Debe garantizar pago de casi $130 millones
Dan a Barbosa beneficio de libertad provisional
El gobierno de Michoacán también investiga al ex funcionario del GDF; venta de concesiones de transporte, la acusación
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Porfirio Barbosa, cuando era oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal
Foto: Marco Peláez
El juez federal Arturo César Morales concedió el beneficio de la libertad provisional a Porfirio Barbosa Rodríguez, coordinador de la Comisión de Transporte del gobierno de Michoacán, quien podrá abandonar el Reclusorio Norte cuando garantice el pago de 129 millones 661 mil 207 pesos que le fijó el juzgador por concepto de reparación del daño, obligaciones procesales y sanciones pecuniarias.
El próximo sábado, el impartidor de justicia resolverá su situación jurídica.
Barbosa fue ingresado al centro penitenciario la mañana de ayer, y por la tarde fue presentado en la rejilla de prácticas del juzgado tercero de distrito para que respondiera al cargo de peculado que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), por un monto superior a 129 millones de pesos.
En tanto, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, secretaria del Transporte de Michoacán, informó que desde hace dos meses y medio la Contraloría de esa entidad investiga a Porfirio Barbosa por la presunta venta de concesiones de transporte público.
Dijo que cuando la administración estatal contrató a Barbosa como titular de la Comisión Coordinadora de Transporte -hace año y medio-, su nombre no se incluía entre los ex funcionarios inhabilitados a escala federal.
A su vez, el inculpado, quien fungió como oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal (GDF) durante las gestiones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, se reservó el derecho a declarar y se negó a responder preguntas del Ministerio Público Federal.
Frente a su esposa, sus abogados defensores, agentes ministeriales, representantes legales del ISSSTE y reporteros, manifestó que es funcionario público y percibe un ingreso aproximado a 45 mil pesos.
Las autoridades judiciales leyeron el contenido de las imputaciones penales. "Usted está acusado de dos peculados; la primera distracción de recursos es por 83 millones de pesos, y la otra por 46 millones; en total, estamos hablando de 129 millones", refirió el secretario de acuerdos del juzgado. La investigación que empezó la PGR en 2003 derivó de dos denuncias presentadas ese año por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectaron irregularidades en dos convenios firmados en 1998 entre el GDF y el ISSSTE.
Documentos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) refieren que el presunto fraude cometido contra el ISSSTE y el gobierno capitalino -entre 1998 y 2000- involucró a diversos funcionarios públicos de ambas instituciones.
Supuestamente, el desvío de recursos se dio a partir de la firma de convenios que signaron el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE con el GDF, por 5 mil millones de pesos, para vales de despensa que serían entregados a los trabajadores del Distrito Federal.
Esos vales se debían dar a elementos de la policía auxiliar, así como a personal de la jefatura de Gobierno y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
En los convenios con el instituto se acordó que habría bonificaciones y descuentos para los trabajadores del GDF.
Sin embargo, esas prerrogativas no se entregaron a los trabajadores, sino que, de manera directa y en efectivo, representantes de la oficialía mayor del GDF cobraron el importe de las bonificaciones y no lo reportaron a la hacienda capitalina.
Los funcionarios del ISSTE involucrados son José Navarrete, ex director del sistema integral de tiendas y farmacias; Rodolfo Pérez, ex subdirector de esa área; Bernardo Gil, ex jefe de la Tesorería; Raúl Moreno, jefe de servicios administrativos; Carlos Ruiz, ex subdirector de Finanzas; Efrén Muñoz, ex jefe del departamento de bancos y valores, y María Romero, ex jefa del departamento de la Red de Vales.
En el GDF habrían participado José Tomasena y Miguel Montero, ex subdirector general y ex asesor técnico del Metro, respectivamente; Brenda Estrada, ex coordinadora administrativa; Sergio Suárez, Raúl Gómez y Juan Lira, ex coordinadores de la policía auxiliar, así como Fidel Correa, ex director de dicha corporación.