Acusan de prepotencia, corrupción y malos tratos a responsables de áreas

Internas de Santa Martha denuncian abusos y amagan con realizar un paro

Exigen instalar una mesa de negociación y que sus demandas sean escuchadas

AGUSTIN SALGADO

Las denuncias en contra de funcionarias del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla van en aumento. El mes pasado más de 500 internas solicitaron al director general de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal, Antonio Hazael Ruiz Ortega, la destitución de varias responsables de área.

Entre los argumentos esgrimidos por las internas se encuentran la carencia de "ética profesional", actitudes de "prepotencia", además del ejercicio de la autoridad de manera discrecional.

Entre las funcionarias acusadas se encuentran Mónica Carrillo Reyes, quien es la responsable de la oficina de organización del trabajo; Verónica García Romero, jefa de unidad del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento, y la comandante Reyna Montes Téllez, jefa de seguridad del centro penitenciario.

De no instalarse una mesa de negociación y sus demandas no sean escuchadas, las presas amenazan con realizar el próximo viernes "un paro de 24 horas", como "primera medida de resistencia".

De acuerdo con el testimonio de varias reclusas, los elementos a cargo de Montes Téllez abusan de su autoridad, incurren en actos de corrupción y en los cateos a estancias participan custodios varones, lo cual está prohibido por el reglamento.

"El pasado 31 de agosto me dirigí con Reyna Montes, pues tenía un problema (con otras internas), pero su respuesta fue que me las arreglara como yo pudiera. Salí de la jefatura con miedo, me fui a mi dormitorio, pero ahí estaban las personas con las que tenía el problema, motivo por el cual me escondí en la cocineta del dormitorio D.

"Me quedé dormida y como a la 1:30 de la madrugada me encontraron. Una custodia me dijo: vas a ver ahorita, hija de tu puta madre, y comenzó a patearme. Minutos después ya era golpeada por varios custodios y custodias", relata una interna, en un escrito que fue recibido por la dirección de reclusorios el pasado 27 de septiembre.

La noche del miércoles anterior se realizó un operativo en las estancias. Tres presas aseguran que el despliegue "estaba dirigido" en su contra y que incluso las custodias "le sembraron una pila de celular" a una de ellas.

"Para qué te vas a exponer a tener un teléfono, si hay quien te lo renta. Es cosa de que pagues el tiempo aire y una cuota determinada por el tiempo que lo utilices", asegura una interna del dormitorio B.

La presa a quien le fue "hallada" la batería afirma que al ser trasladada a una oficina para "certificar" el resultado del operativo fue "zarandeada" de los brazos por un custodio que se encontraba en el pasillo. Por ese motivo presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y fue visitada el lunes por una de sus visitadoras.

En otro escrito, denominado Testimonio de un apando injusto, una presa del dormitorio B relata que el "módulo" o "área de conductas especiales" -que está ubicado en la parte más alta del centro penitenciario-, "es un lugar infectado de chinches, cucarachas y moscas", donde las castigadas "tienen todas las facilidades de adquirir piedras, mariguana y pastillas", y la comida "se entrega" por la rendija entre la puerta y el piso, "como si fuéramos animales".

"Entiendo que es un castigo, pero hay derechos humanos básicos que no pueden violarse", argumenta.

Carrillo Reyes y García Romero son denunciadas porque presuntamente ejercen el poder de manera discrecional: "reubican a su antojo y sin motivo a las compañeras que no les agradan", y "nombran estafetas a quienes ellas desean".

Como resultado de las denuncias recibidas, Hazael Ruiz Ortega giró el 2 de octubre el oficio DG/4485/2006 a la directora del Centro Femenil de Readaptación Social, Margarita Malo González, donde, luego de enumerar cuatro acusaciones en concreto, la instruye a "realizar la investigación correspondiente" e informarle "a la brevedad" el resultado de la indagatoria.

Una reclusa que lleva más de 20 años privada de su libertad y quien participó en el motín ocurrido hace poco más de un año, luego de que una interna de 29 años falleció tras sufrir un ataque convulsivo y no recibir atención médica, señaló: "en todos los años que llevo en la cárcel, nunca había visto que la situación estuviera tan grave; con cualquier pretexto te ingresan al apando".