Ella, junto con 20 personas más detenidas en Atenco, paga el precio de la rebeldía

Víctima de aberraciones jurídicas, una mazahua lleva presa más de cinco meses

BLANCHE PETRICH

Magdalena García Durán, indígena mazahua y dirigente popular, lleva más de cinco meses en prisión, junto con los otros 20 detenidos en San Salvador Atenco a principios de mayo, porque el juez segundo de lo penal, Jaime Maldonado Salazar, revocó un amparo en su favor alegando que, por su condición de mujer "sin bienes de fortuna, sin estudios y sin utilidad semanal" -es decir, pobre y analfabeta-, "se desprende" que es "simpatizante" del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, "cuya finalidad es la de trastocar el orden social".

A partir de esta deducción, el magistrado revirtió un amparo que la hubiera dejado en libertad, emitió una nueva orden de aprehensión el 31 de agosto y mantuvo la acusación de que Magdalena "secuestró" a seis policías del estado de México el 3 de mayo, fecha en la que ella, según pruebas documentales que constan en el expediente, permaneció trabajando en el Distrito Federal.

Sin embargo, los seis elementos de la Policía Judicial mexiquense que presuntamente fueron retenidos desde el 3 de mayo hasta la madrugada del día siguiente en el centro de Atenco por miembros del FPDT no han sido citados por el juez Maldonado, tal como lo demanda la defensa de la acusada, encabezada por la abogada Bárbara Zamora.

La defensora explica que en el expediente de los presos de Atenco no aparece ninguna declaración de las supuestas víctimas. Los seis policías retenidos durante los hechos violentos de mayo -Oscar Prado, Horacio Aguirre, Adrián Alemán, David Guzmán Sosa, Carlos Alberto Hernández y Felipe Cruz- ni siquiera han presentado denuncias en contra de los procesados. En ningún momento han sido presentados a los defensores de los detenidos.

Las reiteradas solicitudes de Zamora al juez Maldonado para que cite a comparecer a los presuntamente secuestrados no han sido atendidas. Por el contrario, insiste en llamar a cuentagotas a más de cien policías mexiquenses, muchos de los cuales no tuvieron injerencia en los arrestos, las golpizas, las torturas, las violaciones y el traslado ilegal de los más de 200 arrestados durante el operativo de ocupación en Atenco.

Pero aun estos citatorios de testigos contra los detenidos se realizan con lo que la abogada califica como "injustificado tortuguismo" del juez Maldonado, ya que en cada una de las audiencias son citados solamente de tres a cinco declarantes. En ocasiones sólo asiste un policía y sus declaraciones nada aportan al proceso, ya que suelen afirmar que "no saben nada", lo que ha alargado innecesariamente la causa.

El amparo que favorecía a Magdalena García, que de cumplirse la hubiera dejado en libertad, fue emitido por el juez primero de distrito Willy Earl Vega Ramírez. Este negó la competencia del juez Maldonado en el caso de los presos de Atenco, ya que no corresponde a su jurisdicción; sostuvo además que las "pruebas" presentadas contra los detenidos -el hecho de ser atenquenses, de portar palos y machetes y haber sido detenidos en el lugar del enfrentamiento- son "circunstancias" que rodean a los acusados, pero no son razones suficientes para incriminarlos en los hechos que sustentan la acusación: secuestro equiparado y daños a las vías de comunicación.

Maldonado no acató la resolución que le niega jurisdicción en el caso y, en respuesta, ratificó la acusación contra la líder indígena con el siguiente argumento:

La acusada "es originaria de Antonio Pueblo en San Felipe del Progreso y vecina de Chimalhuacán, 48 años, casada, creyente, sin apodo, sin señas particulares, sin estudios, comerciante, sin bienes de fortuna, sin utilidad semanal, no afecta al tabaco comercial, a las bebidas alcohólicas y las drogas, y sin anteriores ingresos a prisión. De lo anterior se desprende, de acuerdo con el caudal probatorio que emerge de las circunstancias procesales en estudio, es dable afirmar (sic) que la precitada quejosa forma parte o es simpatizante del grupo llamado FPDT, agrupación cuya finalidad es la de trastocar el orden social cuando sus peticiones no se ven favorecidas".

Este párrafo, afirma la abogada Zamora, constituye "apenas una de las muchas aberraciones jurídicas" que caracterizan al proceso contra los presos de Atenco.

Magdalena García, madre de cinco niñas, no recibió asistencia de un traductor mazahua-español durante sus audiencias, contra lo que marca la ley y de lo que presume la propaganda oficial. Es acusada "en paquete", junto con otros detenidos, de "secuestro equiparado", aunque en ningún caso los policías interrogados hayan señalado de manera individual a ninguno de los presos. En el expediente no figuran las denuncias de los presuntos secuestrados y además se describen dos circunstancias contradictorias de los hechos. En algunas declaraciones policías judiciales afirman haber visto a los retenidos encerrados en un balneario de las cercanías. Ahí, según estas declaraciones, habrían "visto" a Magdalena García custodiando a los secuestrados. Pero otras versiones afirman que los policías fueron retenidos en el auditorio del pueblo de Atenco. Estos agentes fueron entregados a las autoridades durante la madrugada del 4 de mayo.

Magdalena fue detenida ese día junto con otros dos mazahuas, Juan Ventura y Alberto Sánchez, cuando llegaban a Atenco en una camioneta con mercancía para vender. La defensa presentó pruebas sobre la imposibilidad material de que la mazahua hubiera estado en Atenco el 3 de mayo, entre otros el oficio suscrito por el subdirector de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal, Juan Manuel Hernández, que hace constar que la detenida, como integrante del consejo delegacional de consulta y participación indígena, participó el 3 de mayo, día del presunto secuestro, en un recorrido por plazas públicas para difundir un concurso artesanal organizado por el gobierno capitalino. Este recorrido y la presencia de Magdalena en el mismo duró de 10 de la mañana a seis de la tarde.

Como documento oficial, esta carta debería ser acatada por el juez como prueba "inobjetable y de valor pleno". Sin embargo, ha sido ignorada.

"Obviamente, el juez Maldonado actúa en este caso por consigna. La única explicación de la saña con la que Magdalena ha sido tratada es política. Ella es una líder destacada en su grupo social y fue oradora, en el Zócalo, durante la manifestación de la otra campaña que encabezó el subcomandante Marcos el primero de mayo", opina Bárbara Zamora.

Entre las pruebas documentales presentadas por la defensa en favor de la acusada figura un grueso expediente de cartas de apoyo y aval de la honorabilidad de la líder indígena de organizaciones como Cáritas, Pastoral Indígena, la coordinación del Grupo de Mujeres Otomíes, el Grupo de la Mansión Mazahua y la Basílica de Guadalupe. Inclusive una carta de reconocimiento firmada por el presidente Vicente Fox, fechada el 3 de mayo de 2003 -tres años antes de su detención-, en la cual se le agradecen sus aportaciones para la creación del Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indios.