No a la represión
Durante la glosa del sexto Informe de gobierno sobre política interior, el diputado oaxaqueño Othón Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, pidió "en nombre de Dios" al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que no se lleve a cabo la represión en Oaxaca. Sus palabras, que por cierto sonaron inapropiadas en un recinto laico como la Cámara de Diputados, se explican sin embargo por la angustia de la situación, ante las provocaciones y amenazas del uso de la fuerza, y porque el recién estrenado legislador, conocido desde hace muchos años en las organizaciones civiles de su estado como infatigable promotor de los derechos humanos integrales de los pobres, expresó en público compartir honradamente la misma fe religiosa con el funcionario.
Es muy posible que el luchador social, metido ahora en la aventura de la representación política para impulsar también por esa vía el logro de causas nobles, esté en su imaginación experimentando por adelantado, como muchas personas en Oaxaca, la misma sensación que tenía el arzobispo mártir de San Salvador el 23 de marzo de 1980, y se halla casi literalmente inspirado en las palabras que éste entonces pronunció, las cuales, desgraciadamente, sellaron su sentencia de muerte por parte de los agentes represores del Estado.
En efecto, en aquellas circunstancias, a las que venturosamente no hemos llegado en nuestro país, y a las que esperamos nunca llegar, monseñor Oscar Arnulfo Romero se dirigió a los soldados y cuerpos de seguridad con las siguientes palabras, que ya se han vuelto históricas, al final de su homilía del quinto domingo de Cuaresma: "En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!"
Y es que sin duda no hay palabras para describir adecuadamente el estado de ánimo que prevalece en Oaxaca, por la falta de oficio y de voluntad política del actual régimen para solucionar por la vía pacífica, y sobre todo por encima de intereses partidarios, un conflicto cuyas raíces sociales y políticas vienen de muchos años atrás.
Nerviosismo, hartazgo, miedo, cansancio, depresión, desesperación, ira... en fin, un cúmulo de sensaciones que demandan de todos los actores sociales y políticos responsabilidad ética a la altura de las circunstancias, con dos exigencias fundamentales: no volver a la situación anterior y dejar de pensar que la intervención de la fuerza pública solucionaría los rezagos estructurales que se viven en Oaxaca.
Suscribimos por ello plenamente el comunicado de prensa que dieron a conocer el miércoles los participantes en el Encuentro Nacional de Pastoral Social-Cáritas, convocado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia católica, y que se está llevando a cabo en la diócesis de Tlaxcala, con la presencia de 63 diócesis de toda la República: "Si bien es cierto que la problemática social y política viene de muchos años atrás, también es cierto que el actual conflicto se ha agravado enormemente en buena parte por la falta de oficio y de voluntad política por parte del actual régimen.
"Cuando los gobiernos no aciertan a dar respuestas a las justas demandas del pueblo, recurrir a la fuerza es la vía más viable para ellos, justificándola en 'aras de establecer el orden y la seguridad' que, finalmente, redunda en la agudización del ancestral desorden social de marginación y pobreza.
"Por todo ello, exhortamos vivamente a las autoridades para que eviten cualquier signo de provocación y de manifestación de fuerza como lo están siendo los vuelos rasantes, los helicópteros y aviones de la fuerza armada. El mensaje que, con ello, se está dando a la población es de intimidación y con la intención de provocar. Con esto se inhibe la posibilidad del auténtico diálogo y pareciera que se está invitando más que a 'una mesa de negociación' a 'una mesa de rendición'.
"La violencia nunca es justificable, menos cuando los perdedores son los pobres, y mucho menos cuando a ellos mismos se les culpa por el uso de la fuerza pública. Tampoco es aceptable que se recurra a la Federación para el uso de la fuerza y no se le convoque para atender a los graves problemas sociales que mantienen en la postración al pueblo de Oaxaca."
Porque, como escribió el 6 de agosto de 1968 el mismo monseñor Romero, en su carta pastoral sobre la Iglesia y las organizaciones políticas populares, la violencia represiva gubernamental "es una verdadera violencia y es injusta, porque con ella el Estado defiende por encima de todo y con sus poderes institucionales la pervivencia del sistema socioeconómico y político que está vigente, impidiendo toda verdadera posibilidad de que el pueblo, en uso de su derecho primordial de autogobernarse -como sujeto último de la voluntad política-, pueda hallar un nuevo camino institucional hacia la justicia".