Restablecer el orden legal violentado por el tráfico de influencias, el motivo
Vecinos de Benito Juárez, decididos a entablar guerra jurídica contra la UP
La razón nos asiste, aseguran
Alistan pruebas para demostrar cambios de uso de suelo
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Aspecto interior de las instalaciones de la Universidad Panamericana, en la colonia Insurgentes Mixcoac, delegación Benito Juárez
Foto: Luis Humberto González
El Frente Vecinal Delegación Benito Juárez (FEVEBJ), que agremia a la Asociación de Colonos Residentes de Insurgentes Mixcoac (ACRIM), anunció que seguirá el camino de los tribunales en aras de restablecer el orden jurídico violentado por el tráfico de influencias de la Universidad Panamericana, cuyo preceptor moral es el Opus Dei.
"Estamos listos para una guerra jurídica compleja y larga, tenemos fuerza y voluntad. Tenemos la razón y sabemos que la justicia está también de nuestro lado. El triunfo es sólo cuestión de tiempo y paciencia", aseveró este domingo Sergio Méndez Silva, abogado del FEVEBJ, quien dijo que tratarán de demostrar cómo los cambios de suelo en esa colonia se han realizado "por el tráfico de influencias para favorecer a la UP".
Explicó que el primer caso que abordarán es el del predio ubicado en el número 35 de la calle Goya, donde por más de 20 años operó el Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, de la Secretaría de Salud federal, que en 2000, Centros Culturales de México, asociación civil vinculada al Opus Dei, la cual es operada por la Universidad Panamericana, compró a la dependencia federal y en donde dos años más tarde instaló las escuelas de economía, contaduría, administración y el posgrado de contaduría.
Desde ese año, los vecinos de la colonia Insurgentes Mixcoac denunciaron que esto era ilegal, pues el programa parcial no autoriza la instalación de aulas en el lugar. El abogado indicó que, de hecho, dicho programa establece el uso de suelo HUP-9 (habitacional, unifamiliar, plurifamiliar, con nueve metros de altura máximo). Agregó que de la misma forma establece que el predio cuenta con un certificado de derechos adquiridos que permite la instalación del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea.
Méndez Silva dijo que ante esta situación, el lunes 9 de octubre de 2006, los vecinos interpusieron una demanda de "acción pública" ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la finalidad de que declare que el certificado de derechos adquiridos con el que cuenta el predio no puede ser invocado por Centros Culturales de México para instalar aulas universitarias, ya que reconoce únicamente el derecho de instalar el Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, y sólo la Secretaría de Salud federal está facultada para hacerlo.
Antecedentes del predio
El abogado explicó que en 1981 la Secretaría de Salud, por conducto del Patronato de la Beneficiencia Pública, compró a unos particulares el predio ubicado en Goya 35, para instalar el Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea. El predio había tenido hasta entonces uso habitacional.
A partir de 1982 se aprobaron los primeros programas parciales en el Distrito Federal. En el caso del predio de Goya 35, ninguno de los programas que han estado en vigor ha autorizado que el uso del suelo se aproveche para instalar aulas universitarias, agregó.
Como desde 1981 (antes de la entrada en vigor de los primeros programas parciales) la Secretaría de Salud había instalado en Goya 35 el Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, tramitó un certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos ante el Registro de Planes y Programas de la Seduvi. El certificado fue expedido en 1998 y reconoce el derecho que tiene la Secretaría de Salud de instalar en el predio el Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, explicó.
Reunión en puerta
Por su parte, el secretario de Gobierno del DF, Ricardo Ruiz, dijo que la próxima semana tendrá una reunión con autoridades de la delegación Benito Juárez y la Seduvi para verificar las condiciones de uso de suelo en esa colonia.