El planteamiento incluye la licencia temporal de Ulises Ruiz y el regreso a clases

Propone Serapaz tregua de 100 días en Oaxaca y crear instancia civil de mediación

Envía 10 opciones para evitar el empleo de la fuerza pública; en enero, gran foro oaxaqueño

ALMA E. MUÑOZ

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) propuso al secretario de Gobernación, Carlos Abascal; a la Presidencia de la República; a la sección 22 del magisterio, y a la directiva de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) consensuar una "tregua general de 100 días" en la entidad, que incluye una solicitud de licencia temporal del gobernador Ulises Ruiz por ese periodo.

Lo anterior, para propiciar "la serenidad, claridad y visión de conjunto" entre todos los oaxaqueños, y construir una "oportunidad de avance histórico" en el conflicto.

Para la organización civil encabezada por el obispo Samuel Ruiz García, la situación en la entidad "ha entrado en una fase de alta complejidad y de riesgo", y requiere designar, "de común acuerdo", una instancia civil de mediación que ayude a construir el "largo" proceso de solución que se requiere.

En la propuesta que se entregó al secretario de Gobernación el domingo 15 de octubre e inmediatamente después a la APPO y a la sección 22 magisterial, se plantea además impulsar un "amplio" proceso de consulta sobre lo que Serapaz define como la Agenda para la Transformación Política, la Paz y el Desarrollo de Oaxaca, con el propósito de converger, en enero, en "un gran foro oaxaqueño".

Fuentes involucradas en el conflicto informaron que esta iniciativa permitió retrasar la posibilidad de que ingrese la fuerza pública a la entidad, y que sigue en análisis.

El documento, del cual tiene copia La Jornada, está fechado el 17 de octubre, día en que se esperaba que el pleno del Senado de la República definiera sobre la desaparición de poderes en la entidad. Este resultado coincidiría con las conclusiones de una asamblea de la APPO, a ocho días de que la comisión negociadora de la asamblea arribara a los primeros acuerdos con Abascal, como resultado de la mesa de diálogo y negociación.

Serapaz confiaba en dar a conocer en ese momento, como instancia civil de coadyuvancia reconocida por las partes, lo que denominó su "iniciativa de emergencia", pero el rechazo del Senado a pronunciarse sobre la desaparición de poderes lo retrasó.

No obstante, dejó en la mesa 10 opciones para evitar la aplicación de medidas de fuerza en Oaxaca. En primer lugar, "declarar un receso multilateral de 100 días en la disputa central del conflicto", con solicitud al gobernador para que pida licencia temporal, en bien del ejercicio del diálogo y de conformidad con la legislación estatal.

"Mejores condiciones políticas"

Con ello, según Serapaz, habría "mejores y nuevas condiciones políticas" para "rehacer la búsqueda de una solución política negociada". A la par se suspendería "todo operativo federal que implique la llegada y acción de fuerzas armadas y policiacas" a la entidad.

Ponderó continuar el proceso de negociación entre la APPO y Abascal para "cumplir de inmediato" el inicio de los acuerdos en materia magisterial y el regreso a clases; los cambios en los mandos de seguridad y policía estatal, la instalación de un consejo ciudadano de seguridad y la realización de un "plan de depuración urgente" bajo la coordinación de un subsecretario federal: Rafael Ríos García, de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

También la liberación incondicional de presos, parte de la jornada de lucha iniciada hace más de 150 días en el estado; la cancelación definitiva de órdenes de aprehensión, y la aplicación de un programa de reactivación económica.

Oaxaca requiere, indicó la agrupación, un "operativo civil por la paz", instrumentado por organizaciones civiles, eclesiales y defensoras de derechos humanos. Si prospera su propuesta de los 100 días, este mecanismo apoyaría acciones de distensión y seguridad en plantones y colonias del estado que así lo requirieran.

Mediante su escrito, Serapaz propuso a la APPO, al magisterio y las organizaciones populares involucradas en el conflicto que en coordinación con el consejo ciudadano de seguridad y el operativo civil citado "suspendan las barricadas y bloqueos que afecten el libre tránsito y la normalidad de la vida económica y turística de la entidad".

La construcción de la agenda para la transformación política tendría como base, para el despliegue de iniciativas y propuestas de "todos los actores en todas las regiones (de la entidad), el Pacto por la gobernabilidad, la paz y el desarrollo de Oaxaca, así como la propuesta indígena en torno de la Iniciativa ciudadana de diálogo por la paz, la democracia y la justicia en Oaxaca". Posteriormente se "diseñaría un procedimiento convergente".

Firmada por el obispo Samuel Ruiz García, Dolores González, Miguel Alvarez Gándara, fray Gonzalo Ituarte, Jorge Fernández Souza y Pablo Romo Cedano, la propuesta de Serapaz subraya que una instancia civil de mediación permitiría una interlocución amplia y directa a lo largo de la tregua especial de 100 días, para continuar la búsqueda de propuestas y soluciones a las diversas problemáticas del conflicto.

Condena en 23 entidades

Por otra parte, 81 organizaciones civiles de 23 estados condenaron el "clima de zozobra y terror sicológico" prevaleciente en Oaxaca. Acusaron la existencia de una "manifiesta violación sistemática" a los derechos humanos, "la ruptura del estado de derecho, el quebrantamiento del sistema de representación política y la fragmentación del tejido social".

En un pronunciamiento conjunto cuestionaron "la detención ilegal de dirigentes, ataques armados a manifestaciones pacíficas, la instalación de fuerzas armadas en territorio oaxaqueño, la tortura y el asesinato de simpatizantes e integrantes" de la APPO y la "intimidación" a personalidades como Francisco Toledo, cuya casa fue baleada la madrugada del sábado anterior.

Rechazaron el dictamen emanado por el Senado de la República sobre la improcedencia de la desaparición de poderes en la entidad, y sostuvieron que esta acción, junto con la "intimidación constante" de policías estatales, federales y fuerzas armadas, demuestra que la confianza de la sociedad oaxaqueña en el diálogo y las instituciones "no ha sido respondida con decisiones políticas a la altura de este movimiento social".

Se pronunciaron por una solución pacífica y política, y "por un nuevo pacto social" que defina las nuevas relaciones en aquella entidad.

AMARC-México, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Incide Social, Observatorio Eclesial y Voz Flor y Canto, entre otros, pidieron a organismos internacionales estar presentes en la documentación y monitoreo de las violaciones a los derechos humanos en esa entidad.