Entre el clavel y la rosa su izquierda escoja
Instituciones y movilizaciones. 1. Las profundas transformaciones que está experimentando México hacen inevitables las protestas sociales. Las movilizaciones son una forma de cambiar la correlación de fuerzas y aumentar las capacidades negociadoras de ciertos actores sociales, pero también pueden ser asumidas como un factor que induce a la restructuración productiva y a la innovación institucional en sociedades bastante desiguales, fragmentadas y frágiles en sus instituciones. En esta perspectiva se tiene un dilema específico: ¿cómo resolver conflictos sociales, evitando enfrentamientos irreversibles entre actores sociales y debilitamiento institucional? O dicho de otra manera, ¿cómo aprovechar el impulso y el proceso de solución de conflictos para generar nuevos acuerdos institucionales? La movilización social surge como un proceso de posicionamiento de actores y organizaciones sociales que se sienten afectados, o potencialmente afectados, por la aparición de arreglos que los excluyen o por el abandono de otros antiguos que aun con imperfecciones los incorporaban.
2. Es posible canalizar la movilización social mediante acuerdos basados en una ética de la responsabilidad que permita experimentar con arreglos institucionales innovadores. No toda movilización social se convierte en innovación institucional. Transportan en sí un alto riesgo disruptivo, acicateado por dos factores cuya confluencia hace influido en el panorama actual: una desigualdad social estructural -que nos viene de muy lejos- y procesos vertiginosos de cambio llevados a cabo con prisa y descuido, que erosionan la cohesión social e impactan las certidumbres culturales.
3. Después de casi dos décadas de reformas estructurales, debiera quedar claro que cualquier sociedad es una construcción humana muy dinámica, en la cual los conflictos y las tensiones no son la excepción, sino la regla. Estos conflictos emergen con mayor frecuencia cuando las sociedades están inmersas en profundos cambios de factura mundial y local. Justo en estas coyunturas es esencial establecer un vínculo fuerte entre un marco legal sólido y las movilizaciones sociales, con el propósito de ayudar al tránsito desde una protesta social -que por su propia naturaleza es espontánea y explosiva- a una acción colectiva ciudadana. Este tránsito de la espontaneidad al sentido razonable en la acción colectiva no sólo implica un cambio en el horizonte de los actores sociales. Es también la base de los acuerdos mutuos entre los órganos del Estado y los actores sociales. Este puente entre legalidad y movilización puede garantizar la transformación de las protestas y conflictos sociales en innovaciones, experimentos y soluciones, tanto en el ámbito de las reglas formales y de las normas sociales. Al proceso de construcción de estos puentes lo he denominado en varios escritos previos, movilización social como medio de producción de instituciones.
4. Lo que ha ocurrido recientemente en muchas de las movilizaciones sociales ocurridas en México y en general en América Latina ha sido la irrupción espontánea y violenta de sectores de la sociedad, seguida por la represión directa, y/o por soluciones ad hoc y cortoplacistas para contener las movilizaciones. Ambos caminos son erróneos. El mensaje de las recientes movilizaciones aun en su diversidad parece relativamente claro. Se reclama mayor igualdad de oportunidades y se rechaza una visión de la justicia redistributiva centrada exclusivamente en acuerdos corporativos. Se demanda participación en la toma de decisiones y en su puesta en marcha. Su eje articulador es la noción de soberanía popular. El principio de justicia se articula con el principio de libertad. La libertad por la que se lucha implica igual participación en las diversas instancias de la sociedad y del Estado.
5. Frente a las movilizaciones sociales no cabe la política del avestruz como la que han seguido el gobierno federal, el gobierno estatal y casi todos los actores políticos relevantes, respecto a Oaxaca. Las movilizaciones sin canales adecuados de conducción, amparados en un argumento federalista que en otras circunstancias y otros ámbitos se vulnera y lesiona sin contemplaciones, terminan por hacer metastásis sobre el conjunto del cuerpo social. Tampoco cabe el cálculo político mezquino de corto plazo tratando de prolongar la agonía del gobierno de Ulises Ruiz para evitar la convocatoria a nuevas elecciones. No es aceptable ninguna de las dos actitudes frente a una situación donde es notoria la ruptura institucional, es decir, la ruptura de las reglas del juego. Pero este conflicto es sintomático de los males que aquejan esencialmente a las elites políticas: mezquinidad, cortedad de miras, desconfianza total, vendettas personales. Esto que podría considerarse como ingredientes "naturales" de todo ejercicio de la política se ve agravado porque hay en la sociedad muchas facturas sociales que hacen irrupción ante crasos errores de gobernación. Las elites pueden seguir jugando a la esgrima florentina sólo que valdría que de vez en cuando volteen abajo para darse cuenta que estamos sentados en muchos barriles de pólvora.
No hablo de una conflagración generalizada en el país, sino más bien de expresiones diferenciadas de protesta social, cuyas consecuencias a lo largo del tiempo es profundizar la erosión de la autoridad del Estado y de sus instrumentos de intervención, al desmadejar el tejido social y al generar fisuras institucionales através de las cuales oligarquías regionales sean legales o ilegales establecen mecanismos de facto para imponerse sobre la sociedad.