Usted está aquí: domingo 8 de octubre de 2006 Economía Inmigrantes ilegales demandan a la cadena Wendy's, por despidos injustificados

El representante de la empresa asegura que son errores que cometieron ''otros''

Inmigrantes ilegales demandan a la cadena Wendy's, por despidos injustificados

Descubren que incumplió plazo para unirse a programa federal que ayudaría a empleados a legalizarse

Existe otra acusación colectiva, hecha en septiembre, por el mismo hecho

AGENCIAS

Ampliar la imagen La situación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos es muy difícil, y lo es más para los que han apoyado las multitudinarias marchas en apoyo a sus derechos Foto: Ap

Houston, 7 de octubre. Trabajadores ilegales que emigraron a Estados Unidos en busca de una fuente de empleo demandaron a la cadena Wendy´s Internacional Inc., a la que acusan de despidos injustificados tras descubrir que había incumplido con un plazo para unirse a un programa federal que tenía como propósito ayudar a los empleados a legalizarse, según publica Primera Hora de Puerto Rico, en su página web. Un tribunal estatal del distrito de esta ciudad recibió la demanda, misma que se suma a otra denuncia colectiva elaborada en septiembre en Dallas contra su filial Cafe Express y el despacho de abogados Boyar & Miller.

La noticia también fue dada a conocer por sitios hispanos como Univisión, que citaron que el despacho legal contratado por Wendy's, Boyar & Millar, no presentó documentación para un programa de legalización que se implementó en 2001, mismo que permitía que los indocumentados solicitaran la ciudadanía con apoyo de sus empleadores o de un cónyuge estadunidense, hecho que dio lugar a que 40 inmigrantes sufrieran despidos, que la cadena argumenta obedecen a reglas legales y por la condición ilegal de los inmigrantes.

El representante de Wendy's, Bob Bertini, explicó que la situación se debió a errores que cometieron "otros" antes de que la cadena adquiriera Café Express y calificó el caso de "extremadamente desafortunado", al tiempo que consideró que no se tenía idea "de que estas solicitudes no fueron presentadas a tiempo sino hasta finales de este verano", al referir que ninguno de los grupos empresariales del ramo tuviera conocimiento de la omisión de los anteriores dueños.

Trabajadores afectados, como el caso del mexicano Daniel Olivares, quien laboró durante nueve años para Café Express, dijo que las noticias fueron devastadoras para mí y para mi familia (ya que) puse toda mi esperanza y mi fe en esta compañía".

Los corren por apoyar las marchas

Hace poco más de seis meses, Estados Unidos empezó a vivir multitudinarias marchas de inmigrantes y organismos que los apoyan en favor de la legalización de indocumentados, pero desde marzo pasado decenas de trabajadores ilegales han perdido sus empleos por el simple hecho de demandar que se les reconozcan derechos y participar en marchas, algunas de las cuales se han registrado ante la Casa Blanca. Inclusive, en Los Angeles se reportó el caso de un joven estudiante de 14 años que se suicidó por haber sido amonestado en la escuela por tomar parte en las manifestaciones, dato que fue negado por las autoridades estudiantiles.

Grupos de derechos civiles han intervenido a fin de lograr que los despedidos sean readmitidos en sus fuentes de trabajo, y algunos lo han logrado. Las organizaciones que apoyan a los inmigrantes aseguran que en todo Estados Unidos, algunos trabajadores y estudiantes han pagado un precio por participar en las multitudinarias protestas a favor de inmigrantes ilegales, que se han realizado a lo largo del país.

Para ese sector que tiene representaciones como la del Centro para un cambio comunitario, que dirige Germonique Jones, que ha organizado marchas en Washington, la reforma migratoria que se discutía en el Congreso es de gran relevancia. Jones ha dicho que no se quiere que las personas pierdan sus trabajos y que es importante que las empresas continúen funcionando.

Dicho centro consigna decenas de casos de despidos de inmigrantes por haber participado en las multitudinarias marchas. Uno de ellos es el de Pedro Ortega, de 30 años, quien fue despedido de una fábrica automotriz al sur de Chicago, junto a nueve compañeros de trabajo, por asistir a una concentración el 10 de marzo, que reunió a más de 100 mil personas, según los organizadores, aunque se asegura que un mes después, Cobra Metal Works los readmitió, tras afirmar en un comunicado que la compañía apoya la reforma legal y el derecho de sus trabajadores a protestar, siempre que lo hagan en su tiempo libre.

En contraste, en Estados Unidos también se ha dado el caso de contados negocios que han cerrado con el fin de apoyar a sus empleados que quieren participar en las marchas, según Jerry González, de la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Georgia.

Trabajadores mexicanos despedidos en otros centros laborales han afirmado que la separación forzosa de su empleo ha sido con el fin de intimidarlos y no por ser vagos o causar problemas. En Detroit, después de las multitudinarias marchas, 21 trabajadores, la mayoría mexicanos, fueron despedidos de una empresa cárnica por haber asistido a manifestarse por los derechos de los inmigrantes. Algunos de ellos lograron ser reinstalados.

Otros trabajadores han ofrecido desempeñarse horas extras o reponer el tiempo en sus días de descanso a fin de poder compensar sus ausencias debido a las marchas que pugnan por una reforma a favor de los inmigrantes ilegales, pero sólo un mínimo de ellos ha logrado que los patrones les concedan licencias.

A raíz de esos hechos, se ha descubierto que la mayoría de los trabajadores ilegales no cuentan con prestaciones laborales de ley, son temporales, no tienen la protección de algún sindicato ni condiciones de seguridad para su integridad física en los centros empresariales que requieren sus servicios.

"Despedir a trabajadores inmigrantes indocumentados cuando salen en defensa de los derechos humanos es una táctica empleada comúnmente en la industria empacadora de carne", afirmó el sindicato UFCW en una declaración en respuesta a los despidos. "Es una forma de mantener una fuerza laboral atemorizada e intimidada". El sindicato condenó el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre por "criminalizar a todo trabajador indocumentado o a toda persona que los ayude".

La lucha de los trabajadores por recuperar sus empleos recibió mucha publicidad en los medios de comunicación. Fue divulgada en periódicos y cadenas de televisión por todo Estados Unidos y a nivel internacional, especialmente después de las movilizaciones de inmigrantes del 9 y 10 de abril, cuando muchos trabajadores despedidos lucharon por recuperar sus trabajos alrededor del país. Hubo reportajes sobre el caso en Univisión, Radio Caracol de Colombia, radioemisoras mexicanas, el New York Times y el Chicago Tribune, entre otros medios.

 
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