entidad la sobrepoblación llega a 70 por ciento, y Jordan Arrazola, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, coincide con el anterior que en su entidad la queja más recurrente es la sobrepoblación.
El presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Oscar Humberto Herrera, quien además es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, dijo que en el penal de Venustiano Carranza, tiene una sobrepoblación de 70 por ciento.