Dictamina que el proceso iniciado por Kamel Nacif debe ventilarse en la capital
Se declara incompetente juez de Cancún para ver demanda contra Lydia Cacho
El caso, cerca de terminar; en el DF no existe el delito de difamación, asegura defensor
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La periodista Lydia Cacho está cerca de ganar la demanda de difamación que entabló en su contra el empresario Kamel Nacif, estima la defensa de la informadora
Foto: Cristina Rodríguez
Un juez penal del fuero común, con sede en Cancún, Quintana Roo, se declaró ayer incompetente para conocer y desahogar el juicio iniciado contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, tras considerar que los hechos materia de la denuncia penal que presentó en su contra el empresario Kamel Nacif Borge sucedieron en la ciudad de México, donde se editó y distribuyó el libro Los demonios del edén, sobre prácticas de pederastia.
Con ese fallo judicial, la comunicadora está a un paso de ganarle la batalla jurídica al llamado rey de la mezclilla en el proceso por difamación que emprendió Nacif con el apoyo de autoridades del estado de Puebla, entre ellas el gobernador de esa entidad, Mario Marín Torres.
En su publicación, la comunicadora vincula a Kamel Nacif con el presunto pederasta de origen estadunidense Jean Succar Kuri y con diversos políticos, entre ellos el diputado federal priísta Emilio Gamboa y el subsecretario de Seguridad Pública federal Miguel Angel Yunes.
En los próximos días, otro juez del fuero común, con sede en la ciudad de México, que sea designado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, determinará si admite la competencia. Si el juzgador considerara que no es competente, un tribunal colegiado federal tendría la responsabilidad de definir a qué jurisdicción le corresponde resolver el proceso, si a la de Quintana Roo o a la del Distrito Federal.
En entrevista telefónica, el penalista Xavier Olea Peláez, defensor de Lydia Cacho, aseguró que con la decisión del juez primero de lo penal de Cancún, Gilberto Solís, "estamos a un paso de ganarle a Kamel Nacif, porque en el Distrito Federal ya fue derogado el delito de difamación, y el juez del fuero común que admita la competencia tendrá forzosamente que sobreseer (desechar) el juicio contra mi defendida; es sin duda un triunfo nuestro, pero sobre todo de la justicia".
El abogado y también coadyuvante de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo y de la Procuraduría General de la República en las indagatorias contra Succar, acusado de violación, corrupción de menores y pornografía infantil, añadió que "el fallo demuestra que el juez de Cancún no avaló las presiones de todo tipo por parte de Kamel; esto le quita armas de defensa jurídica al empresario".
Asimismo, Olea rechazó que el rey de la mezclilla tenga oportunidad de recurrir la resolución del juez Gilberto Solís, porque "no está previsto en el Código Penal de Quintana Roo que Kamel pueda apelar el fallo en su contra".
Esta no es la primera ocasión que cambia de jurisdicción el juicio por difamación contra la periodista.
En 2005, cuando la juez quinta de lo penal de Puebla, Rosa Celia Pérez González, libró la orden de captura y dictó el auto de formal prisión contra Lydia Cacho, se declaró incompetente para seguir con el juicio y lo turnó a Cancún, donde opera la red de pederastas que encabeza Succar Kuri.
Sin embargo, cuando el abogado Xavier Olea asumió el caso, hace dos meses, basó su estrategia de defensa en la posibilidad de pedir que el proceso se trasladara a la ciudad de México.
El pasado viernes, durante el segundo careo procesal entre la periodista y Kamel Nacif, que se efectuó en Cancún, Olea pidió al juez Gilberto Solís que se declarara incompetente. Ayer, el juzgador dio la razón al argumento del abogado.
Un mes después de la detención de Cacho Ribeiro, en diciembre pasado, La Jornada dio a conocer grabaciones de conversaciones telefónicas donde Kamel Nacif planeaba con el gobernador de Puebla la detención de la periodista.
Esas grabaciones motivaron una contrademanda de parte de Lydia Cacho, quien considera que Nacif cometió en su perjuicio, en combinación con el llamado góber precioso, la procuradora de justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda; la juez del fuero común, Rosa Celia Pérez González, y los agentes judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas los delitos de tráfico de influencias, calumnias y lo que resulte.
Quien también denunció penalmente a Nacif fue su esposa, Irma Benavides Montes de Oca. Lo acusa de haberla golpeado y amenazado de muerte.