La coalición presenta su agenda legislativa; buscará cambios en el sistema electoral
El frente amplio llevará al Congreso propuestas de la convención democrática
La agenda legislativa del Frente Amplio Progresista se basará en dos ejes con el propósito de impulsar en el Congreso federal las reformas en favor de la democracia y el crecimiento con justicia, y emprender el proyecto de cambio constitucional que proponga la convención nacional democrática con el respaldo de un movimiento social amplio.
El frente amplio contempla emprender la creación de un régimen político que incluya una profunda reforma constitucional para un nuevo gobierno que responda a las condiciones inéditas de pluralidad, modificaciones al sistema electoral y al régimen de partidos.
También se pretende modificar la ley orgánica del Congreso de la Unión y su reglamento para alentar las coaliciones legislativas, aumentar las facultades de las comisiones legislativas en materia de investigación, control y dictamen, y establecer mecanismos para que las iniciativas no se congelen en comisiones.
Por lo que hace al sistema de administración y procuración de justicia, el Frente Amplio Progresista buscará establecer el Tribunal Constitucional de la Federación; iniciar la reforma integral el Poder Judicial con el objetivo de garantizar su independencia, honestidad y efectividad; reformar el Consejo de la Judicatura para asegurar la efectiva sanción de los actos de corrupción; tipificar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses para todos los servidores públicos, y eliminar el monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público.
La agenda del frente amplio también incluye la reforma municipal, la autonomía de los pueblos indios, establecer la constitución del Distrito Federal, ley de partidos políticos, sustituir a los actuales consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, designar a los magistrados del tribunal electoral, impulsar la democracia participativa, fortalecer el derecho a la información, reforzar la austeridad, la fiscalización y la transparencia y reformar a fondo la política exterior.
Por lo que hace a la nueva política económica se fomentará el crecimiento con equidad, una reforma energética que modernice el sector, dote de autonomía administrativa a las dependencias del mismo y garantice que éste opere en favor del pueblo mexicano.
En el texto se incluye una reforma laboral con espíritu social, modernización de la educación, la ciencia y la cultura, y la aplicación de un método para la revisión integral de la Constitución.