Ante legisladores, acusa el PP al Ejecutivo español de "rendirse al terrorismo"
Madrid pretende utilizar a presos etarras como "moneda de cambio": gobierno vasco
Madrid, 19 de octubre. El consejero de justicia del gobierno vasco, el nacionalista Joseba Azkarraga, acusó hoy al gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de pretender utilizar a los presos etarras como "moneda de cambio" en el incipiente proceso de pacificación.
La situación de los centenares de presos de la organización separatista vasca ETA es una cuestión vital del proceso de paz abierto en el País Vasco, a raíz de la declaración de alto el fuego permanente del pasado 22 de marzo.
A diferencia del gobierno anterior, del derechista José María Aznar, que cuando inició las conversaciones con ETA en 1998 decidió acercar a más de 150 presos a cárceles del País Vasco, el actual mandatario no ha otorgado ningún beneficio penitenciario, no obstante que tanto los partidos políticos vascos como organizaciones pacifistas consideran que es crucial para avanzar en el diálogo de pacificación.
Ante esta situación, Azkarraga criticó la postura de Madrid, que además se niega a transferir la administración de las cárceles vascas a la administración autonómica. "El gobierno español pretende retener a determinados presos como moneda de negociación", señaló, tras abogar por una "política penitenciaria acorde con los derechos humanos".
El reclamo coincide con el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera), que por medio de los etarras condenados Juan Lorenzo Lasa Mitxelena y Argi Perurena, señaló que "el proceso más que bloqueado, está en crisis".
Indicó que "otra prueba de que el gobierno español nos trata como rehenes, como mercancía política, o al menos eso intenta", es que condicione el fin de la violencia a la "cuestión de los presos".
El EPPK exigió que sin perder de vista la amnistía, dé respuesta a las cuestiones más graves de la tabla de reivindicaciones del colectivo: la puesta en libertad de los presos enfermos y de los que tienen cumplida la condena.
Añadió que para que los derechos básicos de los presos sean respetados, es necesario que los presos y las presas estén en Euskal Herria.
Mientras, el opositor Partido Popular (PP), acusó al gobierno español ante el Senado y el Congreso de los Diputados, de "rendirse ante el terrorismo" y de haber iniciado contactos con ETA en 2002, cuando aún gobernaba Aznar.
Por otro lado, el Partido Popular Europeo apoyó una resolución de apoyo a la postura del PP, al advertir al gobierno español que no premie a ETA con concesiones políticas a cambio de que deje la violencia.