Mariano Azuela arremete contra legisladores
Ante la falta de reformas a las leyes de los poderes judiciales locales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido que intervenir para superar las lagunas jurídicas que ha dejado el legislador, sostuvo el ministro presidente del máximo tribunal, Mariano Azuela.
Durante su participación en la sesión de ayer, en la que el pleno abordó las características que debe tener la inamovilidad de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, como un principio fundamental que garantice su independencia y autonomía, Azuela sostuvo que ante los vacíos legales que obligan a la Corte a interpretar, resulta conveniente impulsar una "reforma integral" que uniforme los criterios en las judicaturas de los estados sobre la inamovilidad de los juzgadores.
Ayer el pleno convalidó la constitucionalidad -por seis votos contra cuatro- de reformas legales a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco que estipula que los magistrados del Supremo Tribunal serán designados para un periodo de siete años, que podrán ser relectos a un lapso adicional de 10 años y que sólo podrán ser removidos del cargo en caso de faltas graves a la ley.
Azuela, al igual que Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls, se opuso a la resolución, por considerar que dicha reforma abre la puerta para que cada uno de los estados decida arbitrariamente el periodo que debe cumplir un juzgador, sea juez o magistrado, para ser ratificado en el cargo y, después, el tiempo en que tendrá que ser analizado para permanecer en él.
El ministro presidente comentó que esa situación generará "un peligro", porque a la larga quedará a juicio de los ministros de la Corte, cuáles criterios deberán predominar para ratificar a los juzgadores.
Los ministros Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Margarita Beatriz Luna Ramos y Juan N. Silva Meza consideraron positivo que la ley establezca plazos para que los juzgadores sean ratificados después de determinado tiempo, "para ver cómo funcionan las cosas", de manera que los que cumplieron "razonablemente" con sus funciones se mantengan en el cargo.
Asimismo, consideraron que esta situación no tiene por qué influir en la independencia y autonomía de los juzgadores, además de que la inamovilidad en el cargo será respetada, siempre y cuando los funcionarios actúen conforme a la ley.
Los jueces y magistrados jaliscienses se oponían a las reformas aprobadas por los legisladores, particularmente respecto al artículo 61, que precisa que los magistrados durarán siete años; concluido este plazo podrían ser ratificados por otros 10 años, y serán removidos únicamente por causas graves.
Cabe mencionar que los magistrados del fuero federal son ratificados a los seis años y después se mantienen prácticamente de manera indefinida en su puesto, salvo que cumplan 65 años de edad y pasen a retiro; mientras que los ministros de la Corte son designados para un periodo único de 15 años.