En marzo, uno de sus colaboradores sufrió un hecho similar
Allanan oficinas del Centro Fray Bartolomé en Chiapas
San Cristobal de las Casas, Chis., 23 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que sus oficinas fueron allanadas la noche del domingo por desconocidos que no tenían como propósito robar, pues aparentemente no sustrajeron nada.
El organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García manifestó en un comunicado que el último año ha documentado y denunciado 20 casos de agresiones y ataques en contra de activistas y defensores de derechos humanos en Chiapas, de los cuales cinco han sido allanamientos de morada.
Explicó que al presentarse a trabajar la mañana de este lunes, el personal del centro encontró abiertas de par en par las puertas principales del inmueble ubicado en la calle Brasil número 14 del barrio de Mexicanos, relativamente cercano al centro de la ciudad.
Agregó que no se han encontrado signos de que las cerraduras hayan sido violadas, ni daños en el interior del edificio, aunque el sistema de alarma sí fue vulnerado.
"Aparentemente quienes allanaron nuestras oficinas no sustrajeron ningún artículo, ni se encontró daño alguno en las instalaciones", manifestó la organización no gubernamental.
El organismo promotor y defensor de los derechos humanos apuntó que el equipo de cómputo está intacto y los demás bienes en orden, tal como el personal los dejó el domingo.
Una de las hipótesis es que el o los desconocidos habrían entrado por el techo, utilizando algún domicilio vecino.
Este ilícito coincide con el cumplimiento del quinto aniversario del presunto asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
En marzo pasado, el organismo denunció el allanamiento a la residencia de su colaborador David Méndez, "hecho que ocurrió en circunstancias similares al que denunciamos hoy".
Esta tarde, miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas interpusieron una denuncia penal ante la fiscalía general del estado de la zona Altos.
Al mismo tiempo exigió a las autoridades correspondientes "que se investiguen éste y los demás hechos denunciados anteriormente contra activistas y defensores de derechos humanos en Chiapas".
En sus 17 años de servicio, el organismo ha documentado, denunciado y dado seguimiento jurídico, ante instancias nacionales e internacionales, a casos como el de la matanza de 45 indígenas en Acteal, "los 122 crímenes de lesa humanidad perpetrados por el grupo paramilitar Paz y Justicia, con anuencia del Estado mexicano, entre los años de 1995 a 1999 en la zona norte del estado de Chiapas".
Además, recientemente organizó una misión de verificación para constatar la situación de militarización en el estado.