Un juez de la ciudad de México analiza el dictamen
Gómez Urrutia, a punto de recuperar bienes asegurados
El líder minero Napoleón Gómez Urrutia, depuesto por las autoridades laborales mexicanas, está a un paso de recuperar el control de sus tarjetas de crédito, cuentas bancarias personales y las de su esposa e hijos, así como de diversas propiedades que fueron adquiridas con dinero del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), pero que permanecen aseguradas por la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con fuentes judiciales cercanas al caso, el aseguramiento de los recursos, así como de inmuebles, entre ellos varios vehículos de lujo y al menos dos residencias valuadas en dólares, alcanza un valor total que ascendería a 70 millones, monto superior a los 55 millones de dólares que adeuda el sindicato minero a sus trabajadores, derivado de un fideicomiso abierto en la década de los 80.
La posibilidad de que Napito recupere el control de los bienes depende de que un juez federal de la ciudad de México avale un dictamen preliminar elaborado por uno de los secretarios de acuerdos del juzgado octavo de distrito en materia de amparo.
En el proyecto de resolución se propone otorgar la protección de la justicia al depuesto líder minero, bajo el supuesto de que es inconstitucional la medida de apremio que adoptó el Ministerio Público Federal, al ordenar decomisar los bienes como parte de las investigaciones que realiza la autoridad contra el inculpado por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude.
El dictamen argumenta que, más que afectar a Gómez Urrutia, el decomiso de bienes "lastima la estabilidad financiera del sindicato y de sus agremiados", y "pone en riesgo la existencia del aparato sindical de los mineros".
No obstante, el juez federal José Miguel Trujillo Salceda aún no decide si avalará la propuesta. Actualmente, de acuerdo con las fuentes consultadas, el dictamen ya fue entregado al juzgador para que lo valore y, en su caso, dé el visto bueno, o de lo contrario ordene que se efectúe un nuevo proyecto en sentido adverso a Napito.
Semanas atrás el juzgado octavo de distrito acordó que era competente para resolver la demanda de garantías presentada por Gómez Urrutia hace cinco meses, con el respaldo de un sector importante del sindicato minero.
En un principio el recurso había recaído en el juzgado segundo, donde el expediente se mantuvo en reserva porque no se había aclarado el tema de la competencia jurisdiccional.
Las acciones de la PGR
Desde principios de 2006 se incrementó el "acoso" de la PGR contra Gómez Urrutia, quien se refugió en Canadá y no puede regresar a territorio mexicano porque podría ser aprehendido.
El 4 de mayo pasado, cuando la dependencia ya había logrado incautrarse de diversas cuentas bancarias, tarjetas de crédito y propiedades del líder minero, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cateó en el municipio de San Pedro, Nuevo León, varios domicilios relacionados con Napito.
Ese día también se efectuó en el Distrito Federal una revisión en una propiedad de Gómez Urrutia, en la colonia Lomas de Chapultepec.
Los cateos se efectuaron como parte de la averiguación previa SIEDO/UEIORPIFAM/028/2006. En total, cinco propiedades fueron inspeccionadas y dos quedaron aseguradas.
En tanto, al menos cinco cuentas bancarias de Napito, de su esposa Oralia Casso Valdés y de sus dos hijos quedaron congeladas entre enero y febrero pasados.
La petición de obtener la protección de la justicia federal no es sólo de Gómez Urrutia. José Angel Rocha, secretario de actas y del interior y exterior del sindicato minero, también firmó la demanda de amparo como quejoso, ya que, asegura, se trata de dinero de los agremiados y no sólo de Napito y su familia.
Según documentos judiciales consultados, las cuentas aseguradas son la número 60520329955 y la 6051985476 del banco Santander, por 4 millones 900 mil pesos, así como otras dos de HSBC y una de Bancomer, las cuales tendrían ahorros que superarían 25 millones de dólares. Las propiedades congeladas, entre ellas dos residencias y varios automóviles de lujo, superarían 40 millones de dólares.
Entre el paquete de pruebas ofrecidas, los abogados presentaron documentos sobre deudas del sindicato con sus trabajadores, específicamente de los 55 millones de dólares que formaban parte del fideicomiso abierto por el SNTMMSRM -dinero que fue transferido del sistema financiero a cuentas bancarias de familiares y allegados de Gómez Urrutia, tanto en México como en el extranjero, según la acusación de la PGR- y que tiene que ser repartido entre los mineros beneficiados por el fideicomiso.
Según la versión de la defensa del inculpado, el sindicato minero no está oponiéndose a entregar la parte del dinero del fideicomiso que corresponde a los trabajadores, sino que al estar impedido para acceder a las cuentas de ahorro "es imposible repartir el dinero correspondiente a cada una de las secciones sindicales".