Exclusión de planillas opositoras, la constante en el proceso, denuncian

Pide comité observador anular la elección del sindicato petrolero

Reactivarán querella presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Las elecciones en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, deberán ser "anuladas" debido al grave cúmulo de irregularidades que presentaron, ya que fueron absolutamente ilegales, antidemocráticas, ilegítimas, e inequitativas, por lo que se demandará la revocación del proceso.

El comité observador de las elecciones, -integrado por diversas organizaciones civiles y sociales no gubernamentales, de derechos humanos, así como legisladores y sindicatos- el cual presenció el proceso del pasado 4 de octubre, concluyó que se desarrolló en forma totalmente sucia, y se realizó vía fast track, ya que el promedio del tiempo en que se efectuó la votación en las 36 secciones del sindicato petrolero fue de entre 10 y 20 minutos.

En todas las secciones la constante fue la exclusión de las planillas democráticas que se oponen al dirigente Carlos Romero Deschamps, por lo que este comité activará la querella que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el 2004 sobre el fraude cometido en las elecciones del 2003.

Esto es para demostrar que la ilegalidad y antidemocracia es una constante en este sindicato. Además, también se presentará el caso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) la próxima semana, durante un foro que se realizará sobre transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos.

Otra medida que tomará, será pedir el apoyo de legisladores para propiciar por esa vía, mejores condiciones para la elección de dirigentes sindicales, como el voto secreto y directo.

Entre los organismos que fungieron como observadores de las elecciones se encuentran: el Frente Auténtico del Trabajo, la Pastoral Laboral, el Centro Pro de Derechos Humanos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, la Unidad Democrática de Trabajadores y Jubilados, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, el Comité Nacional de Energía, el Programa Universitario de Derechos Humanos y la Federación Estatal de Sindicatos Auténticos de Guanajuato. También participaron diputados como Soledad López y Arnulfo Montes, entre otros.

Este comité señaló que las prácticas observadas no sólo son violatorias de los estatutos sindicales, sino también del convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de la Constitución y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Denunciaron que en las secciones de Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, no se controló el acceso donde se llevaron a cabo las votaciones, no se solicitó identificación alguna y ello permitió la presencia de numerosos trabajadores transitorios, jubilados y gente ajena al sindicato, lo que imposibilitó que los escrutadores supieran quién podía votar y quién no, y votó quién quiso levantar la mano, cuando en realidad sólo lo podían hacer los trabajadores de planta que estaban activos.

Además, no se verificó que hubiera quórum en las asambleas; hubo conatos de violencia en las secciones 22 de Agua Dulce y 26 de Las Choapas por la presencia de grupos de golpeadores que se introdujeron a las asambleas; se registró compra y coacción del voto, ya que hay denuncias de trabajadores de que en varias secciones fueron llamados por los funcionarios sindicales, los cuales les ofrecieron préstamos, fichas y otros beneficios, mientras a otros se les llamó para amedrentarlos y advertirles que si no apoyaban al candidato oficial "se atuvieran a las consecuencias".

La represión que se ejerció fue tan fuerte que inclusive a los trabajadores que apoyaban a las planillas disidentes ni siquiera se les dejó entrar a las asambleas donde se llevaron a cabo las votaciones.