En seis años, 25 asesinatos de comunicadores: CNDH
México, el país más peligroso de AL para ejercer el periodismo
Colima, Col., 23 de octubre. Con 25 periodistas asesinados y dos desaparecidos en los pasados seis años, México se ha convertido en el país de América Latina donde ejercer el periodismo resulta más peligroso, inclusive más que en Colombia, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Lo anterior se dio a conocer durante el cuarto y último módulo del seminario para periodistas denominado Por una cultura de los derechos humanos en defensa de la sociedad, organizado por la CNDH en coordinación con la comisión estatal y la asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima.
En su exposición, José Juan Alonso Ramírez, director de área del Programa de Agravios a Periodistas de la CNDH, informó que de 1991 a la fecha han ocurrido 507 agresiones contra informadores, siendo 2005 el año en que se presentaron más denuncias: 75. Añadió: 2004 y 2005 son considerados "los años negros para el ejercicio periodístico en México".
Pese a que se denunciaron 507 agravios, el organismo defensor emitió sólo 36 recomendaciones. En cuanto a asesinatos de comunicadores, Tamaulipas encabeza la lista con siete. Le siguen Chihuahua con cuatro, Veracruz tres, Chiapas y Guerrero dos, y Baja California, Sinaloa, Jalisco, Durango, Michoacán, Distrito Federal y estado de México con uno cada entidad.
Durante 2005 y 2006 desaparecieron dos informadores, uno en cada año, y hasta el momento esos casos no han sido esclarecidos, aseveró.
De los 25 asesinatos sólo hay cinco expedientes abiertos: el del periodista Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta de Tijuana; el de Raúl Gibb Guerrero, de Veracruz, y los de Guadalupe García Escamilla y Ramiro Téllez Contreras, de Tamaulipas.
Alonso Ramírez explicó que las quejas más frecuentes presentadas por periodistas ante la CNDH o denunciadas en la prensa son el ejercicio indebido de la función pública, amenazas, intimidación, violación al derecho de la libertad de expresión y trato cruel o degradante.
Además, irregularidades en la integración de averiguaciones previas por las procuradurías estatales y la federal, detenciones arbitrarias, incumplimiento de la función pública en la procuraduría de justicia, negativa al derecho de petición por las autoridades, y robo.