Editorial
Condones: vidas en juego
Las irregularidades detectadas en los preservativos Profilatex y Trenkes, cuyos fabricantes pretenden abastecer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Secretaría de Salud (SSa), con 60 y 27 millones de unidades, respectivamente, constituyen un legítimo motivo de preocupación pública, toda vez que la fabricación, presentación y distribución de esos productos incidirá, para bien o para mal, en el control de la epidemia del sida y la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), así como en el éxito o el fracaso de los programas de planificación familiar.
Ciertamente, hasta ahora las fallas de los condones referidos pueden parecer menores: se trata de la omisión, en los empaques, de la dirección del fabricante y, a decir de una de las empresas que se disputan los contratos, de errores en las leyendas precautorias que deben ostentar, por disposición oficial, los preservativos.
Sin embargo, estos incumplimientos evidentes de la norma oficial deben ser tomados como una señal de alerta y llevar a las autoridades a la realización de verificaciones exhaustivas de los procesos de producción y los sistemas de control de calidad empleados en la fabricación de condones: de los que distribuyen las dependencias del sector salud, de los que se comercializan de manera privada y de los que ofrecen las organizaciones ciudadanas de lucha contra el sida.
En otro sentido, es impostergable que se investigue a los funcionarios del IMSS involucrados en la licitación ganada por Profilatex y que se adopten medidas de moralización en las instancias de adquisiciones de medicamentos del sector salud en general, un ámbito hacia el cual proliferan las denuncias por corrupción pero que, por desgano gubernamental o por complicidades de alto nivel, se mantiene en la oscuridad y a resguardo del escrutinio público.
La preocupación atañe a los preservativos, en particular, toda vez que en la fabricación de estos productos no es admisible el menor relajamiento en la aplicación de las normas oficiales: un descuido en su proceso de producción implicaría exponer a millones de personas al contagio de VIH, a la propagación de otras ETS y a la proliferación de embarazos no deseados; en suma, habría que medir los saldos de una fabricación deficiente en muertes, en vidas destruidas o severamente afectadas y en daños económicos incalculables.
El mismo rigor debe ser aplicable al conjunto de medicamentos y materiales médicos que manejan las instancias públicas de salud, sea porque los distribuyen de manera directa o porque regulan su fabricación y su venta al público. Con la vida de las personas no se juega.
Por último, es necesario que la ciudadanía en general cobre conciencia sobre la necesidad de un rigor sin concesiones en la aplicación de la normatividad vigente en materia de medicamentos y productos de curación, y que exija su cabal cumplimiento a las autoridades y a las empresas que los producen.