Editorial
México, tierras costeras en venta
De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución mexicana, ningún extranjero puede poseer ninguna propiedad mexicana dentro de los 100 kilómetros de la frontera o dentro de los 50 kilómetros de sus costas. Esta ley fue diseñada para defender la soberanía nacional e impedir que la propiedad de la tierra quede en manos ajenas. Sin embargo, para los grandes capitalistas estadunidenses y los funcionarios de este sexenio, es poco menos que letra muerta: en los últimos años, decenas de millonarios de Estados Unidos han adquirido cientos de hectáreas en las costas de Baja California, ante la complacencia de las autoridades. Tal es el caso del empresario Donald J. Trump, quien anuncia planes para construir un condomino de lujo en Punta Bandera, municipio de Playas de Rosarito. Y al parecer, no hay muro alguno, ni siquiera legal, que pueda detenerlos.
El Trump Ocean Resort Baja, que tendrá una inversión inicial de 200 millones de dólares, es sólo uno de los proyectos en vías de construcción en esa zona. De acuerdo con Gabriel Robles, presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Baja California, "en el corredor turístico de Tijuana-Rosarito-Ensenada tenemos unos 2 mil 500 nuevos complejos turísticos como el de Trump".
A decir de The Wall Street Journal, "la fiebre de la compra de terrenos ocurre al inicio de una oleada demográfica. Con más de 70 millones de baby-boomers en condiciones de jubilarse en los próximos 20 años, algunos expertos predicen una vasta migración a climas más templados... y más baratos. Con frecuencia tales compradores adquieren una propiedad 10 o 15 años antes de su jubilación, la usan como casa vacacional y a la larga se mudan ahí la mayor parte del año. Cada vez más, los urbanizadores sacan ventaja de esta tendencia y construyen enclaves, condominios y campos de golf aislados por enormes rejas". Y la península de Baja California es uno de los destinos favoritos de los jubilados estadunidenses. De acuerdo con un estudio de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), "hay más de 57 desarrollos de bienes raíces con más de 11 mil casas en condominio, cuyo valor inventariado es de más de 3 mil millones de dólares a lo largo de la costa noroeste, de Tijuana a Ensenada, todos impulsados por el mercado estadunidense". En el extremo sur de la península, Los Cabos, la historia se repite.
Así, cada vez más estadunidenses optan por las playas bajacalifornianas para vivir su retiro. El Departamento de Estado calcula que en los 10 años pasados el número de estadunidenses que viven en México ascendió de 200 mil a un millón (una cuarta parte de todos los expatriados estadunidenses). Es tal la cantidad de quienes se mudan a la península que, de acuerdo con estudios académicos, su influencia ya es notable en rubros diversos, como las remesas, cuyo incremento de este año, de 9 mil a 14 mil 500 millones en sólo dos años, se explica en parte por este fenómeno. Es decir, los estadunidenses se envían miles de dólares a sí mismos con el propósito de financiar sus hogares y jubilaciones en México.
Esta actividad inmobiliaria sucede sin freno alguno, pese a que debe ser estrictamente vigilada para evitar que se quebranten leyes mexicanas, como el artículo 27. Sin embargo, las autoridades, tanto estatales como federales, no sólo hacen caso omiso de la Constitución, sino apoyan a los compradores extranjeros con todo tipo de facilidades. No extraña la actitud de los gobernantes mexicanos, quienes durante los últimos años han puesto prácticamente en venta la nación. En días pasados, recordemos, el partido en el poder y varios funcionarios foxistas apoyaron las exigencias de la cúpula empresarial de abrir a la inversión privada, sin restricciones, el sector energético. Asimismo, bienes tan preciados como el agua o los bosques son un botín atractivo para inversionistas extranjeros.
Ante este panorama, es urgente detener la venta del país y exigir a las autoridades dejar la actitud entreguista y defender a toda costa los intereses nacionales. En este sentido, es necesario hacer un llamado a las autoridades para que sigan de cerca los movimientos inmobiliarios ocurridos en Baja California para asegurarse de que las tierras permanezcan en manos mexicanas.