Resulta desconcertante, por decir lo menos, la obstinada negativa de la jerarquía católica mexicana de reconocer, a pesar de las denuncias y los casos documentados, la existencia de un problema tan grave entre sus filas como el de los sacerdotes pederastas.

Es lamentable la respuesta dada por el vocero de la Arquidiócesis de México a la demanda de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes, contra el arzobispo Norberto Rivera Carrera por supuesto encubrimiento de un cura pederasta. En lugar de condenar de manera categórica todos los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes, y manifestar solidaridad a las víctimas, el vocero se ha dedicado a descalificar y calumniar a los demandantes.

Los jefes de la Iglesia Católica en México han optado por hacerse pasar por víctimas de supuestos “chantajistas”, como llaman a las víctimas de abusos sexuales, y de una supuesta campaña de calumnias y desprestigios, en vez de hacer frente a un grave problema que afecta a un buen número de clérigos.

El encubrimiento de sacerdotes pederastas al interior de la Iglesia ha sido la constante más que la excepción en todo el mundo. En lugar de la baja inmediata del sacerdocio y de la denuncia, a los curas cogidos en falta se les cambia de diócesis o se les envía a Roma. Y lo que es peor, algunas veces contando incluso con la complicidad o la negligencia de las autoridades judiciales, como ha documentado la prensa.

Nuestro muy incipiente estado de derecho favorece la impunidad de las sotanas. Si bien la Iglesia católica se rige por sus propios códigos y reglamentos, eso no exenta a los ministros de culto de la aplicación de los procesos y leyes civiles cuando cometen un delito.

Es necesario acabar con los encubrimientos y complicidades entre autoridades eclesiales y civiles en los casos de pederastia, y fortalecer el carácter laico del Estado.