La dependencia federal invirtió esa cifra en ocho años
Testigos protegidos costaron a la procuraduría $38 millones
La Procuraduría General de la República (PGR) invirtió cerca de 38 millones de pesos en ocho años con el propósito de mantener y brindar seguridad a testigos colaboradores y protegidos, que en su momento aportaron información a la dependencia en casos de investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
Un reporte de la PGR, elaborado en respuesta a una petición hecha por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) indica que, de 1997 a 2004, se destinó esa cantidad para sostener a testigos que en muchos casos son criminales confesos, pero que aportan datos sobre las operaciones de los principales líderes del narcotráfico, la conformación de los cárteles del país y los nombres de quienes encabezan las organizaciones delictivas.
En diversas investigaciones, principalmente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), los testimonios sirvieron para capturar a capos del narcotráfico. No obstante, en no pocas pesquisas a cargo del titular de subprocuraduría, José Luis Santiago Vasconcelos, los testigos de la autoridad fueron utilizados para ''fabricar culpables''.
Así sucedió en los casos de Nahúm Acosta, ex director de giras de la Presidencia de la República, a quien se acusó de filtrar información de la agenda de Vicente Fox a narcotraficantes, así como en la investigación contra el arquitecto Joaquín Romero Aparicio, quien fue confundido con el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, sólo por la versión de los llamados ''testigos protegidos''.
La información de la PGR precisa que los recursos que invirtió la dependencia en ocho años se usaron para la manutención de los informantes -conocidos en el argot ministerial como soplones- y para el pago de los custodios que brindan protección a los testigos.
Según esta información, en ocho años la PGR tuvo 252 testigos protegidos, cuyos testimonios sirvieron como prueba de cargo para detener a presuntos delincuentes ligados a alguno de los cárteles que operan en territorio mexicano.
En el oficio DGPDSC/UEAI/2118/2006 se muestra que, de enero a diciembre de 1997, la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) dio protección a 19 personas que admitieron participar en el programa de testigos, y en ellos se invirtió un millón 108 mil 114 pesos 40 centavos.
En ese mismo periodo, pero de 1998, la dependencia erogó un millón 168 mil 229 pesos 91 centavos para proteger y mantener a otros 19 sujetos. Al año siguiente, el número de colaboradores de la PGR aumentó a 30, pero disminuyó la cantidad de dinero que se invirtió, pues el gasto fue de un millón 146 mil 955 pesos 36 centavos.
En el año 2000, el incremento en las erogaciones por ese concepto alcanzó los 2 millones 397 mil 621 pesos 91 centavos, para proteger a 27 testigos. Para 2001, la PGR tuvo a 35 personas que testificaron contra narcotraficantes, y para ellas se destinó una inversión de 5 millones 823 mil 927 pesos 84 centavos.
El año 2002 fue el de mayor gasto en los ocho años para los testigos protegidos. La erogación alcanzó 13 millones 370 mil 525 pesos 78 centavos para la protección de 42 personas. La cantidad disminuyó a 7 millones 737 mil 929 pesos 30 centavos para 2003, a pesar de que el número de testigos fue similar, pues se dio protección a 41 sujetos. En 2004, la inversión fue de 5 millones 497 mil 139 pesos 28 centavos, y se incluyó a 39 nuevos colaboradores de la dependencia federal.