Lleva 10 años en prisión por un robo a Bancomer
Presunto hacker exige quedar libre de cargos
Presentó denuncia ante la CIDH
Lo buscan en EU: juez
Ampliar la imagen Manuel Serafín Martínez Ortiz lleva diez años bajo proceso, acusado de operaciones fraudulentas en contra de casa de bolsa Bancomer Foto: María de Jesús Picón
Estacion Colonias, Tamps. Manuel Serafín Martínez Ortiz ha pasado los últimos 10 años de su vida en prisión, sujeto a proceso. De mano en mano, su expediente lo han conocido cinco jueces penales, dos presidentes del Poder Judicial, cuatro procuradores estatales, tres jueces de distrito y tres gobernadores, primero en la cárcel de Reynosa y desde hace año y medio en el penal de mediana seguridad de Altamira. Pero el caso no ha alcanzado una resolución en firme.
Acusado de "robo virtual" de nueve millones de pesos en agravio de la casa de bolsa Bancomer, en principio fue considerado reo de alta peligrosidad, con las características de un hacker. Hasta hace dos años enfrentó dos procesos; de uno resultó absuelto y del otro logró la reposición del procedimiento, ya que se advirtieron vicios.
Fue detenido en la ciudad de México en junio de 1996. A otros tres implicados -dos empleados de Bancomer- no se les sentenció por falta de elementos, pero ya tenían ocho años en el penal 2 de Reynosa, Tamaulipas. Las autoridades estatales solamente les ofrecieron una disculpa.
Martínez Ortiz, originario de Miami, Florida, con residencia en Puerto Rico, fue acusado de la autoría intelectual.
El presunto robo se orquestó en la ciudad de México, pero la Procuraduría del Distrito Federal -durante la regencia de Oscar Espinosa Villarreal- integró la averiguación 50/ACI/813/96-06 y la turnó a su similar tamaulipeca, porque, según informes de Bancomer (expedientes acumulados 173/996 y 179/996) las remesas hurtadas procedían de una sucursal de ese banco en Reynosa.
Las primeras pesquisas se realizaron en el Distrito Federal y estuvieron a cargo del fiscal Fernando Castro Hernández. Bancomer no probó las acusaciones de asociación delictuosa contra Serafín Martínez, quien tras ser absuelto demandó a la casa de bolsa por 328 millones de pesos por daño moral.
Sin embargo, el banco lo denunció por robo, supuestamente cometido mediante transferencias electrónicas que hicieron dos cajeros de una sucursal de Reynosa, a quienes se procesó pero quedaron libres. Las emisiones electrónicas se cobraron en tres sucursales de Bancomer con sede en el Distrito Federal a través de dos casas de cambio ubicadas en la ciudad tamaulipeca, el 7 de junio de 1996.
Diez años preso sin sentencia firme
En diciembre de 2001 el juez segundo de lo penal, José Jaime Palacios Salinas (cuarto juzgador del caso) lo condenó a 13 años 11 meses de prisión por robo. Pero un año después el magistrado de la cuarta sala del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, José Agustín Antu Cantú, fallecido, revocó el ordenamiento al presumir irregularidades en el juicio, desde la integración de la averiguación hasta la sentencia, como la omisión de comparecencias de otros presuntos implicados, y ordenó la reposición del procedimiento.
El proceso está en manos del actual juez penal del mismo juzgado, Paulino Gómez Salazar. Martínez Ortiz alega inocencia: asegura que su nombre no figura en las declaraciones de Román Martín Dávila, coacusado detenido cuando iba a cobrar un envío en una casa de cambio del Distrito Federal.
Dos de los procesados por el robo de los 9 millones de pesos, el citado Román Martín Dávila y Francisco Torres Torrija, dieron el nombre de un tal Ricardo Castellanos con el número del teléfono de Serafín Martínez, y al obtenerse la dirección de éste fue detenido, según explicó durante una entrevista realizada en el penal.
El magistrado Antu Cantú determinó que una de las irregularidades en el proceso era que el nombre del principal inculpado (Serafín) figura en la toca, pero señalado por el fiscal que integró la averiguación en el Distrito Federal.
El reo no figura ni como alias de Ricardo Castellanos. En uno de los careos Martín Dávila aseguró que Martínez Ortiz no es Castellanos. Pero el fiscal Juan Chávez Requena, de la PGJDF, sostuvo que Ricardo también se hacía llamar Manuel Martínez. Sin embargo, la filiación de ambos es incompatible, lo mismo que el domicilio de los dos personajes, según el testigo de cargo.
Serafín asevera que fueron los fiscales de las procuradurías del Distrito Federal y de Tamaulipas, así como los jueces tamaulipecos, quienes en forma dolosa le imputaron ser Ricardo Castellanos. Y éste aparece como otro de los elementos irregulares detectados por el magistrado que ordenó reponer el procedimiento.
"Mi dignidad no tiene precio"
Manuel Serafín Martínez es un reo estrictamente vigilado. Sólo se le permite hacer llamadas telefónicas en un aparato público; sus visitas son programadas; tiene prohibido usar máquinas de escribir y, sobre todo, computadoras, según Rafael González Benavides, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas.
La entrevista se efectuó en el área del penal conocida como vehicular, vigilada por unos 15 guardias.
-Si ya lo sentenciaron a 13 años 11 meses de prisión, usted puede obtener beneficios del Ejecutivo estatal y conseguir su libertad -se le plantea.
-El problema es que soy inocente y estoy dispuesto a seguir aquí el resto de mi vida, pues está de por medio mi dignidad y ésta no tiene precio. No puedo permitir que mi expediente quede marcado para el resto de mi vida como robabancos.
Serafín confía en ser absuelto porque en la averiguación integrada por la PGJDF Diana Margarita Rodríguez Moncada y Edgar Alejandro Vega García admiten el robo de ocho de los nueve millones que reclama Bancomer, pero el caso se complica porque tales confesiones no obran en el proceso radicado en Tamaulipas. El coordinador de seguridad del banco, José Carlos Marca Muñoz, no remitió el informe de la auditoría donde figuran los implicados. Testigos fundamentales, según el procesado, para quedar absuelto.
-¿Cómo llegó usted a México?
-Yo me pregunto si detrás de todo esto está el viaje por el que vine a México. Después del problema económico en 1994 puse un anuncio en un periódico para promover créditos en dólares. Esto fue cuando nacieron las uniones de crédito en el Distrito Federal, durante la administración de Espinosa Villarreal.
''Ellos pretendían elaborar certificados de depósitos en dólares sin ningún colateral, sin dinero en el banco. Yo lo denuncié a la CIA y a la FBI. El proyecto estaba avalado por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, actual gobernador del Banco de México.''
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Rafael González Benavides, no cree que el procesado sea un vulgar ladrón, ''pero sí sé que es un bato chingón, sumamente inteligente para hacer este tipo de cosas propias de un hacker; el expediente es la crónica de un delito a toda madre''.
También reconoce que es un asunto difícil, porque los jueces han tenido que examinar la legislación bancaria, y cuanddo se cometió el robo no se habían hecho reformas a la ley.
Asevera que el indiciado tiene una clave de Bancomer que no ha reconocido ni ha dado a conocer durante el proceso, pero la proporcionó a los dos cajeros de la sucursal de Bancomer en Reynosa.
Los jóvenes entraron a las 8 de la mañana del 7 de junio a la sucursal bancaria. La cámara de la sucursal los grabó. Uno distrajo al guardia mientras el otro ingresaba al sistema bancario y realizaba los envíos electrónicos a las casas de cambio del Distrito Federal. Hay otros involucrados del mismo banco, pero en Monterrey, revela el juez.
''El banco logró detener algunos de los envíos, pero eso fue para distraer, porque en realidad cobraron uno o dos de los depósitos. Mandó a un pelao a una casa de cambio con saco roto, zapatos sin bolear, cachucha volteada, y la cajera no le paga por la apariencia. Allí es donde aparece Manuel Serafín Martínez Ortiz.
''Se desarrolla el proceso penal, él se va a la apelación, al amparo, y por ese motivo se ha repuesto el procedimiento en varias ocasiones y ya se le debe estar dictando una nueva sentencia, pero él es un tipo muy hábil, ya se debe ir, ya cumplió'', explica.
-El quiere que lo absuelvan.
-No, hombre, está bien pando (favorecido). No, qué va a ser inocente. Al cuate éste lo corretearon por todo el país. Parece que ya le habían echado el ojo porque algo hizo en una sucursal de Banamex en Puebla. Yo creo que sí trae otros pendientes, y de los gringos trae más, porque han preguntado por él. Pero es un pelao macizo porque nunca reveló de dónde saco los números, las claves que dan acceso a las cuentas buenas; de otra forma los empleados bancarios no hubieran hecho las operaciones. Por ese motivo el STJT sospecha que hay otros ejecutivos bancarios involucrados.
-¿Por qué se repuso el procedimiento?
-Porque el magistrado de la cuarta sala, José Agustín Antu Cantú, no quería entrar al asunto. Además, conocía a los cajeros de la sucursal de Reynosa -libres por falta de elementos- y les quería echar la mano, creo que también están fritos. Pero el difunto (Antu Cantú murió el año pasado) con todo respeto le sacó al asunto y ordenó reponer el procedimiento. Se agarró de algunos careos incumplidos, pruebas no desahogadas, que son difíciles de realizar.
''Le dijeron al director del penal que no le prestara una computadora y no le dejaran acceso a Internet; una vez se lo permitieron y empezaron las quejas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
''Yo le dije a su hermana, cuando vino aquí conmigo: los gringos andan detrás de su hermano; ya preguntaron por él en el juzgado segundo de lo penal de Reynosa. Espere la sentencia; le debe venir más baja. Confórmese y acudan a buscar los beneficios de preliberación del Ejecutivo estatal.''
El proceso continúa en el juzgado de lo penal en la ciudad de Reynosa. Serafín Martínez Ortiz insiste en que no es un hacker y niega los cargos. Asegura estar dispuesto a morir en la cárcel hasta ser absuelto y por ese motivo presentó su caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque la recomendación 4/98 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue rechazada por el entonces gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma.