Resume en 10 puntos reformas legislativas para la reconstrucción nacional
El frente progresista presenta agenda contra la "restauración autoritaria"
El Frente Amplio Progresista (FAP) presentó ayer una agenda legislativa que busca satisfacer las demandas fundamentales de la población, reducir la pobreza, promover la democracia y ganar espacios de libertad frente a la "restauración autoritaria que existe".
Frente a dirigentes de PRD, PT y Convergencia, así como representantes de organizaciones sociales, Manuel Camacho Solís presentó el documento titulado Propuesta para la transformación de México, el cual resume en diez puntos las reformas legislativas que promoverá el FAP, además de ratificar que no se legitimará al presidente electo, Felipe Calderón.
Entre modificaciones que se plantean destaca el cambio del régimen fiscal de Pemex y la CFE para reforzar su operación, y la oposición a todo intento de privatización del sector energético; la realización de una reforma electoral de fondo y el fortalecimiento de las finanzas públicas, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios.
Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas, dijo que en la propuesta se sintetizan los 50 puntos que Andrés Manuel López Obrador presentó durante su campaña política y también la plataforma electoral de la alianza hoy convertida en FAP. El documento retoma aquello por lo que los mexicanos votaron el 2 de julio, subrayó.
Explicó que es un planteamiento inicial, y que diputados y senadores del FAP podrán mejorarlo y ampliarlo. Aunado a ello, expuso que con este documento los partidos del frente podrán ir más allá de la simple denuncia de los acuerdos que pudieran tener el PAN y el PRI.
Jesús Ortega, portavoz del FAP, enfatizó que el documento es una propuesta para el restablecimiento de la democracia, para lograr una sociedad con justicia y equidad, recuperar la política y finalmente para la reconstrucción de la República.
El perredista hizo una evaluación de la crisis política que vive el país y el retroceso de la transición democrática. Resaltó que el frente sugirió encarar los hechos con la política misma y, a diferencia de la derecha, no le quiere apostar a la ruina nacional. Por el contrario, desde una posición de dignidad y con una indeclinable lucha contra la imposición en la Presidencia de la República, "le presentamos al país una propuesta para restablecer la democracia", puntualizó.
Por Convergencia, el diputado Alejandro Chanona resaltó que la crisis que vive el país fue propiciada por el gobierno federal y que el frente amplio hace esfuerzos por hacer volver la gobernabilidad. El coordinador de ese partido en San Lázaro se comprometió a promover la agenda legislativa, porque "tenemos la obligación de impulsar en el Congreso todo lo que no profundice la crisis. No más Oaxaca, que es un signo de la crisis que vivimos ahora", expresó.
El embajador Porfirio Muñoz Ledo también se refirió a la crisis institucional, luego de considerar que el programa del FAP representa un muro de contención que permitirá hacer frente a los intentos del gobierno por cerrar los espacios democráticos.
El senador del PT Alejandro González Yánez llamó la atención sobre el hecho de que la actual correlación de fuerzas es favorable para la alianza de las derechas, por lo cual es necesario que el movimiento popular impulse su propia agenda legislativa.
En el documento que ayer se presentó se destaca la intención de frenar la restauración autoritaria en marcha para asegurar libertad de información y elecciones libres, e iniciar el cambio de régimen político conforme a la nueva pluralidad. Ello implica la realización de una reforma electoral que garantice equidad en los comicios, modifique la estructura del IFE y del tribunal electoral y dé independencia a los integrantes de estos organismos.
El segundo punto alude a la propuesta de crecer con equidad, para lo cual se plantean reformas que fortalezcan las finanzas públicas y restablecer la capacidad de promoción del desarrollo del Estado.
En tercer lugar se propone alcanzar la justicia social con un Estado garante del bienestar. Para proteger a la sociedad de las injusticias y desajustes de la economía, se promoverá la adopción de un sistema de seguridad social universal y políticas distributivas de mayor profundidad para aumentar la cobertura y la calidad de la educación. En este apartado se alude a la necesidad de aumentar el financiamiento para la enseñanza, además de ampliar a 18 años la educación obligatoria.
También resalta la propuesta de impulsar una reforma constitucional que reconozca los derechos de los pueblos indios.
Como parte del apartado cuatro se plantea el impulso a la ciencia y la tecnología, y la preservación del patrimonio cultura con la asignación de mayores recursos.
El quinto punto se refiere al sector energético, mientras el sexto aborda la reforma integral del sistema de justicia y seguridad pública.
El séptimo alude al combate a la corrupción y a reformas para introducir una política de austeridad del Estado en los tres poderes y órdenes de gobierno. Así, se formula la pretensión de que ningún salario del ámbito público sea superior al del presidente de la República y reducir éste a los estándares internacionales.
Los últimos puntos del decálogo proponen la promoción del federalismo, el establecimiento de una política exterior de Estado y la creación de un método integral para la revisión de la Carta Magna.