¿Qué sigue?
La hegemonía del PRI y el PAN en el Senado ha otorgado un cheque en blanco a Ulises Ruiz, desechando las evidencias de que los tres poderes no están operando. Pese a que no tiene activos en las arcas de la legitimidad, se le ha fortalecido artificialmente. Esta decisión nos indica lo que viene en materia de otros acuerdos políticos a nivel nacional: se harán presentes una y otra vez las facturas del PAN para usurpar la Presidencia de la República, aunadas a la coincidencia ideológica que une al PRIAN.
Por otra parte, la intervención de la maestra Gordillo para amenazar a la sección 22 del sindicato de maestros fue la piedra de toque para que el magisterio oaxaqueño profundizara su división entre los que consideran que es necesario retornar a clases y los que quieren seguir hasta que caiga Ulises Ruiz.
Después de la agitada asamblea del pasado fin de semana se acordó realizar una nueva consulta, cuyos resultados se abordarán en otra asamblea. Por lo pronto el magisterio está enfrentado y su líder Enrique Rueda es cuestionado por haber anunciado como un hecho el retorno a clases. Es indudable que si la sección 22 se hace a un lado sin haber logrado la salida de Ruiz debilitaría al movimiento y en Gobernación están conscientes de ello; de ahí los "ultimátum". Por eso empezaron con las demandas económicas de los maestros, como debió ser en su inicio; sin embargo, alentar hoy el truene de una base importante de la APPO anticipa el incremento de la polarización, estrategia que es claramente intencionada; sin duda buscan tensar al máximo a los sectores radicales.
En ese contexto, el asesinato reciente de dos maestros, uno cada semana, nos habla de que se aplica un esquema de represión selectiva para intimidar, entre otros, a las bases de la APPO que pasan largas noches protegiendo las barricadas en la capital oaxaqueña. A propósito, si como asumió el Senado existen poderes en Oaxaca, ¿qué hace la procuraduría estatal para esclarecer la decena de crímenes que ha sufrido el movimiento?
Lamentablemente el clima de intimidación no se concentra en la capital. En días pasados organismos civiles y autoridades de la cabecera distrital de Villa Alta denunciaron la presencia de seis vehículos militares fuertemente armados, lo que provocó alarma en la población, en su mayoría ancianos, pues los jóvenes han emigrado y en la zona se vive de las remesas. A ello se suma la balacera intimidatoria frente a la casa del pintor Francisco Toledo, pieza clave de las voces civiles y pacifistas.
Nunca como ahora se hace necesario fortalecer el respaldo político de otros sectores del espectro de la izquierda en el país; la demanda de la salida de Ulises Ruiz no puede retirarse, como tampoco el llamado a que se evite el uso de la fuerza pública para romper el bloqueo. Es evidente que apuestan al desgaste del movimiento o a que la APPO cometa el error de realizar acciones más radicales y hasta cierto punto desesperadas que "justifiquen" la intervención de las policías federal y local, así como la captura de los líderes.
Por ello, la promoción de espacios de diálogo con la sociedad civil y la APPO, como el realizado en la ciudad de Oaxaca el pasado 12 de octubre, resulta ingrediente indispensable para construir una salida política y pacífica al conflicto. Los sectores del priísmo que apoyan a Ulises Ruiz deberán medir el costo del incremento en el aislamiento y repudio que su partido cosechará. Hoy está claro que no resisten la prueba de las urnas en el otrora bastión del PRI.
Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación ha quedado a la deriva en sus gestiones ante el conflicto. ¿Quién se va a sentar a la mesa con Ulises Ruiz y a la vez garantizar un retorno de la gobernabilidad?
En la reunión referida del Diálogo Civil por la Paz algunas autoridades indígenas señalaban con nitidez que en sus pueblos ningún gobernante hace nada de lo que no estén todos enterados y, si comete algún error o hace algo indebido, lo cambian de inmediato y lo sancionan por su falta. Por ello se preguntaban cómo es posible que no salga este gobernador Ulises tan malo. Esta evocación de la transparencia y la revocación del mandato que practican los pueblos indígenas nos señala la distancia que aún tenemos en el país de un auténtico proceso democrático, y más aún: quienes consideran que la democracia directa indígena es retroceso frente a la representativa bien podrían avergonzarse ante el espectáculo que nos brinda la obcecación del PRIAN en el caso Oaxaca.
Con este recuento parece claro que la estrategia que hegemoniza es la de corte contrainsurgente antes que política y pacífica, sólo que se han repartido los roles: Gobernación hace como que dialoga y de los asesinatos nadie se hace responsable, y de paso buscan desmontar del proceso APPO al magisterio. Lo dicho: urge una respuesta social más decidida a nivel nacional.