Ambientalistas advierten el riesgo en la construcción de una tercera vía
Denuncian a autoridades del Canal de Panamá por malversación de fondos
Los acusan de utilizar los recursos para promover la ampliación del paso marítimo
Panamá, 19 de octubre. Una coalición de sindicatos y gremios presentó dos denuncias penales contra los 11 directivos de la Autoridad del Canal (ACP) de Panamá por utilizar fondos en la promoción del proyecto de ampliación de la vía, que será decidida el domingo en un referendo, anunció una fuente sindical. En tanto, ambientalistas vaticinan un desastre ecológico por la ampliación del Canal de Panamá, so pena de invertir enormes cantidades de dinero para paliar los efectos, lo que no contempla el actual proyecto del gobierno panameño.
"Para muchos es una gran preocupación porque no tenemos una herramienta para evaluar qué tan grande y profundo va a ser el impacto de la ampliación", aseguró la ambientalista Raiza Banfield.
Al mismo tiempo el gobierno de Panamá impulsa la construcción de un megapuerto en una de las entradas del Canal sobre el océano Pacífico para aprovechar la creciente demanda que surgirá al ampliarse la vía interoceánica, y que se sumará a otros cuatro puertos privados en la misma ruta.
Más allá de los árboles que se talen, la arena que se extraiga o las fosas que se caven para crear una tercera vía con dimensiones suficientes para que puedan transitar barcos de gran tamaño del tipo pospanamax a partir de 2014 ó 2015, los ambientalistas ven el mayor peligro en el riesgo de salinización del agua de los lagos -Gantún y Miraflores- que nutren al canal y del que beben las poblaciones de la zona.
"Hasta los propios estudios de la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) señalan el riesgo de salinización, pero no contemplan medidas para la desalinización, que son muy costosas", asegura Banfield.
Entre los principales riesgos que apuntan los defensores del medio ambiente es el cambio del ecosistema y "el probable paso de especies de un océano a otro que pueden provocar enormes daños ecológicos inimaginables en el sistema de arrecifes de coral del Caribe, entre otros", advierte el biólogo Ariel Rodríguez.
Ello sin contar con la pérdida de agua de calidad para el consumo humano, como ya ha ocurrido en el pasado con el lago Miraflores, que desde hace 20 años tiene problemas de salinización.
La ACP también ha minimizado los aspectos arqueológicos en la zona de la construcción, sitio rico en hallazgos, incluida la presencia de muestras de oro precolombino, critican.
La ACP, administradora del Canal desde su devolución a Panamá por Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999 y promotora del actual proyecto de ampliación, realizará los estudios de impacto ambiental una vez que los panameños lo aprueben en referéndum, lo que espera que ocurra el domingo.
Pero los ambientalistas critican sobre todo que será la propia ACP la que apruebe esos estudios. "No hay ningún caso en Panamá en que el propio administrador sea juez y parte", alerta Banfield.
La abogada Susana Sarracín criticó en conversación con Afp que de "manera muy sutil" se han "maquillado" normas y se han suprimido decretos para evitar cortapisas legales al proyecto.
"Nos parece que hay falta de transparencia" en un proyecto, dijo, que supone un "compromiso muy importante con el futuro de la nación" y que debería ser "producto de un análisis exhaustivo y no del bombardeo publicitario", al que el gobierno panameño y la ACP están sometiendo al país.
Desde la ACP, Rodolfo Sabonge, director del departamento de Planificación Corporativa y Mercadeo, se defiende y asegura que el referéndum "no dará a la ACP un cheque en blanco".
"No hay un organismo financiero público o multilateral que nos dé plata si no cumplimos los requerimientos internacionales" en materia ambiental, aseguró a la AFP.
Analizan las acusaciones
El secretario general de la Confederación de Unidad Sindical (CONUSI), Gabriel Castillo, explicó que las demandas contra directivos de la ACP fueron interpuestas por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso).
Los directivos del Canal aprobaron un plan para ampliar la vía interoceánica, el cual fue ratificado por el Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional de Diputados. Sin embargo, hace dos años se aprobó una reforma constitucional que obliga al gobierno a someter a un referendo el plan de construcción de un tercer juego de esclusas en el Canal.
El Frenadeso está integrado por 40 organizaciones, entre ellas el influyente sindicato de la construcción (Suntracs), la Asociación de Profesores (Aprofof-magisterio) y la Conusi, que promueven el voto de rechazo al plan de la ACP y del gobierno del Presidente Martín Torrijos para ampliar el Canal.
Para Castillo, los directivos del Canal usaron recursos de la entidad para opinar a favor del proyecto, lo que el Frenadeso considera ilegal. La directiva de la entidad estatal no ha respondido a las acusaciones, mientras que la Procuraduría General analiza la procedencia del recurso