Proponen regular las precampañas y fiscalizar los recursos que se emplean en éstas
Aspirantes al TEPJF plantean necesidad de que haya segunda vuelta en comicios
En la pasarela de los aspirantes a integrar la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se hizo patente la necesidad de reformar la legislación en la materia como paso para mejorar la impartición de justicia; se propuso instaurar la segunda vuelta en los comicios presidenciales, la regulación de precampañas y la fiscalización de los recursos que se utilicen en éstas, así como la reducción de los periodos proselitistas y la redistribución de atribuciones entre las salas superior y regionales.
En sesión pública que se dividió en dos partes: el pleno escuchó durante diez minutos a cada uno de los 32 aspirantes. Para evitar suspicacias, en un afán de demostrar la transparencia del proceso, los ministros acordaron que sortearán los nombres de los integrantes de las ternas.
Una vez que sean definidos los 18 finalistas -lo que ocurrirá en sesión pública el próximo 16 de septiembre-, se sortearán sus nombres. Esto tiene el propósito, comentó el presidente de la Corte, Mariano Azuela, de que no digan que los ministros pretenden influir en los senadores en la selección de los magistrados.
Ayer los aspirantes coincidieron, en términos generales, en la necesidad de fortalecer el sistema electoral y ejercer mayor control sobre la relación que guardan los partidos políticos con sus militantes, sobre todo cuando estos últimos exigen el respeto a sus derechos.
Sin embargo, hubo intervenciones que destacaron más que otras. El primero que marcó diferencia fue Manuel González Oropeza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien señaló que el marco legal actual no atiende la complejidad de la realidad y, por tanto, el derecho electoral también debe evolucionar de acuerdo con las condiciones políticas del país.
El consejero de la Judicatura Federal Constancio Carrasco Daza se refirió a la necesidad de que se regule la controvertida causal de "nulidad abstracta", para acotar la discrecionalidad en su aplicación. Destacó también la importancia de que sea suprimido el escrito de protesta en las demandas de anulación de casillas, porque existe la percepción, indicó, de que este requisito constituye un obstáculo para las impugnaciones.
Por su parte, el también consejero Adolfo O. Aragón Mendía habló sobre la importancia de que exista una renovación escalonada de los miembros de la sala superior -y que no se repita el hecho de que seis de sus siete integrantes terminan su periodo en la misma fecha-.
Otro aspirante que dejó constancia del conocimiento del tema fue María Macarita Elizondo Gasperín, magistrada electoral de la sala regional de Toluca, quien abordó aspectos de técnica procesal y habló sobre la importancia de redistribuir las cargas de trabajo entre las salas superior y regionales, además de que se pronunció porque la primera de ellas sea la que resuelva cuestiones de constitucionalidad.
María del Carmen Alanís Figueroa, quien en su momento fue impugnada como secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral, planteó la necesidad de una mayor regulación de la vida interna de los partidos, del sistema de nulidad y los mecanismo de calificación.
El magistrado Héctor Mercado López comentó que criterios establecidos por la sala superior, como la nulidad abstracta, podrían ser revisados en el futuro.
Por su parte, Flavio Galván, secretario de acuerdos del TEPJF, abordó aspectos procesales y de organización que no fueron tocados por otros aspirantes, lo que subió sus bonos entre los ministros. Cabe recordar que fue de los que obtuvo más votos en la etapa previa de selección; caso opuesto fue el del secretario general de acuerdos de la Corte, José Javier Aguilar Domínguez, cuya comparecencia fue poco convincente.
Finalmente, Alfonso Oñate Laborde, ex consejero de la Judicatura Federal, señaló que el tribunal debe cumplir una función "pedagógica" y de persuasión para que sus sentencias no sólo cuenten con un sólido respaldo jurídico, sino que sean entendidas y valoradas correctamente por la sociedad en general.
En este contexto, hubo quienes plantearon que el tribunal no se limite a hacer públicos sus criterios y resoluciones, sino que los difunda de manera accesible para que la sociedad conozca mejor la actuación y efecto de las sentencias.