Partidos políticos, exentos de rendición de cuentas
Aprueban una limitada ley de transparencia para Chiapas
Tuxtla Gutierrez, Chis., 11 de octubre. Diputados locales aprobaron la iniciativa de Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, en medio de cuestionamientos de diversas organizaciones y sectores de la sociedad, derivados principalmente de que los integrantes del organismo garante de su cumplimiento serán nombrados por el Ejecutivo estatal y ratificados por el Congreso del estado.
Con 24 votos a favor y cuatro en contra, fue aprobada la iniciativa enviada por el gobernador Pablo Salazar, que si bien entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial (esta semana) será el primero de septiembre de 2007 cuando los chiapanecos puedan empezar a usarla.
Un día antes de que los legisladores aprobaran la iniciativa, organizaciones sociales, campesinas, agrupaciones políticas, de abogados y periodistas cuestionaron la propuesta, debido a que deja fuera a algunos sujetos obligados a rendir cuentas a la sociedad, como los partidos políticos, que reciben recursos públicos.
Los activistas argumentaron que la iniciativa tiene algunos obstáculos que intimidarán al solicitante de información; por ejemplo, se solicitará identificación oficial y firma o la huella digital, lo que en la ley federal no es necesario. No se prevé un sistema de solicitud electrónica.
La iniciativa no prevé el recurso de revisión, como la ley federal, para que el ciudadano pueda quejarse ante el instituto por la negativa de alguna oficina que esté obligada a dar información, sino un ''recurso de reconsideración'' que no tiene el mismo peso jurídico.
La iniciativa tampoco incluye sanciones para el servidor público que incumpla la ley, sino que remite a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos de Chiapas para determinar la sanción.
Sólo cuatro diputados se negaron a aprobar la iniciativa: los panistas Enoch Araujo, Carlos Raymundo Toledo y Aída Ruiz Melchor, así como el priísta Roberto Ortiz. El primero pidió que no se aprobara por contener una serie de ''deficiencias'' que limitan el acceso real de los ciudadanos a la información pública.
La ley estipula un plazo de 30 días para que se nombren los consejeros del ''Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal'' (sic), a los cuales deberá nombrar el gobernador Pablo Salazar y ratificar el Congreso local.
En la sesión se aprobaron otras seis leyes, entre ellas la que crea el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en Chiapas, que debió haberse aprobado antes del 12 de septiembre.
Este ordenamiento, se dijo, busca regular de manera integral el sistema de justicia para los adolescentes, determinar la función del Estado en la prevención de conductas ilícitas de los adolescentes, la procuración e impartición de justicia para este grupo, así como la ejecución, seguimiento y supervisión de las medidas de orientación, protección, tratamiento e internamiento de aquellos que cometan delitos.
Mientras, los comités municipales del PRI en los Altos de Chiapas pidieron a los diputados locales de ese partido no aprobar la reforma electoral que pretende extender a cuatro años el periodo de los 40 legisladores y 118 alcaldes para homologar las elecciones locales con las federales de 2012, ya que ''estarían vulnerando el principio de no reelección''.