Hoy serán sepultados en Huanuni los 16 obreros muertos en los enfrentamientos
Cooperativistas mineros quitan apoyo a Evo Morales; anuncian protestas
En los choques no hubo ganadores ni perdedores; perdió Bolivia, dice el ministro de Minería
Anuncia el presidente que aplicará impuesto a la producción de coca de la región del Chapare
Ampliar la imagen Una mujer busca enseres en viviendas destruidas en Huanuni. A la derecha, Hugo Miranda y Guillermo Dalence asumen sus nuevos cargos Foto: Reuters y Ap
Ampliar la imagen Una mujer busca enseres en viviendas destruidas en Huanuni. A la derecha, Hugo Miranda y Guillermo Dalence asumen sus nuevos cargos Foto: Reuters y Ap
La Paz, 7 de octubre. Este domingo serán sepultados, en el pueblo de Huanuni, los cuerpos de los 16 mineros cooperativistas y asalariados que perecieron el jueves y viernes, víctimas del enfrentamiento armado por la toma del cerro Posokoni en ese centro minero ubicado en el departamento de Oruro, occidente de Bolivia.
Luego de la firma de otro convenio canalizado por los diputados de la circunscripción 36, Heriberto Lázaro y Severino Contreras, del oficial Movimiento al Socialismo (MAS), los familiares y dirigentes sindicales de ambos lados determinaron dar sepultura a sus seres queridos este domingo.
"Mañana (hoy) en la mañana serán sepultados los mineros asalariados y en la tarde serán enterrados los hermanos mineros cooperativistas", informó Lázaro a la Agencia Boliviana de Información.
Tanto la dirigencia sindical de los trabajadores asalariados de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) como de la Federación de Cooperativistas Mineros de Bolivia mostraron intransigencia en horas de la mañana de hoy, pues no querían sepultar a los trabajadores muertos hasta que el gobierno garantizara una indemnización a los familiares de las víctimas.
Prudencio Pacheco, dirigente local de los cooperativistas, había dicho a radio Erbol que en Huanuni los deudos se negaban a enterrar a los muertos hasta que las autoridades se responsabilizaran "de los huérfanos y los heridos".
Oficialmente se reconocen 61 heridos, pero se ha publicado una lista de más de 100.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, contestó a Pacheco que la titular de Justicia, Casimira Rodríguez, se pondrían en contacto con ellos, pero destacó que "si bien el gobierno va a atender urgente a las víctimas, los que han causado los daños tienen que asumir las consecuencias; acá dos sectores se enfrentaron".
Ya habrá tiempo para que la justicia identifique a los responsables, añadió el funcionario. Subrayó que la prioridad del gobierno de Evo Morales es la pacificación, recuperar la paz social, la atención a los heridos, un programa de atención a los huérfanos y viudas y una olla común para miles de trabajadores que perdieron su fuente de trabajo con la destrucción de instalaciones de la minera Huanuni.
Apuntó que se atenderá la reconstrucción de decenas de casas dañadas por las explosiones de dinamita (usada en los enfrentamientos), se rediseñará la economía minera regional de manera conjunta con todos los actores y se refundará la estatal Comibol.
Quintana acotó que en este enfrentamiento "no hay ganadores ni perdedores, aquí hay sólo perdedores, perdieron los mineros, perdió Huanuni, perdió el país", tras los graves sucesos que tuvieron lugar entre el jueves y viernes.
Luego de la tregua del fin de semana para enterrar a los muertos en Huanuni, el lunes está convocada una reunión para iniciar las negociaciones que pongan fin definitiva al conflicto por los yacimientos de estaño del cerro Posokoni -cuyas reservas están calculadas en 948 mil 599 toneladas- entre los 4 mil cooperativistas y más de mil mineros sindicalizados que trabajan en la Comibol.
Mientras unos 700 efectivos de la Policía Nacional mantienen el control de Huanuni, los desconsolados familiares se reunieron en dos salones funerarios. Las calles del poblado fueron bloqueadas para facilitar el tránsito del cortejo.
No obstante, las tiendas comenzaron a operar de nuevo y banderas blancas ondeaban en las casas de los mineros, algunas de las cuales mostraban huellas de destrucción, ya que en los enfrentamientos hubo ataques con dinamita.
Morales, en gira por el pueblo cocalero de Shinahota, departamento de Cochabamba, reconoció que los peores momentos de su gobierno son los de esta semana por los choques entre los mineros, y admitió que lloró por lo muertos.
Indicó que en el fondo los cooperativistas pretendían adueñarse de toda la mina, que actualmente explotan en forma conjunta con la Comibol. Sin embargo, dijo, la tarea de su gobierno es defender al Estado mediante la refundación de la paraestatal minera.
El mandatario se vio obligado a destituir anoche al ministro de Minería, Walter Villarroel, quien antes de su designación en el cargo fue líder de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. Pero ese gremio le pasó la factura al mandatario al retirarle el apoyo de sus 60 mil cooperativistas.
Se rompe alianza
El presidente de la federación que agrupa a los cooperativistas mineros, Pascual Guarachi, aseveró que "Evo, con su actitud, rompió la alianza con los cooperativistas, nos hizo ver como si fuéramos los culpables", y anunció que analizarán la situación en un ampliado nacional el próximo martes.
Agregó que el nuevo ministro de Minería, José Guillermo Dalence, ex líder de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y el nuevo presidente de la Comibol, Hugo Miranda Rendón, quien hasta el viernes representaba a los mineros en el directorio de la Comibol, no cambiarán la situación de la minería en el país.
Por su parte el líder de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, afirmó que se iniciará un juicio de responsabilidades en contra del gobierno de Morales por no haber actuado para prevenir el conflicto, del cual ya se le había advertido, e informó que el próximo martes se realizará una marcha de todos los sectores sindicalizados del país.
Evo Morales, quien la víspera insistió en que estos hechos formarían parte de una conspiración contra su gobierno por su política nacionalista, en los últimos ocho meses ha perdido gran parte de su popularidad al pasar de 81 por ciento con que juró en enero pasado a 51 a finales de septiembre último, según sondeos privados.
En su discurso del viernes en la noche no sólo denunció que persiste la oposición de algunos sectores y partidos a la nacionalización de los hidrocarburos, sino que también "en algunas reuniones dijeron que de buenas o de malas tiene que fracasar la Asamblea Constituyente", que Morales considera clave para la "refundación" del país.
En medio del recelo de estadunidenses y europeos y por su política energética y en materia de combate al narcotráfico, este día Morales anunció que aplicará un impuesto a la producción de coca del Chapare, una zona donde Washington demanda la destrucción de plantaciones que supuestamente abastecen fábricas de droga.
Con todo, el gobernante boliviano criticó a Estados Unidos por intentar acabar con la hoja de coca o al menos condicionar su ayuda comercial al país con la extensión de un tratado de preferencias arancelarias a cambio de la erradicación de la producción cocalera de los campesinos de su país.