Comisión especial en San Lázaro investigará si magistrados incurrieron en delitos
González Garza: los bonos de retiro en el TEPJF, ilegalidad consumada
Los bonos de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "son un abuso y la consumación de una ilegalidad del Poder Judicial", consideró el coordinador de los diputados federales del PRD, Javier González Garza, luego de señalar que esas erogaciones son ilegales de origen, pues provienen de subejercicios presupuestales cuyos recursos fueron depositados en fideicomisos, en lugar de -como establece la ley- reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
Anunció que se formará una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar las anomalías, y si se derivan delitos "procederemos penalmente".
En conferencia de prensa -y luego en tribuna, durante la sesión ordinaria-, González Garza subrayó que para eludir el cumplimiento de la ley los magistrados aplicaron en su favor el mismo criterio utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular las auditorías del Fobaproa.
Recordó que el pasado 17 de octubre, el magistrado presidente del TEPJF, Leonel Castillo González, informó que dicho tribunal había decidido cancelar los tres fideicomisos que tenía, con un saldo de 88.2 millones de pesos. De ese monto decidieron regresar 65.5 millones a la Tesorería de la Federación; como resultado de eso van a repartirse los restantes 22.7 millones de pesos como bonos de retiro.
Como la distribución pretende hacerse entre los seis magistrados que van a retirarse y la viuda del magistrado José Luis de la Peza, a cada uno corresponderían poco más de 3 millones de pesos.
"Este abuso en el uso de recursos públicos pretende además disfrazarse de austeridad y respeto a la legalidad, ya que el ministro Castillo señaló que podrían haber dispuesto de los 51.9 millones de pesos existentes en uno de los tres fideicomisos señalados, con lo que les tocarían más de 7 millones a cada uno. Pero debido a las dudas existentes respecto a la legalidad de esos recursos y a la decisión propia de no 'aferrarse', prefirieron regresar una parte de ese dinero a la Tesorería de la Federación", puntualizó.
Dijo que, además de la clara violación a la ley, el asunto de los fideicomisos "tiene más fondo y refleja hasta qué punto algunos servidores públicos pueden abusar de las debilidades de la legislación vigente. Los recursos referidos provienen de una clara violación a la ley, es decir, su origen es ilegal, sin lugar a duda. Sin embargo, el criterio utilizado para eludir el cumplimiento de la ley está en manos del mismo Poder Judicial, que debería ser el principal garante del cumplimiento estricto de la legalidad".
Más preocupante aún, apuntó, es el criterio utilizado por los magistrados para eludir el cumplimiento de la ley y obtener una ventaja pecuniaria, "ya que fue precisamente el mismo argumento que usó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anular los exámenes que había practicado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, lo cual significó cargar al pueblo mexicano una deuda adicional de 85 mil millones de pesos como resultado del famoso Fobaproa".
Según la información pública, la remuneración mensual neta del magistrado presidente del TEPJF asciende a 165 mil 659 pesos y la correspondiente a cada uno de los otros seis ministros es de 162 mil 659. "Sin embargo, como puede comprobarse haciendo unos cálculos sencillos con la información publicada en la página 77 del Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2006, se puede concluir que -incluyendo las abusivas prestaciones y prebendas de que disponen los citados servidores públicos- el ingreso mensual neto del magistrado presidente en realidad alcanza 382 mil 233 pesos, y el de cada uno de los otros magistrados es de 373 mil 513", subrayó el coordinador de los perredistas.
Para colmo, añadió, cuentan ya con un seguro de separación individualizado que toma como referencia 10 por ciento mensual de la percepción ordinaria, la cual se va depositando cada mes a cargo del erario en una cuenta individual que genera y acumula intereses, de la cual pueden disponer en el momento en que concluyen sus funciones. "Es decir, entre las prestaciones existentes ya tienen ese bono de retiro que, dado el exagerado monto de sus percepciones, asciende a varios millones de pesos".
Sin embargo, agregó, desde el año 2000 los magistrados decidieron crear un fondo para acumular recursos que les permitan financiar un bono de retiro adicional, para cuando concluyeran sus funciones. Para ello crearon tres fideicomisos con una aportación inicial de 59 millones de pesos, los cuales, con la acumulación de intereses hasta septiembre, se convirtieron en 88 millones 173 mil 177 pesos.
Insistió en que el problema de origen es que la aportación inicial a esos fideicomisos fue ilegal, toda vez que el artículo 38 del Decreto de Presupuesto de Egresos para 2000 señala que los remanentes presupuestales deberían reintegrarse a la Tesorería de la Federación.