Difunde reporte especial para condenar la falta de justicia contra mujeres de Atenco

Teme Amnistía Internacional que se repitan abusos policiacos en Oaxaca

Advierte que se mantendrá muy atenta a la eventual intervención de elementos de la Armada en el conflicto

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 4 de octubre. Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México, fue el responsable de realizar las entrevistas a las víctimas de los abusos, los malos tratos y las vejaciones sexuales en San Salvador Atenco. También fue quien redactó el reciente informe de la organización de defensa de los derechos humanos sobre esos hechos, en el que se demuestra la inacción del gobierno federal para resolver los numerosos agravios perpetrados en aquellos días. En entrevista vía telefónica desde Londres, Knox alertó de que, si el gobierno no lo remedia, en Oaxaca se podría repetir la historia reciente de Atenco y Guadalajara.

-¿Cuáles son las principales conclusiones que se extraen de la investigación sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco?

-Hemos constatado que hay evidencias muy fuertes de los abusos sexuales que sufrieron al menos tres mujeres, pero pueden ser muchas más. Además, cuando planteamos estas preocupaciones a las autoridades locales, estatales y federales, éstas se comprometieron a combatir la impunidad. Sin embargo, lo que hemos visto desde entonces es todo lo contrario: no ha habido ningún avance y se ha seguido la misma estrategia de deslegitimar a las denunciantes y de presentarlas como una mera estrategia política. Esta actuación representa un incumplimiento total de su deber de garantizar que actos de este tipo, las torturas, tienen que ser investigadas de una manera imparcial y exhaustiva. Por tanto, con este informe se constata el conflicto de interés evidente dentro de las instancias públicas para llevar a cabo una investigación imparcial. Esos son abusos muy graves que implican una responsabilidad internacional del Estado mexicano, pues no hemos visto ninguna acción contundente del Ejecutivo federal para no permitir la impunidad en este caso.

-¿Estamos hablando entonces de un encubrimiento generalizado que va desde el presidente Vicente Fox hasta el último policía que participó en el operativo?

-El respeto a los derechos humanos es una obligación esencial del Estado mexicano, no es algo que se pueda obviar con el argumento de las competencias. Inclusive la nueva fiscalía especial contra el maltrato de mujeres hasta el momento no se ha visto capaz de dirigir la investigación. Esto mismo lo vimos en el caso de Guadalajara: en el estado siempre se ha mantenido la postura de que no hubo nada, que era todo mentira, cuando es evidente que esto no fue así. Si el Estado mexicano es incapaz de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a nivel doméstico, es una incongruencia que al mismo tiempo se presente ante el mundo y en los foros internacionales como un defensor de esos mismos derechos.

-¿Es especialmente grave que hasta la fecha no se hayan esclarecido los dos asesinatos de Atenco?

-Así es, aunque nosotros intentamos enfocar esta investigación hacia las denuncias de violencia sexual contra las mujeres, porque son hechos que demuestran con mayor nitidez la forma de actuación del Estado, que eligió un operativo policiaco sustentado en el uso abusivo de la fuerza, en la tortura y en irregularidades durante el proceso judicial. Realmente eso demuestra una utilización de los mecanismos del Estado con fines políticos.

-A dos meses de que Fox deje la Presidencia, ¿considera que este informe tendrá alguna incidencia en la actual administración o si también debe ser acatada por el gobierno entrante?

-La razón de hacerlo ahora es porque es evidente que este caso también será responsabilidad del gobierno entrante, a pesar de que hay la tendencia de cualquier gobierno de desentenderse de las cuestiones de las administraciones anteriores. Nosotros insistimos en la responsabilidad del gobierno actual, pero sólo depende de ellos dedicar un esfuerzo para permitir una investigación eficaz y solvente. Si no esta va a ser una herencia para el próximo gobierno.

-En virtud de los dos antecedentes de Guadalajara y San Salvador Atenco, ¿usted cree que la inminente intervención en Oaxaca se va a llevar a cabo bajo estos mismos esquemas de tortura y violación a los derechos humanos?

-Somos muy conscientes de esos precedentes, así como de los abusos cometidos en los operativos policiales en disturbios o manifestaciones. El hecho de que ha habido impunidad total hasta el momento en estos casos hace que sea una preocupación muy grave y un precedente que se debe tomar en cuenta en cualquier actuación de las autoridades federales en relación con Oaxaca. Existe la percepción de que en ese estado puede repetirse lo ocurrido en Atenco y Guadalajara. El Estado tiene que evitar eso a toda costa, pues tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos. La forma en que se desarrolle el conflicto de Oaxaca es una preocupación real para Amnistía Internacional y un reto para el gobierno evitar que se violen los derechos humanos y no se cometan abusos de los elementos policicos. Desafortunadamente hay dos precedentes muy recientes que demuestran que la capacitación en la cadena de mando y los métodos para dispersar manifestaciones no son los más adecuados. Esperamos que cualquier acción esté apegada a esas normas universales de derechos humanos.

-¿Hay una preocupación añadida ante la posibilidad de que el conflicto en Oaxaca se resuelva con miembros de la Marina?

-Sí, porque es una fuerza pública que no está capacitada para este tipo de operativos, que son muy complejos, así como cualquier acto que empeore la situación, pues las violaciones de las personas que están manifestándose pacíficamente tienen consecuencias a largo plazo, y eso se tiene que tomar en cuenta. No se puede suponer que la solución del conflicto de Oaxaca pasa únicamente por la entrada de la fuerza pública. En cualquier caso, Amnistía Internacional estará muy atenta a todo cuanto ocurra en Oaxaca.

Amnistía Internacional (AI) denunció ante la comunidad internacional que en México no hay justicia para las 47 mujeres que fueron ultrajadas por elementos policiacos en el operativo de seguridad de San Salvador Atenco, estado de México, realizado el 4 de mayo pasado.

Las agresiones contra mujeres en custodia, sostuvo esa organización internacional, son "tortura". Y subrayó: "hasta el día de hoy continúa la denegación de justicia para ellas por parte del gobierno".

Denunció que "quienes están a cargo hoy de esas investigaciones son los mismos agentes del Ministerio Público y policías judiciales que se negaron a recibir denuncias de violación en el penal, o agentes que pertenecen a la misma corporación. Hay un conflicto de interés en la procuraduría mexiquense, que parece violar el principio fundamental de cualquier investigación de las alegaciones de violaciones de derechos humanos sea imparcial e independiente".

AI llamó la atención del gobierno mexicano sobre ese pendiente. Desde este jueves circula a escala internacional su informe Violencia contra las mujeres y denegación de justicia en el estado de México, mediante el cual señala la necesidad de que se realicen investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de esas mujeres, así como de la tortura a que fueron sometidas, y que las pesquisas queden en manos de autoridades federales.

AI condenó los actos violentos ocurridos el 3 de mayo pasado en el municipio de Texcoco y sus alrededores contra los policías, "y que podrían haber puesto en peligro la vida o integridad física de los agentes o transeúntes, y reconoce la obligación de las autoridades de intervenir ante tales situaciones".

Pero, destacó, "la forma como se dieron las detenciones, el trato recibido por las detenidas y los detenidos, las alegaciones de tortura y malos tratos, violaciones al debido proceso y la falta de una investigación independiente constituyen serias violaciones a los derechos humanos".

Hizo un breve recuento de lo ocurrido en esa ocasión: "al menos 211 personas fueron detenidas el 3 y 4 de mayo pasados en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, como resultado de un operativo policiaco en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina de la zona. Entre las personas detenidas hubo 47 mujeres, siete de ellas siguen presas".

Añadió que en las protestas del 3 de mayo varios manifestantes se enfrentaron en forma violenta con los policías, algunos de ellos resultaron heridos, y al menos cuatro fueron llevados a San Salvador Atenco. En tales circunstancias, las fuerzas de seguridad pública tienen el deber de garantizar el orden y proteger la integridad de los policías y ciudadanos. Sin embargo, "la forma como se llevaron a cabo las detenciones puso de relieve serias violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura y malos tratos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Además, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fallecieron a consecuencia de los disturbios sin que a la fecha se hayan esclarecido las circunstancias".

Las mujeres detenidas fueron objeto de violencia física, sicológica y sexual por parte de las policías del estado de México que las detuvieron, sobre todo durante su traslado al penal en varios vehículos. Inclusive, subrayó AI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe preliminar, registra 23 casos de violencia sexual.

Y puntualizó: "hemos documentado que las autoridades del estado de México negaron a varias mujeres la posibilidad de presentar denuncia penal, no les ofrecieron atención médica ni sicológica adecuada, ni les practicaron los exámenes médicos delicados para la obtención de pruebas con el consentimiento de las víctimas".