Editorial
Zancadillas prelectorales en Tabasco
En las elecciones que se celebrarán mañana en Tabasco para designar al nuevo gobernador de la entidad existe un grave riesgo de que la situación derive en inestabilidad política. La detención de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocurrida el pasado jueves en Villahermosa en circunstancias oscuras, revela que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha recurrido a sus viejas prácticas como arrestos arbitrarios y manipulación del Poder Judicial para perjudicar y agredir a sus rivales políticos, entre otras con el fin de frenar a sus adversarios en la carrera por la gubernatura del estado.
El jueves las autoridades estatales detuvieron a lo largo de la jornada a un total de 21 personas que presuntamente portaban armas con la supuesta finalidad de desestabilizar los comicios. Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los detenidos entre ellos Lucano Herrera, subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD tenían en su posesión algunas armas blancas y de fuego. Para sustentar esta acusación, la dependencia cuenta con videos en los cuales algunos detenidos dijeron haber recibido un pago de cinco mil pesos presuntamente para afectar las elecciones. La versión de la secretaría sostiene que al momento del arresto de Lucano Herrera y otras siete personas motivado por una denuncia anónima, éstas intentaron darse a la fuga. Asimismo, señala que el dirigente perredista resultó lesionado debido a un accidente, razón por la cual presenta algunos golpes.
Sin embargo, el PRD desmintió esta versión y afirmó que los detenidos fueron levantados y encapuchados para evitar que reconocieran a sus captores, quienes los golpearon y torturaron. Añadió que las armas fueron plantadas, que no todas las personas arrestadas son militantes perredistas y que los individuos que aparecen en los videos fueron obligados a realizar una confesión falsa.
Posteriormente, el viernes, el secretario general perredista, Guadalupe Acosta Naranjo; el dirigente estatal, Juan Manuel Fócil, y el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral, Horacio Duarte, entre otros militantes, acudieron a la sede de la secretaría para verificar el estado de salud de sus compañeros quienes permanecen incomunicados, pero un grupo de policías antimotines del gobierno estatal les impidió el paso, lo que derivó en un enfrentamiento.
Acciones como éstas parecen formar parte de una estrategia diseñada para impedir, a cualquier precio, el triunfo del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Raúl Ojeda, victoria que daría al movimiento de Andrés Manuel López Obrador mayor impulso a nivel nacional, sobre todo en el sur del país. No hay que olvidar que en Chiapas, el PRI y el Partido Acción Nacional no dudaron en conformar una alianza para competir con Jaime Sabines, el aspirante de la coalición y vencedor en los comicios de ese estado, el pasado 8 de octubre. En las elecciones de Tabasco, hay mucho en juego: López Obrador ha invertido buena parte de su capital político en su respaldo a Raúl Ojeda Zubieta; una derrota constituiría un fuerte golpe a su movimiento y sus aspiraciones.
Esta postura del priísmo podría dañar a todo el país, teniendo en cuenta el contexto actual: el prolongado conflicto en Oaxaca, aunado a la toma de posesión simbólica de López Obrador del cargo de presidente legítimo, el próximo 20 de noviembre, y la toma de posesión oficial de Felipe Calderón el primero de diciembre, prefiguran un peligroso escenario de volatibilidad política. Por ello las autoridades estatales están en la obligación de parar en seco incidentes que atentan contra la democracia y garantizar a la ciudadanía un clima de estabilidad y confianza que le permita acudir a las urnas en condiciones adecuadas.