Evo Morales anunció el domingo la medida; hay rechazos
Prevén conflictos en Bolivia por nacionalización de la minería
La Paz, 16 de octubre. El presidente Evo Morales anunció la nacionalización de la minería boliviana, uno de los motores de la economía nacional, medida que puede traerle problemas con los mineros privados, que rechazan acogerse a un modelo que los obligue a trabajar para el Estado.
En un acto público el domingo, Morales confirmó la nacionalización del sector e indicó que los detalles del proceso se darán a conocer el próximo 31 de octubre.
Pero este lunes el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, anticipó que esa nacionalización se hará bajo el mismo molde con que se ha trabajado en la nacionalización de hidrocarburos, es decir sin expropiar ni confiscar la inversión extranjera.
"La inversión privada extranjera y local, que invierte, que genera empleo, no se le toca", dijo García Linera, quien anticipó que el plan gubernamental "mantendrá la inversión extranjera privada y la presencia del cooperativismo minero".
El elemento central de esta proyectada nacionalización de la minería es el potenciamiento financiero de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), reducida a su mínima expresión en 1985, cuando el ex presidente Víctor Paz Estenssoro -que en 1952 nacionalizó las minas- cerró los yacimientos de los Andes y puso en la calle a 30 mil mineros.
"Lo que sí es que va a haber una fuerte reactivación en Comibol", recalcó García.
El anuncio de la nacionalización se produce 10 días después de que mineros privados y estatales se disputaran a bala y dinamita una mina de estaño en la localidad de Huanuni (300 km al sur de La Paz), con saldo de 16 muertos y más de 60 heridos.
Morales consideró el domingo que "esos minerales tienen que pasar al Estado boliviano bajo el control social del pueblo".
Dijo igualmente que la política de nacionalización afectará sólo a las concesiones improductivas y que Comibol estará presente en todos los eslabones de la cadena productiva, desde la exploración hasta la comercialización en el mercado internacional.
Actualmente, bajo el modelo de riesgo compartido, las estadunidenses Apex Silver y Pamerican Silver operan los dos yacimientos de plata más ricos del país, San Bartolomé y San Vicente, entre los más promisorios de Latinoamérica, en el distrito andino de Potosí (oeste).
Inti Raymi, filial de la también estadunidense Newmont, explota a tajo abierto dos importantes minas de oro en la región de Oruro (sur).
La suiza Glencord, por su parte, opera la mina aurífera Sinchi Wayra (sur), luego de adquirir las acciones de la empresa Comsur, del derrocado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La compañía estadunidense Cour D'Alene explota el legendario cerro Rico de Potosí (sur), uno de los mayores acopios de plata de la región, horadado casi ininterrumpidamente desde el siglo XVI.
La política minera de Morales era esperada "con preocupación" por la filial de Newmont, según un vocero Ivo Blasicevic.
Además de los problemas que puedan derivar de eventuales negociaciones con las empresas mineras que funcionan en el país, Morales tendrá que lidiar con los mineros cooperativos (privados), reacios a convertirse en mineros asalariados del Estado.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que agrupa a cuatro mil trabajadores, rechazó de plano el planteo.
"La propuesta nuestra es continuar trabajando, es decir somos cooperativistas y vamos a terminar siendo cooperativistas", sostuvo un portavoz de Fencomin, Néstor Villalba.
En cambio, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, formada en el ámbito de la Comibol, se declaró de acuerdo "con una política minera que vaya a beneficiar al país, a los trabajadores, que haya fuentes de trabajo", según el dirigente César Lugo, quien llamó a no "desmerecer una propuesta de esta naturaleza".
Las diferencias entre mineros privados y estatales quedaron patentes en el conflicto de Huanuni, donde ambos grupos lucharon a muerte por el control del cerro de estaño de Posokani.
Por la forma en que el gobierno manejó esta crisis, que se saldó con 16 muertos, los cooperativistas retiraron su respaldo al presidente y ahora, en esta nueva coyuntura, podrían convertirse en un factor de conflicto.