Punta Colonet y el cártel del Pacífico
Baja California es de nuevo centro de atención de los intereses de los consorcios internacionales y sus codiciosos patiños que buscan aprovecharse de su ubicación estratégica. El único interés de quienes hablan de proyectos trasnacionales en nuestro territorio es la ganancia sobre la base de utilizar a Baja California como trampolín para abastecer de energéticos y mercancías al mercado estadunidense.
Long Beach y San Pedro manejan en Los Angeles 40 por ciento de toda la carga que llega a Estados Unidos y 80 por ciento de las importaciones de Asia; en 2005 procesaron la carga de más de 7.2 millones de contenedores (TEU) con valor de 260 mil millones de dólares, más que cualquier otro puerto estadunidense y el quinto en volumen a escala mundial. La congestión de la carga es el principal problema de ambos puertos. El año pasado manejaron 14.2 millones de TEU.
El 23 de julio de 2003 Ernesto Ruffo Appel, argumentando motivos de salud, renunció a la coordinación de Asuntos Migratorios de la Frontera Norte de la Presidencia de la República, por la que pasó sin pena ni gloria. Los temas fronterizos, migratorios y los derechos humanos nunca estuvieron en su agenda. Sin embargo, durante su estancia en la dependencia, obtuvo información que le permitió establecer relaciones claves para desarrollar un proyecto en Punta Colonet del cual hoy es uno de sus principales promotores.
César Patricio Reyes Roel, un oscuro y ambicioso ex diputado federal del PAN, asumió el 1º de abril de 2003 el cargo de coordinador general de Puertos y Marina Mercante, y hoy es uno de los principales aliados en la estrategia de los nuevos patrones de Ruffo Appel y sus socios panistas, es decir, el consorcio Hutchison Port Holdings, cuyo dueño es el magnate multimillonario asiático Li Ka Shing, quien tiene a Jorge Magno Lecona como representante y director general en México,
Hutchison Port Holdings es parte del grupo Hutchison Whampoa, Limited, cuya facturación anual en 2004 superó los 24 mil millones de dólares. Tiene bajo su control las concesiones de los puertos San Cristóbal y Balboa del Canal de Panamá, desde que los estadunidenses lo entregaron; también opera el de las Bahamas y el de Buenos Aires. En México maneja los cuatro puertos más importantes: Veracruz, Manzanillo, Ensenada y Lázaro Cárdenas. En la licitación de este último se produjo una acción que dibuja la vileza y la corrupción empresarial, trasnacional y gubernamental.
El concurso para operar la Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas lo perdió Hutchison Port Holdings y lo ganó la Controladora y Operadora de Terminales (COTSA), de Francisco López Barredo y Arturo López Riestra, a quienes en una clara maniobra pactada desde antes del concurso. Hutchison Port Holdings, al mes de haberse adjudicado la concesión, le compró 51 por ciento de las acciones, lo cual motivo que otra compañía concursante demandara la nulidad.
El 24 de octubre de ese año, la séptima sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa -según el expediente 18281/03-07-4 del juicio de nulidad promovido por Stevedoring Services of America (SSA), a través de TMM (Transportación Marítima Mexicana)- concedió la suspensión definitiva de la ejecución del fallo decretado el 4 de abril de 2003, mediante el cual se declaró ganador del concurso a COTSA e impide que se asigne el contrato parcial de derechos a Hutchison Port Holdings para operar la terminal especializada de contenedores.
Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lugar de acatar el fallo de los tribunales, violando el fallo, permitieron operar a Hutchison Port Holdings y han respondido cancelando las operaciones portuarias de la empresa demandante SSA en el puerto de Cozumel. Por mucho menos que eso, el gobierno federal pretendió desaforar a López Obrador.
Un borrador confidencial, elaborado por los servicios de inteligencia canadiense, indica que empresas del dueño de Hutchison Port Holdings han estado involucradas en grandes donaciones para campañas electorales, como en Inglaterra, donde donaron 1.5 millones de libras esterlinas al Partido Conservador, y en Canadá, donde entre 1991 y 1994 la empresa Hushy Oil donó 100 mil dólares a los Partidos Liberal y Conservador.
El 29 de marzo del presente año, en un viaje por Asia, el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, declaró: "hemos firmado un acuerdo para un estudio de viabilidad del proyecto de Punta Colonet con los directivos portuarios de Hutchison Port Holdings". Lo cierto es que el costoso estudio de factibilidad e ingeniería de Punta Colonet lo ha venido realizando el Consorcio Mundial de Construcción y Servicios CH2M HILL Managed Services, con cargo a la cartera de Hutchison Port Holdings, lo cual ha levantado protestas de operadores portuarios europeos y estadunidenses por preasignar un proyecto que debe ser abierto y transparente.
Aquí caben algunas preguntas: ¿por qué Hutchison Port Holdings realiza el proyecto ejecutivo de Punta Colonet? ¿En qué norma se fundan el gobierno de Baja California y la SCT para autorizar dicho trabajo? ¿Tendrá repercusiones en el desarrollo de la licitación pública? Estas y muchas otras preguntas deberán contestar las autoridades involucradas en el enjuague portuario de Punta Colonet.
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