Procurador de Arizona ordenó incautar fondos que envían mexicanos de 29 ciudades
Fox, obligado a exigir a EU que ponga fin a decomiso de remesas: diputados
Demandan que el canciller Derbez retome el asunto migratorio como tema prioritario
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un punto de acuerdo en el que demanda al gobierno del presidente Vicente Fox dar seguimiento a la incautación de recursos, por parte de autoridades estadunidenses, que mexicanos enviaron de 29 ciudades del país vecino al estado de Sonora, bajo el argumento de que parte de dichos recursos son destinados al tráfico de estupefacientes y de personas.
El panista Gerardo Aranda Orozco recordó que recientemente el procurador general de Arizona, Terry Godar, ordenó decomisar las transferencias en 29 ciudades del vecino país a Sonora, realizadas a través de la compañía Western Union, pues según él parte del dinero enviado a México se usa para pagar a traficantes de personas e inclusive para operaciones de narcotráfico. Dicha medida implica congelar transferencias por 500 dólares o más a docenas de sucursales de dicha compañía en Sonora.
Esa empresa, agregó, interpuso un recurso judicial contra el procurador de Arizona para evitar la retención de los fondos, alegando violaciones a cláusulas de comercio, garantías jurídicas y protección igualitaria, como establece la Constitución de Estados Unidos. Como parte del litigio se tiene programada una audiencia en la Corte Suprema del condado de Maricopa el próximo 30 de octubre, donde habrá de dirimirse el asunto.
El legislador dijo que la procuraduría de Arizona goza de independencia en el desempeño de su actuación, "sin embargo, no se pueden afectar los derechos fundamentales bajo el pretexto de actuar contra el crimen". Las remesas pueden ser retenidas indefinidamente, y son pocas las posibilidades de que sean recuperadas.
Los envíos se han incrementado 50 por ciento: Joaquín de los Santos
A su vez, el perredista Joaquín de los Santos advirtió que la situación es complicada, por lo que la cancillería está obligada a retomar el asunto migratorio como tema prioritario. Señaló que, de acuerdo con estadísticas del Banco de México, las remesas se han incrementado 50 por ciento. Sólo en 2005, dijo, México fue el segundo país en el mundo que recibió, en términos absolutos, los mayores recursos. En promedio cada trabajador envía a su familia mensualmente 310 dólares, que contribuyen significativamente al mejoramiento de los ingresos en los hogares mexicanos.
"Un problema importante relativo a las remesas, que tiene que ver con los costos de intermediación por envío, es que tradicionalmente los trabajadores migratorios tenían que pagar comisiones de entre 10 y 25 por ciento por mandar dinero a su país de origen. Dichas comisiones son demasiado altas, según el Departamento del Tesoro estadunidense, y en 2004 los mexicanos que residían en Estados Unidos pagaron unos mil 500 millones de dólares por comisiones", sostuvo.
En tanto, el priísta José Ramírez Martínez apuntó que, independientemente de las razones legales que se invoquen, el hecho se suma a acciones que en meses recientes "han transformado el fenómeno migratorio en hecho prácticamente delictivo. Lejos del drama humano de la migración, de las razones sociales y económicas, la única respuesta ha sido la militarización de la frontera, la instalación de alta tecnología para detener a connacionales y la expedición de leyes que violentan sus derechos básicos. Además, el apoyo a organizaciones civiles que portan armas para perseguirlos, pero no los tan anunciados acuerdos, la enchilada completa que anunciaron las administraciones de George W. Bush y de Vicente Fox".
Ramírez Martínez destacó que además de la retención de fondos, los envíos de dinero pasan por una "explotación financiera", es decir, las altas comisiones que se cobran "en un mercado realmente usurero. Se han presentado diversas iniciativas para que la ley fije las comisiones por las remesas, pero bajo el argumento del libre mercado se ha hecho caso omiso y los costos pueden ser hasta de 25 por ciento del monto de lo que se manda al país".
En otra parte de la sesión ordinaria de ayer, la perredista Valentina Batres presentó una iniciativa que reforma el artículo 62 de la Constitución, con el propósito de combatir el tráfico de influencias de algunos legisladores, quienes aprovechan su cargo para dedicarse a medrar del patrimonio público, en el que se previene la concentración de adquisiciones y venta de terrenos, ya sea con resoluciones administrativas o sentencias en contra de la nación.
En tanto, la diputada verde Olga Chozas propuso incrementar los requisitos para evitar que los menores compren cigarros. Mencionó que aproximadamente 26 millones de menores de 19 años han fumado alguna vez, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones.
Aunado a esas estadísticas de consumo, se estima que en México se destinan recursos públicos anuales por 30 mil millones de pesos para atender las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, expresó la diputada en su exposición de motivos.