Conoce apelación de la Femospp sobre el caso
Estudiará juez si hubo genocidio en Tlatelolco
Decisión personal del magistrado, analizar el fondo
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Luis Echeverría no está aún oficalmente libre de culpa del genocidio
Foto: Archivo/La Jornada
Por decisión personal, el magistrado federal Ricardo Paredes Calderón estudiará el fondo de la acusación por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, a quien la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) responsabiliza de ser el principal artífice del presunto genocidio ocurrido en Tlatelolco un día como hoy hace 38 años, pese a que está en posibilidades legales de no hacerlo y sólo quedarse en el tema de la prescripción.
El expediente del caso, que llegó en vía de apelación al segundo tribunal unitario en materia penal del Distrito Federal, incluye un candado jurídico del que se podría valer Paredes Calderón, titular de ese órgano jurisdiccional, para no estudiar el fondo del asunto.
La petición del fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR) Ignacio Carrillo Prieto al magistrado unitario es que se revoque el auto de libertad que el juez federal Ranulfo Castillo Mendoza concedió a Echeverría el pasado 8 de julio, luego de considerar que el presunto genocidio prescribió el 10 de noviembre de 2005, lo que impide que el ex presidente sea juzgado por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.
El Ministerio Público Federal asegura en su escrito de agravios que el juez Ranulfo Castillo se equivocó al realizar el cómputo aritmético de la prescripción, ya que supuestamente el delito imputado a Echeverría prescribiría en noviembre próximo.
De esta forma, el magistrado Paredes Calderón cuenta con la posibilidad jurídica, respaldada por el Código Federal de Procedimientos Penales, de no estudiar el planteamiento de fondo de la Femospp: que los hechos que hoy llegan a su 38 aniversario fueron un acto genocida encaminado al exterminio total o parcial de un grupo nacional de estudiantes.
Fuentes judiciales revelaron a La Jornada que la decisión del juzgador fue analizar el contenido total de la investigación del fiscal Carrillo Prieto, a fin de que pueda estar plenamente informado del caso.
Es decir, que además del tema de la prescripción valorará las constancias de autos para revisar si a su juicio la matanza en Tlatelolco pudo constituir un acto genocida. Esto provocará que el caso tarde al menos un par de meses en resolverse.
Sin embargo, el hecho de que analice a título personal el fondo del asunto no significa que el tema de la prescripción ya haya sido superado, puesto que en su resolución el magistrado primero tiene que pronunciarse en términos de la supuesta caducidad legal del delito de genocidio; y sólo si considera que no ha prescrito analizará jurídicamente características del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del ex presidente.
Las fuentes consultadas precisaron que la determinación del magistrado de conocer el fondo de la acusación obedece al interés que el juzgador tiene por el caso, aunque eso no impediría que al momento de emitir su resolución optara por la confirmación de que el supuesto genocidio prescribió el 10 de noviembre de 2005.
Este lunes se evocó el 38 aniversario de la matanza en Tlatelolco y, como cada año, integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, así como miembros de otras organizaciones sociales y ciudadanos en general realizarán una marcha por las principales calles del Distrito Federal.
En tanto, fuentes cercanas al ex presidente Echeverría aseguraron que éste no saldrá hoy de su casa, donde también cada año acude un grupo de inconformes para lanzar consignas en su contra y realizar pintas de protesta en las puertas de su domicilio.
Para la defensa de Echeverría, el presunto delito de genocidio prescribió el 10 de noviembre de 2005. Su argumento ya recibió el aval de un juez federal. Ahora el magistrado Ricardo Paredes Calderón deberá resolver en definitiva este punto.
Para el juez Castillo fue fundamental una copia certificada de la renuncia a la Secretaría de Gobernación que el 10 de noviembre de 1969 entregó Echeverría al entonces titular del Ejecutivo federal, para asumir la candidatura a la Presidencia.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2004 -al revisar el asunto de la matanza del 10 de junio de 1971- que en el caso de Echeverría los plazos de prescripción respecto del delito de genocidio debían correr a partir de que terminó su periodo en la presidencia, en noviembre de 1976, los defensores del inculpado alegaron ante el juez que entre la renuncia de su defendido a Gobernación (el 10 de noviembre de 1969) y el día previo al que asumió la titularidad del Ejecutivo federal (30 de noviembre de 1970) hubo un periodo de un año y 20 días.
De esta forma, del 10 de noviembre de 1969 al 30 de noviembre de 1970, cuando dejó el servicio público, la prescripción corrió, por lo que, al tiempo normal de la prescripción (30 años) del delito de genocidio, el juez restó un año y 20 días, y después sumó los siete años, un mes y nueve días en que Echeverría se desempeñó como secretario de Gobernación y presidente. De acuerdo con esa operación, el 10 de noviembre de 2005 ocurrió la prescripción.