Para Presidencia, en la elección de Tabasco sólo hubo ''incidentes menores''
Llama Rosario Ibarra a Andrade a que cese la represión en contra de perredistas
El PRD podría llevar a juicio político al gobernador, advierte Carlos Navarrete
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Rosario Ibarra, hizo un extrañamiento y enérgico llamado al gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, para que cese todos los actos de represión contra ciudadanos y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La luchadora social advirtió que integrantes de esa comisión presentarán puntos de acuerdo para que se investigue la intervención de los cuerpos de seguridad pública, la procuraduría estatal y la participación de Andrade en los ''lamentables hechos de represión'', así como su injerencia en el proceso electoral.
A su vez, el presidente de la bancada perredista en Xicoténcatl, Carlos Navarrete Ruiz, advirtió que ese partido no descarta exigir que se lleve a juicio político al mandatario estatal priísta, por ''secuestrar, detener, golpear y expulsar'' a militantes del sol azteca, legisladores y ciudadanos en aquella entidad.
''Andrade -dijo Navarrete- llegó a todos los extremos ayer (el pasado domingo) al agredir con toda impunidad, porque controla la justicia en el estado, a dirigentes políticos, legisladores y legisladoras; ya habrá forma de cobrarle los agravios al señor Andrade; hay múltiples formas.''
El senador destacó que en los 32 años que tiene de actividad política, ''no había visto nunca una elección en la cual un gobernador decidiera volver a los años 70'', época en que ''la oposición no nos enfrentábamos con otro partido y otro candidato, sino con gobernadores que hacían uso y abuso de todos los recursos, incluyendo la policía y la violencia''.
En entrevista al término del encuentro de la Junta de Coordinación Política, en el Senado, Navarrete Ruiz refirió que la violación de las garantías individuales fue tan flagrante, que hasta diputadas de la Asamblea Legislativa fueron secuestradas a la luz del día y colocadas fuera de territorio tabasqueño, suspendiendo y violando todos sus derechos individuales.
Por su parte, Rosario Ibarra afirmó que el proceso electoral para elegir gobernador en esa entidad ha quedado ''empañado y deslegitimado'' por los métodos de ''tortura física y sicológica, golpes y amenazas de cercenarles partes de sus cuerpos a ocho ciudadanos'', para que se declararan culpables de pretender desestabilizar la elección.
Desde el Senado hizo un enérgico llamado para que ''de inmediato se ponga en libertad a los ilegalmente detenidos, que consideramos presos políticos; inclusive, aquellos que se han identificado como miembros del PRI, quienes fueron detenidos en Nacajuca, cuando pretendían bloquear una carretera''.
Finalmente, la senadora perredista demandó a los partidos políticos contendientes que diriman sus diferencias ante los tribunales electorales, privilegiando y salvaguardando los derechos humanos de todos los participantes.
Visión de Los Pinos
Las elecciones en el estado de Tabasco se realizaron ''sin mayores complicaciones'', y en todo caso sólo con incidentes menores que no ponen en riesgo el buen desarrollo del proceso, aseguró el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, quien reconoció y felicitó a la ciudadanía tabasqueña por su participación en la jornada electoral, cuyos datos preliminares ubican al priísta Andrés Granier Melo por arriba del perredista César Raúl Ojeda Zubieta.
El portavoz comentó que el presidente Vicente Fox hablará con el candidato triunfador, como siempre lo hace, una vez que las instituciones electorales del estado lo declaren gobernador electo.
En su acostumbrada conferencia mañanera, Aguilar también celebró el que en el marco de la democracia y con la solidez que tienen las instituciones, cualquier candidato o partido pueda acudir a las instancias correspondientes si considera que se violó alguno de sus derechos.
Se puede acudir a las instituciones ''incluso si (el candidato o partido) sólo tiene la impresión de que se ha violado alguno de sus derechos, o algo haya ocurrido fuera del marco de la ley'', resaltó.
Además, Aguilar mencionó que, en ese caso, quien impugna debe probar su dicho, mientras que las instituciones habrán de recoger, analizar con mucho cuidado y determinar lo que corresponda, pues eso ocurre en las democracias y ''esto es una democracia''.