Se mueve en dos vías sin comprometer la salida de Ruiz
Concesiones a unos y promesas a otros, la táctica del secretario
El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, negocia por dos vías la eventual salida al conflicto de Oaxaca. Por un lado concede a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) la mayoría de sus demandas, pero mantiene en la ''mesa de concordia'' -integrada mayoritariamente por empresarios y la estructura priísta de aquella entidad- la oferta de recuperar la ciudad y ''eliminar cualquier forma de obstrucción''. En ninguno de los casos compromete la salida del gobernador Ulises Ruiz.
Una vez más, la desaparición de los poderes del estado la deja a la resolución del Senado de la República. En cuanto al regreso a clases -aún sin definir por la APPO- se fijan garantías a los derechos laborales de los trabajadores de la educación y el compromiso de reponer el tiempo perdido. También, ''romper la dependencia de la sección magisterial estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación'', que encabeza Elba Esther Gordillo Morales.
Tras el cónclave que sostuvieron 110 oaxaqueños la semana pasada en la Secretaría de Gobernación (SG), se amplió la propuesta del gobierno federal para la firma de un pacto por Oaxaca que tendría, como testigos de honor, a los presidentes Vicente Fox y al electo, Felipe Calderón. El nuevo documento -entregado ayer a Abascal por una comisión redactora- impone ''reglas estrictas'' para la expresión pública, así como límites y condiciones a la intervención policiaca, ante casos de protestas populares.
Siempre no...
Aunque el lunes pasado Abascal Carranza ofreció a la comisión negociadora de la APPO -integrada por 14 miembros de organizaciones sociales e igual número de la sección 22 del magisterio- el retiro de unas 300 órdenes de aprehensión y la liberación de presos derivados de la jornada de lucha, en el texto se plantea la ''integración de averiguaciones previas en los casos que corresponda para deslindar la responsabilidad por actos realizados en contra de las personas y de su patrimonio''.
Con base en un ''pacto juarista de corresponsabilidad'', se propone instaurar una ''democracia participativa'' para garantizar el equilibrio de poder a fin de que el Ejecutivo estatal quede acotado por el Legislativo y el Judicial, y otorgar mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
Respecto de las auditorías que ya se practican a la gestión de Ulises Ruiz, la propuesta de la ''mesa de concordia'' -a cuya inauguración asistió el mandatario priísta- incluye la creación de la Auditoría Superior del Estado, con rango independiente. El titular de la SG se negó a precisar, en entrevista, si estas investigaciones irían más allá de la administración del ex gobernador José Murat. Lacónico, asentó: ''Las auditorías son las que resulten legales''.
El documento plantea reformar la ley de obra pública para controlar las licitaciones, además de las obras públicas asignadas ''durante los últimos diez años''. Ulises Ruiz, en una visita a Bucareli, sostuvo que no le molestan las inspecciones administrativas federales. ''Es una función que no tiene por qué generar preocupación, al contrario, yo creo que genera tranquilidad el que se esté revisando permanentemente el gobierno del estado.''
Como parte de las medidas de distensión se conserva, camino a la firma del pacto por Oaxaca, el ofrecimiento federal para el ''relevo de puestos de dirección en las áreas de gobierno y seguridad pública de la administración local''. En un apartado se establece que los puestos gubernamentales requeridos se deben ''cubrir con un perfil específico, porque de lo contrario no habrá estabilidad''.
A Ulises Ruiz se le preguntó si removería a su secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz, como exigió la APPO, y respondió: ''Es una de mis atribuciones nombrar al gabinete y a los funcionarios de gobierno; en el momento en que yo juzgue oportuno hacerlo, lo voy a hacer''. También descartó que el posible relevo de sus principales colaboradores en las áreas de gobierno, seguridad y procuración de justicia le resten autoridad o margen de acción.
''No hay tal; hay, repito, la disposición de abonar en todo lo que sea necesario para construir los acuerdos con el magisterio y con las organizaciones de Oaxaca. Y vamos a hacerlo'', puntualizó, pese a que Abascal Carranza se comprometió con la comisión negociadora de la Asamblea Popular a promover cambios en la estructura estatal.
Capacitación y retabulación a maestros
En cuanto a política educativa, se asumen criterios para la capacitación permanente de los profesores y su retabulación. También, un esquema de evaluación con participación ciudadana para conocer la magnitud del efecto de la suspensión de clases. ''Revisión integral de la ley de educación y reinstauración de la Secretaría de Educación Pública en el gabinete central del gobierno del estado'', entre otros.
Forman parte de las medidas de distensión la entrega de oficinas públicas y de las instalaciones de los diferentes medios de comunicación; libre tránsito en la ciudad de Oaxaca y en las carreteras de la entidad, ''eliminando cualquier forma de obstrucción''; entrega de vehículos, autobuses y demás bienes y servicios de propiedad privada retenidos, así como la devolución del centro histórico oaxaqueño.
En abono a las peticiones del mandatario estatal, la Federación fija el compromiso de otorgar, por la vía del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, recursos suficientes para atender las demandas que permitan cumplir con cada una de las obligaciones estipuladas en el pacto por la gobernabilidad, incluidas las áreas de infraestructura productiva, agropecuaria, educativa y de servicios turísticos.
La Secretaría de Gobernación presentó el 4 de octubre pasado un primer proyecto del pacto, que constaba de 35 cuartillas. En esta ocasión se amplió el documento a 45 hojas, a partir de una comisión redactora integrada por Manuel García Corpus, secretario general del Consejo Estatal Campesino Emiliano Zapata; Luis Martínez Fernández del Campo, asesor del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz; Bricio Arturo Espinosa Valencia, de la Asociación de Profesionistas al Servicio del Pueblo; Antonio Fourzán Aziz, del Movimiento Ciudadano por Oaxaca, y Carlos Ramírez, periodista.
Fuentes consultadas señalaron que básicamente operaron los cambios Eduardo Castellanos, funcionario de Gobernación, y Ramírez. El enviado del gobernador, en tanto, aportó elementos para la reforma del estado, en especial lo relativo a transparencia, participación ciudadana y la incorporación de temas respecto a los pueblos indígenas. Asimismo propuso crear la figura del procurador de la defensa del indígena.
La nueva propuesta para el pacto incluye la creación de un ''órgano colegiado de seguimiento y evaluación'', para asegurar que en el corto plazo los compromisos se transformen en iniciativas y acciones inmediatas. Se pretende que el acuerdo entre en vigor a partir de su firma, de ahí que se invita a Vicente Fox y a Felipe Calderón como testigos de honor.
No se tocó ni una coma de apartados, respecto al documento original elaborado por el equipo de Abascal, en temas como desarrollo de la administración pública, plan para la protección de los derechos humanos, ni los lineamientos para la revisión del marco jurídico en esta materia.