Varios de ellos tomaron decisiones que hoy consideran irregulares, reviran canadienses

Banco de Nueva Escocia no hará oferta a ex accionistas de Inverlat

La demanda de los mexicanos no tiene fundamento y se buscará que sea desechada en la corte de NY, afirma vocero del BNS

Todas las partes involucradas fueron tratadas con equidad, asegura

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Varios de los ex accionistas del desaparecido Inverlat, que reclaman un pago de 500 millones de dólares al actual propietario, Banco de Nueva Escocia (BNS), participaron en las decisiones del consejo de administración que ahora califican como irregulares, de acuerdo con los argumentos del consorcio, con sede en Toronto. La multinacional afirmó que no espera hacer ninguna oferta económica a los empresarios mexicanos, e incluso anticipó que su estrategia legal buscará que la demanda sea desechada en la corte estadunidense donde fue presentada.

El Banco de Nueva Escocia enfrenta una demanda en un juzgado de Nueva York, después de que un grupo de al menos 200 ex accionistas de Inverlat, banco que fue adquirido por el grupo canadiense después de la crisis de 1995, presentó un reclamo de indemnización. Los querellantes consideran que sus intereses fueron afectados durante el proceso de saneamiento y capitalización de la institución que, después de la reprivatización de 1991 y 1992, estuvo encabezada por el empresario Agustín F. Legorreta.

''La demanda no tiene ningún fundamento y vamos a buscar que sea desechada por el juez que lleva el caso'', declaró a La Jornada Frank Switzer, responsable mundial de comunicación del Banco de Nueva Escocia. ''Ninguna de las acciones del BNS en el proceso de asociación y compra de Inverlat afectó los derechos de ninguno de los accionistas'', manifestó en una conversación telefónica desde Toronto.

Los demandantes sostienen que el BNS aprovechó su posición de socio minoritario y el favor del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo para hacerse con la propiedad de Inverlat, al amparo de una serie de prácticas que muestran a la vez la manera discrecional en que se ejecutó el rescate bancario, una deuda de un billón 300 mil millones de pesos que los contribuyentes mexicanos pagarán en 70 años, de acuerdo con una estimación del Congreso.

Según información obtenida por La Jornada y publicada la semana pasada, entre los demandantes contra el BNS se encuentran el propio Agustín F. Legorreta, así como las familias Autrey (Altos Hornos de México), Ramírez (Cinépolis), el empresario Marcos Katz, propietario de Aeromar, y Juan Gallardo Thurlow, principal accionista de Pepsico. El despacho de abogados que armó el caso en México, Ortiz Gómez Abogados, reportó que al menos 200 ex accionistas de Inverlat se habían sumado a la demanda contra el consorcio canadiense.

¿Derechos afectados?

''Todas las partes involucradas en las operaciones de compra de Inverlat fueron tratadas con equidad'', dijo Switzer. ''Intentaremos probar en la corte que lo que ellos dicen es incorrecto; ellos fueron tratados justamente y se vio por sus intereses plenamente, en ningún momento se afectaron sus derechos'', añadió.

Además de Switzer, otras fuentes cercanas al grupo canadiense que fueron consultadas por este diario consideraron que la demanda de los ex accionistas mexicanos de Inverlat no conducirá a un juicio en la corte de Nueva York. La querella fue presentada en esa ciudad debido a que el grupo canadiense y los empresarios mexicanos firmaron un acuerdo en 1992, antes de la crisis financiera -cuando Scotiabank se interesó por adquirir una porción minoritaria de los títulos- que reconoce la jurisdicción de los tribunales y leyes neoyorquinas.

De acuerdo con los procedimientos de las cortes en Estados Unidos, la presentación de una demanda no necesariamente lleva a la realización de un juicio, el cual procede cuando el juez considera que existen elementos sólidos para iniciarlo.

Según la información recabada por este diario, la apuesta del BNS es que el juez que recibió la demanda, Richard Lowe, no llame a juicio, lo que daría por cerrada la querella. Pero los abogados mexicanos de los ex accionistas creen que hay cada vez más posibilidades de que haya un juicio, después de que en agosto pasado el juez pidió más documentación del caso. La decisión de Lowe para convocar o no a juicio será conocida en diciembre.

Según las fuentes consultadas por este diario, varios de los empresarios mexicanos que participan en la demanda tenían posiciones relevantes en la administración del banco al momento en que llegaron los inversionistas canadienses. Estas fuentes, que pidieron no ser citadas por su nombre, indicaron que Xavier Autrey, uno de los demandantes, era presidente del consejo de administración cuando empezó la participación de los inversionistas canadienses. Alejandro Creel Cobián, otro era el responsable de la recuperación de activos en esa misma época, añadieron.

En 1996, después de la crisis, los accionistas de Inverlat renunciaron a su participación en el banco a cambio de 9 por ciento de las acciones. El BNS se quedaría con 55 por ciento y el 36 por ciento restante se integraría a partir de la recuperación de créditos que cayeron en insolvencia después de la devaluación del peso en diciembre de 1999.

Los demandantes mexicanos reclaman que el BNS no hizo nada por recuperar los activos y que simplemente se valió de su posición de fuerza (tenía ocho de los 11 miembros del consejo, y 22 de sus ejecutivos habían venido de Canadá a administrar el banco, con un sueldo anual cada uno de 200 mil dólares, pagados por el gobierno) para hacerse de esa porción del capital.

El argumento de los empresarios es que no tuvieron la oportunidad de participar en esa compra y por lo tanto quedaron fuera del negocio. Al momento de la venta, ese 36 por ciento estaba valuado en 175 millones de dólares y hoy, aseguran los querellantes, vale mil millones de dólares.

''Siempre estuvieron enterados de lo que pasaba, ellos estaban representados en el consejo de administración y en la estructura directiva'', dijo la fuente consultada por La Jornada.

De manera oficial, Frank Switzer declaró a este diario: ''todas las partes involucradas fueron tratadas con equidad''.