Evalúa la SG ley de reconciliación para Oaxaca
Ampliar la imagen
La violencia se agravó en Oaxaca este viernes. Los choques dejaron tres muertos
Foto: Ap
Respecto de las exigencias de que se cancelen las órdenes de aprehensión contra involucrados en las movilizaciones sociales en Oaxaca, fuentes gubernamentales revelaron que, para que eso sea factible, en la Secretaría de Gobernación (SG) se ha planteado la necesidad de elaborar una "ley de reconciliación" que deje sin efecto los mandamientos judiciales ya otorgados a la Procuraduría General de la República (PGR).
Funcionarios entrevistados indicaron a La Jornada que, sin embargo, en las reuniones de trabajo que han sostenido integrantes del área de seguridad nacional en días recientes, se ha estimado la posibilidad de que las averiguaciones en curso contra integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sean declaradas con un no ejercicio de la acción penal.
De acuerdo con las versiones obtenidas, el Poder Ejecutivo federal no se de-sistirá de los ejercicios de la acción penal contra al menos 10 integrantes de la APPO y de la sección 22 del SNTE, pues los ilícitos que hasta el momento se les han acreditado tienen que ver con delitos considerados no graves, por lo que podrán obtener su libertad pagando cauciones de poco monto.
Según la información obtenida, que coincide con las declaraciones del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca Hernández -luego de su comparecencia ante diputados el martes pasado-, los delitos que se imputan a los manifestantes son daños en propiedad federal, ataques a las vías generales de comunicación y daños a inmuebles de valor histórico.
Hasta el momento el Ministerio Público Federal ha iniciado 56 averiguaciones previas, 29 de ellas ya han sido declaradas con un no ejercicio de la acción penal (al no encontrar elementos de prueba suficientes para la acreditación de los delitos); 21 están en integración y seis más ya han sido consignadas ante jueces federales con sede en Oaxaca.
Respecto de los mandamientos judiciales y para evitar acciones legales del próximo gobierno federal, la propuesta que se ha analizado es la elaboración de un decreto presidencial que cancele las órdenes o el establecimiento de una "ley de conciliación" avalada por el Poder Legislativo, como ocurrió con el caso Chiapas.