Abrumadoras, las pruebas en su contra, sostiene abogado del gobierno venezolano

Washington debe decidir hoy si juzga, extradita o protege a Posada Carriles

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 4 de octubre. ¿Qué hacer con un "terrorista" pro estadunidense, ex empleado de la CIA, amigo de los aliados políticos de la Casa Blanca?

En vísperas del 30 aniversario de uno de los peores actos terroristas en la historia de América Latina, el acusado de ser el autor intelectual de este y otros atentados y los familiares de sus víctimas esperan ver si Washington protegerá a un terrorista dentro de su propio territorio o si cumplirá con las leyes nacionales e internacionales que obligan que extradite o enjuicie a Luis Posada Carriles.

Su larga trayectoria de sabotajes, ataques con bombas, complots para asesinar a líderes, y sobre todo el bombazo del vuelo 455 de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976, que mató a los 73 pasajeros abordo, es bien conocida por todo el mundo. Pero ahora el gobierno de George W. Bush enfrenta una decisión en su llamada "guerra contra el terror" este jueves 5 de octubre en un tribunal en El Paso, Texas, cuando tendrá que optar entre responder a la solicitud de extradición de Venezuela, presentar cargos contra Posada Carriles o permitir su liberación.

El gobierno de Venezuela ha solicitado desde el 15 de junio de 2005 la extradición de Posada Carriles, quien se fugó de ese país en 1985 y donde está acusado de homicidio por la voladura del avión civil, pero Washington ha rehusado responder, hasta la fecha, a la petición.

José Pertierra, abogado que representa al gobierno venezolano en este caso, señaló que "Estados Unidos se ha burlado del tratado de extradición con Venezuela" y explicó que bajo las leyes estadunidenses, la extradición es prioritaria. En entrevista con La Jornada, Pertierra indicó que si Washington rechaza la solicitud de extradición, bajo la ley tienen que enjuiciarlo aquí por el mismo crimen. "Estados Unidos no ha hecho nada, se burla de su propia Constitución", acusó Pertierra.

El gobierno debe responder a una recomendación de un magistrado de liberar a Posada Carriles, ya que hasta la fecha las autoridades estadunidenses no han presentado ni cargos criminales en su contra ni lo han certificado como un "terrorista" o una "amenaza a la comunidad" para mantenerlo detenido.

El caso ya cuenta con un número de ironías trágicas: la recomendación para la liberación de un "terrorista" reconocido fue presentada por un juez el 11 de septiembre; antes, los abogados de Posada Carriles argumentaron -y un juez aceptó- que no podía ser regresado a Venezuela o Cuba, ya que según "expertos" aliados del acusado sería sujeto a "tortura" en esos países, justo lo que el gobierno estadunidense acaba de legalizar para detenidos extranjeros en la llamada guerra contra el "terrorismo"; y un juez está recomendando ahora su liberación en respuesta a la solicitud de habeas corpus presentada por sus abogados, justo lo que acaba de anular el gobierno estadunidense para todo extranjero acusado de "terrorismo".

Pertierra señala que esta es una decisión cínica. "Estamos en un país donde el Congreso acaba de legalizar la tortura y acaba de anular el habeas corpus", afirma el abogado. Sobre lo que ocurrirá con este caso, Pertierra indica que "la ley es muy clara... el hombre ha sido procesado en Venezuela, huye, el cargo contra él es homicidio calificado, el delito de mayor importancia para la extradición".

Hay pruebas abrumadoras, señala, incluyendo los propios documentos de la CIA, de que es el autor intelectual de la voladura del avión, entre otras cosas. Ante esto, para el abogado no hay duda de lo que Washington está obligado a hacer. "Lo que falta es la voluntad política de Estados Unidos para cumplir con la ley", afirmó.

Desde que Posada Carriles fue arrestado el 17 de mayo de 2005 después de ingresar dos meses antes a Estados Unidos, el gobierno estadunidense ha caminado por una cuerda floja al tratar este caso. Por un lado tiene a un ex empleado de la CIA, hombre que sabe mucho de las historias oscuras de Washington, y alguien que cuenta con el poderoso apoyo de la comunidad conservadora cubana en Florida. Por otro, su historia de actos ilícitos y violentos está documentada por las agencias de inteligencia y el Departamento de Justicia, y el hecho de que es prófugo de la justicia en Venezuela desde donde se escapó en 1985, han llevado a que agencias del propio gobierno estadunidense lo califiquen como "un peligro tanto a la comunidad como a la seguridad nacional de Estados Unidos".

Por lo tanto, el gobierno aún no ha determinado qué hacer con esta figura. Durante más de un año ha rehusado a responder a la solicitud de extradición presentada por el gobierno de Venezuela. Sin embargo, tampoco la ha rechazado, ya que eso lo obligaría a enjuiciar a Posada Carriles en Estados Unidos por el mismo crimen de homicidio que está en la solicitud de extradición bajo la llamada Convención de Montreal sobre Aviación Civil de 1973. Durante este periodo el gobierno estadunidense intentó negociar la salida de Posada Carriles a un tercer país (entre ellos México), pero todos han rechazado esta petición.

Durante todo este tiempo después de su detención, el gobierno de Bush ha manejado el caso sólo como uno de "ingreso ilegal", o sea una violación de las leyes migratorias.

En marzo de este año, cuando Posada Carriles estaba por ser liberado bajo fianza, el Servicio de Migración y Aduanas intervino con una orden para mantenerlo encarcelado al señalar su "historia de actividad criminal, asociación con individuos involucrados con actividades criminales y participación en actos violentos que indican una falta de preocupación para la seguridad del público general".

El 11 de septiembre, un magistrado recomendó liberar a Posada Carriles en respuesta a una petición de habeas corpus, ya que el gobierno no ha presentado pruebas ni ha certificado que el detenido es un terrorista. El gobierno de Bush, al parecer, no había decidido cómo proceder y solicitó una extensión para responder al magistrado. Vale señalar que en la solicitud presentada por el Departamento de Justicia, el gobierno hace referencias a que Posada Carriles es "un criminal", un "terrorista extranjero", pero que se necesitaba más tiempo para consultas dentro del gobierno estadunidense sobre el "caso complejo". Se otorgó la extensión hasta el 5 de octubre.

La evidencia contra Posada Carriles es extensa, incluyendo su condena en Panamá cuando fue detenido en noviembre de 2000 con unos 15 kilos de explosivos C-4 en un atentado para asesinar a Fidel Castro, su revelación al New York Times de que fue el autor intelectual de los bombazos en hoteles cubanos que cobraron la vida de un empresario italiano, y sus relaciones con otros actores anticastristas de la comunidad cubanoestadunidense que han promovido acciones violentas contra el gobierno cubano durante décadas.

Además, existe una extensa documentación de las agencias de inteligencia estadunidenses sobre su papel en el atentado terrorista contra el avión cubano en 1976, la cual está a disposición del público al ser divulgadas por la organización de investigaciones independiente National Security Archive (los documentos oficiales de la CIA y otras agencias se pueden ver en: www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/index.htm).

"Vamos a atentar contra un avión cubano", cita la CIA a Posada Carriles en uno de los cables secretos fechado pocos días antes de estallar el avión de Cubana.

Pertierra declaró a La Jornada que el gobierno estadunidense podría buscar una tercera opción, y reveló que hay un testigo federal que afirma que Posada Carriles ingresó por Florida, y no por la frontera de México como él declaró a las autoridades. Eso podría llevar a que el gobierno pudiera procesarlo aquí por perjurio, lo cual es un delito mayor que podría implicar una condena de muchos años de cárcel.

Ahora se espera la decisión del gobierno estadunidense sobre si hay "terroristas" aceptables o no.