Se comprobaron violaciones, afirma el ombudsman
Exige la CNDH sancionar a policías por caso Atenco
En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco, estado de México, la madrugada del pasado 4 de mayo, participaron elementos de la tercera brigada de la Policía Militar -de la Secretaría de la Defensa Nacional- de San Miguel de los Jagüeyes, 700 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP), mil 815 miembros de la Agencia de Seguridad Estatal y alrededor de una decena de policías municipales de Texcoco.
José Luis Soberanes Fernández, ombudsman nacional, demanda en la recomendación 38/2006, relativa a los hechos de violencia en el municipio de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo pasado, "el total esclarecimiento y sanción penal a los elementos de las fuerzas de seguridad pública responsables de los abusos y violación sexual de 26 detenidas".
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que "existen elementos para advertir presuntos actos de tipo penal: violación sexual equiparada, realizada por policías que custodiaban a bordo del camión a las 50 detenidas, cuando eran trasladadas de San Salvador Atenco al penal de Santiaguito, estado de México. Veintiseis de ellas presentaron queja por violación y ultraje".
Soberanes Fernández denuncia que, con motivo del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad pública federal, estatal y municipal contra habitantes de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, hubo exceso de fuerza por las corporaciones policiacas. Utilizaron armas de fuego contra la población, y entre otros delitos que deben ser sancionados incurrieron en tortura, allanamientos, cateos ilegales, robos, saqueos e incomunicación de detenidos, además de deficiente labor de los defensores de oficio y violaciones sexuales contra las aprehendidas.
Debe investigarse a funcionarios del Instituto Nacional de Migración
Recomienda al Instituto Nacional de Migración que investigue la responsabilidad de los servidores públicos que expulsaron a cinco extranjeros -cuatro mujeres y un hombre- a pesar de que ya tenían amparo en su favor. Asimismo, demanda que les sean restituidos sus derechos.
Al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, le pide que continúen las investigaciones por lesiones contra los detenidos en el penal de Santiaguito y que se inicie una investigación por torturas. Además, que se indague a los responsables del uso y aplicación de gas lacrimógeno contra el joven Alexis Benhumea.
Le solicita que se estudie la posibilidad de crear un equipo de trabajo, que estaría integrado por el Ministerio Público Federal y la Procuraduría General de Justicia del estado de México, para que se avance en las indagatorias respectivas.
Al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Eduardo Medina Mora, le recomienda que empiece un procedimiento administrativo de responsabilidad contra elementos de la PFP y comisionados que llevaron a cabo el operativo.
Asimismo, le pide que se inicie una averiguación previa por los ilícitos en que incurrieron elementos de la PFP y se proporcionen cursos y acciones de capacitación para prevenir acciones de tortura y trato cruel o degradante.
La recomendación, que consta de casi 150 cuartillas, está integrada por más de 4 mil fojas, más de mil 500 fotografías, videos y estudios de organizaciones no gubernamentales, entre otros elementos, que dan cuenta de que en el operativo colaboraron 700 elementos de la PFP, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal -estado de México- y nueve policías municipales. También integrantes de la tercera brigada de la Policía Militar.
El ombudsman sostiene en la recomendación que se comprobaron los ultrajes y ataques a las mujeres, y derivado de las investigaciones que realizó la CNDH sostiene que "existen elementos para advertir presuntos actos de tipo penal -'violación sexual equiparada-' en contra de las detenidas por policías que las custodiaban cuando eran trasladadas a bordo de los camiones que las llevaban de San Salvador al penal de Santiaguito".
Soberanes Fernández apunta que "las mujeres manifestaron -en actas circunstanciadas y otras evidencias que recibió la CNDH- que las obligaron a realizar actos de naturaleza sexual bajo amenazas, como que continuarían siendo golpeadas, que las matarían, que sabían dónde vivían en caso de no cooperar. Todo ese tipo de amenazas fueron empleadas por los policías".
De igual forma solicita que el titular del penal de Santiaguito sea investigado, así como personal de ese centro de reclusión, por la retención ilegal de las personas a quienes ya se había decretado libertad, por el hecho de que en el caso de las 26 mujeres que denunciaron violación sexual "en dicho penal no se preservaron las evidencias".
Soberanes Fernández denuncia que "las evidencias, las señales de lesiones y los abusos ocasionados por policías a las mujeres, cuyas muestras quedaron en su vestimenta, no fueron debidamente preservadas, pues en el penal referido las despojaron de esas prendas y algunas fueron obligadas a lavarlas, en contravención a lo que estipula el Código Penal del estado de México".
En la investigación que llevó a cabo la CNDH destaca el oficio PFP/CFFA/ 3/05/06, con fecha 3 de mayo, en el cual el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo es señalado de dirigir la tercera brigada de la Policía Militar.