Especialistas le proponen "buscar fuentes alternativas de finaciamiento"
Cobrar en universidades públicas, recomiendan consejeros a Calderón
El Consejo de Especialistas para la Educación, entre cuyos integrantes están, entre otros, los ex titulares de la Secretaría de Educación Pública Miguel Limón Rojas y Fernando Solana Morales, recomendó establecer cuotas en las universidades públicas. Entre más de cien sugerencias que serán entregadas al gobierno de Felipe Calderón, aconsejó "buscar fuentes alternativas de financiamiento basadas en la complementación de la inversión pública y privada" en este sector.
Los 17 miembros del consejo hicieron un reconocimiento implícito de la corrupción que priva en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al recomendar que se identifiquen "las múltiples formas de contratación irregular existentes", además de reducir "el número de comisiones de maestros que desempeñan tareas ajenas al nombramiento que tienen", y limitar "a un término máximo de un año las licencias para asuntos personales sin goce de sueldo que, con intervención del SNTE, en los hechos se confieren por tiempo indefinido".
En el documento Los retos de México en el futuro de la educación, presentado por dicho consejo, se advierte que en este sexenio hubo "una disminución en el subsidio asignado por alumno" a las instituciones de educación superior. Y, por otro lado, reconocen el rezago educativo que limita el "desarrollo, la productividad y el empleo", así como el rezago en calidad y equidad, además del de la infraestructura escolar.
Integrado por funcionarios de la propia SEP, como Sylvia Schmelkes, el embajador permanente de México ante la UNESCO, Pablo Latapí, y el director general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Felipe Martínez Rizo, dicho consejo recomendó -aunque se negó a opinar si para hacer un verdadero cambio en la educación es necesario erradicar un poder como el de Elba Esther Gordillo al frente del SNTE- que la educación se constituya en una gran prioridad a la que se subordinen "todos los intereses o apetitos personales".
En la presentación del estudio, algunos consejeros reconocieron que no recogen con énfasis el carácter "imperioso" de medidas como las de otorgar mayor claridad a las reglas y la asignación de recursos, cambiar la organización sindical, así como el gobierno del sistema educativo, además de avanzar en la federalización y la transformación referente a los maestros.
En el capítulo sobre recomendaciones en materia de financiamiento, el consejo afirma que las aportaciones -cuotas- que podrían hacer los estudiantes de universidades públicas, cuyas familias disponen de recursos para hacerlo, son una "posibilidad" que no se ha aprovechado debidamente.
"El ordenamiento del artículo tercero constitucional en el sentido de que la educación que imparta el Estado será gratuita, ha sido interpretado como impedimento para que las instituciones de educación superior trasladen a sus estudiantes el costo de la educación que les imparten", apunta.
A pesar de que en 1999 el intento del gobierno de imponer cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México provocó la huelga más larga en la historia de esa institución, cuando Limón Rojas era titular de la SEP, en el documento se enfatiza que, "con todo, algunas universidades públicas recuperan por esta vía (el cobro de cuotas) hasta el 25 por ciento de ese costo, lo que indica que la discusión de este tema no ha terminado".
En este rubro recomienda revisar si es conveniente continuar con la política de que los programas compensatorios sean financiados mediante préstamos otorgados por organismos internacionales.
Por otra parte, aconseja que el modelo de derrame paulatino de beneficios quede atrás, al igual que la búsqueda de una compensación de las desigualdades "basada únicamente en programas necesarios, pero de reducida eficacia, por su carácter tardío y marginal".
Acerca de la calidad -término que ha sido uno de los ejes más publicitados por el gobierno foxista- sugiere, entre otras cosas, revisar las políticas en curso y reconoce -en referencia implícita a la reforma de educación secundaria- que un "buen currículo es necesario, pero no suficiente", y "no puede ser fruto de negociaciones políticas o decisiones apresuradas".
Recomienda una amplia reforma en secundaria que "persista en la iniciativa ya emprendida, corrija las fallas que pueda tener el plan de estudios vigente hasta 2006 y otras deficiencias estructurales, organizativas y de operación".
A la presentación acudieron, entre otros, Miguel Limón Rojas, Alfonso Rangel Guerra, Felipe Martínez Rizo y Leonel Zúñiga, en representación de Reyes Tamez Guerra.