Legisladores ante testimonios de ingobernabilidad

Acataré la decisión del Senado, anticipa Ulises

ENRIQUE MENDEZ Y OCTAVIO VELEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 13 de octubre. Mientras la subcomisión de senadores concluyó esta madrugada su visita a la ciudad con un recorrido por las barricadas en la estación de radio La Ley, el gobernador Ulises Ruiz dijo hoy que acatará el fallo de la Cámara de Senadores, "porque ese fue el compromiso que asumimos todos, tanto el magisterio como la dirigencia de la APPO", pero acotó que después del martes tendrá que construirse un "acuerdo para la reactivación económica del estado".

No obstante, acusó que detrás de la politización del conflicto está "la mano" del PRD, al que cuestionó por instruir a sus diputados locales a ya no asistir a los trabajos de la legislatura estatal.

Y es que al mediodía, tras regresar de la ciudad de México, donde sostuvo un encuentro con la cúpula del PRD, la diputación local de ese partido modificó radicalmente su postura y exigió al Senado la desaparición de poderes como única vía para solucionar pacíficamente el conflicto político social en la entidad. "Ponemos nuestras curules en la mesa por el bien de Oaxaca", afirmó el coordinador perredista, Rey Morales Sánchez.

Ruiz Ortiz emitió sus declaraciones tras una comida que le organizó el alcalde de Oaxaca, Jesús Angel Díaz Ortega, en la finca del edil en las afueras de la ciudad, Los Tabachines, donde un grupo de empresarios acordó organizar una "megamarcha" a la ciudad de México en respaldo al gobernador y que pretende llevar 25 mil oaxaqueños a la capital del país.

Asimismo, en un recorrido de Ruiz Ortiz por Santa María Chilchotla, en la región de la Cañada, priístas agredieron a maestros y padres de familia cuando éstos custodiaban tres barricadas en la carretera para evitar el arribo del gobernador. Los militantes del PRI, encabezados por el delegado de Servicios Regionales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y José Martínez Gregorio, ex alcalde de ese municipio.

La gresca produjo varios lesionados, principalmente priístas por su inferioridad numérica. Ante ello, Ruiz Ortiz llegó en helicóptero supuestamente procedente de la ciudad de Oaxaca y se mantuvo en el pueblo por espacio de media hora.

Después regresó a la capital, para la reunión con los empresarios en la que, al terminar, el supervisor de Obras de la Unidad de Infraestructura de la Secretaría de Salud, José Ramón Limón Jiménez, golpeó en la cara al fotógrafo Luis Pérez, del diario Tiempo de Oaxaca, a quien hizo sangrar y al que había amenazado con "partirle la madre" por ejercer su labor periodística, el miércoles durante el "desalojo" de oficinas por parte de las brigadas móviles de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Tras la agresión, el funcionario fue protegido por guardias de seguridad del gobernador para que escapara, pero por la noche, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que Limón Jiménez fue presentado por agentes de la policía ministerial en la agencia del Ministerio Público de la Cruz Roja, donde se inició la averiguación previa 1157/CR/06, por los delitos de amenazas y lesiones en agravio del fotógrafo.

Mientras, a lo largo de cuatro horas, la noche del jueves y las primeras horas del viernes, los senadores Ramiro Hernández (PRI), Tomás Torres (PRD) y Alejandro González Alcocer (PAN) escucharon testimonios de la ciudadanía oaxaqueña.

Ahí, el mixe Lucio López Reyes, después de describir lo que el ejercicio de la autoridad representa para la cosmogonía indígena, aseguró que Ulises Ruiz "obviamente no está gobernando, máxime si lo quiere hacer por vía remota. El mismo se despojó de su gobernabilidad y está convertido en otra cosa, menos en un hombre que deba servir a su pueblo. Ustedes van a declarar lo que existe, van a decir lo que es verdad, porque confiamos en ustedes".

La lista de agravios por represión, asesinatos, violación de derechos humanos, persecución, el cierre de espacios para los indígenas -como ha ocurrido con la ocupación de Radio Nnandia-, el ataque a la cultura y a los edificios históricos del estado, por parte del gobierno del estado, fueron desgranados ante los senadores.

Inclusive expresaron a los senadores que si deciden no declarar la desaparición de poderes y "sostener al señor Ulises Ruiz aquí no va a gobernar. Y si toma o no protesta (Felipe) Calderón, es lo de menos, lo que interesa es Oaxaca".

Poco después de la medianoche, en el patio del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), donde se realizó el encuentro, un grupo de oaxaqueños llegó con dos costales con pertrechos policiacos como cascos, escudos, gorras e inclusive bombas de gases lacrimógenos y casquillos disparados en el fallido desalojo del 14 de junio, como pruebas de la represión.

Al concluir la reunión, el perredista Tomás Torres expresó su convicción de que hay dos realidades en Oaxaca, la formal y la real, y consideró que la salida de Ulises Ruiz será "un tramite eminentemente político, que ojalá no venza la mayoría de los votos".

Hubo un momento de distensión, cuando el comandante de la Policía Municipal de Tamazulapan, Genaro Rojas, contó cómo después del 14 de junio, cuando la fuerza pública de su municipio "se utilizó para otros fines y nada más quedaron las dos secretarias, que no pudieron proteger el cuartel".

Felipa Cruz Zaragoza también habló a los senadores, después de cuestionar que la sociedad civil fuera la última que atendieran: "no creemos que van a cerrar ojos y oídos. Hemos sufrido una larga hostilidad de parte del señor Ulises Ruiz. Para él no existimos, pero sí fue muy rápido en enviar policías y para imponer presidentes municipales. Desde hace mucho tiempo manchó su investidura y se dedicó a hacer campaña por el señor (Roberto) Madrazo y no a gobernar".

Melquiades Rosas Blanco expuso cómo el 24 de agosto pasado "un grupo beligerante de militantes priístas" tomó con armas de fuego la radio cultural comunitaria Nnandia, que opera en la sierra Mazateca, y anunció que este sábado un grupo de mujeres se instalarán en ayuno en el atrio de la Catedral. Sin embargo, dijo que el mismo grupo que mantiene cerrada la estación amenazó a las mujeres si salían de la comunidad rumbo a esta ciudad capital.

Con lágrimas, Florina Jiménez Lucas, viuda de José Jiménez Colmenares, asesinado en la marcha del 10 de agosto pasado, relató que sólo recibe 4 mil pesos mensuales para sostener a sus tres hijos. "Y eso nada se compara con el sueldo de las personas en el poder. Además, me han amenazado en mi casa, me siguen los taxis. ¿Qué puedo hacer?", sollozó.

En lo que fue el centro del llamado a los senadores, Eduardo Torres, de la Asociación Civil Campo, preguntó qué ocurrirá si el estado continúa en la ingobernabilidad y el Senado no declara la desaparición de poderes. "En sus manos está la tranquilidad y la paz de este pueblo, evitar más atentados y una masacre. Este pueblo no se va a dejar, porque hay una indignación creciente; por tanto, agravio. No se asemejen a Ulises Ruiz".

Se habían pactado 20 minutos por sector de la población, pero las voces y los reclamos eran innumerables. El restaurador Francisco Berástegui presentó una larga lista de ataques a los edificios históricos, las plazas públicas y el patrimonio cultural de Oaxaca. Se refirió, por ejemplo, a la sustitución ilegal de las puertas de Catedral, cuyas piezas originales fueron hechas en encino y con 100 clavos de forja. "Un día desaparecieron y se cambiaron por otras de pino y adornos de latón. ¿Esas puertas dónde están?", cuestionó.

Abordó el tema de las cuestionadas obras de la administración de Ruiz Ortiz, como la ampliación a cuatro carriles de la carretera del Cerro del Fortín, la remodelación del Zócalo, donde se cambiaron las canteras verdes por otras rosas, la tala de árboles centenarios, la modificación de la Fuente de las Siete Regiones...

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos entregó también un legajo de documentos, aun en disco compacto, de hechos de tortura, violación de garantías, secuestros y actos de represión contra ciudadanos oaxaqueños.

Con un ejemplar de La Jornada del jueves en mano, en la que se muestra cómo un policía dispara a integrantes de la APPO y estudiantes, Fernando Guadarrama expuso: "qué más pruebas quieren de la ingobernabilidad y del ataque a los ciudadanos, que la fotografía de este pistolero identificado. No nos lleven al extremo de defendernos con nuestras propias manos".