Sueños de soberanía
Hay sueños y sueños. Como por ejemplo para el secretario de Economía, Sergio García de Alba, la soberanía alimentaria "es un sueño; un término que tiene que actualizarse..." Y entiende sueño como define el Diccionario de la lengua española: "Cosa fantástica, sin fundamento o razón". A diferencia de las organizaciones campesinas, sobre todo las que pertenecen a la Vía Campesina que lo entienden, sí como un sueño, pero en la acepción de proyecto a realizar y sobre todo como un derecho.
Un triple derecho: el de los pueblos a determinar sus políticas sustentables y apropiadas de producción, abasto y consumo para responder al derecho de la población al acceso de alimentos. El derecho de los actores de los modos de producción autóctonos, es decir, campesinos, indígenas y pescadores -que pueden llamarse también agriculturas familiares-, a ser respetados como actores o productores principales de esta soberanía alimentaria. Y, finalmente, el derecho de la población a acceder a alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma.
En México, ni el gobierno federal en lo general ni la Secretaría de Economía en lo particular han hecho efectivos esos derechos: comencemos por el primero: el gobierno federal, como representante del pueblo de México ha cedido enormemente su soberanía para determinar sus propias políticas agrícolas y alimentarias. Porque en el TLCAN abdica de buena parte de sus facultades de planificación agroalimentaria y las pone en manos del "libre" mercado regional, es decir, de las trasnacionales que determinan los precios y los volúmenes del comercio internacional. El propio titular de Economía reconoce que no tendremos tanto problema con la invasión del maíz estadunidense, a pesar de la apertura pactada para 2008, porque Washington orientará gran parte de las cosechas del grano a la producción local de etanol, pero no porque en una decisión soberana el gobierno mexicano haya decidido estimular el incremento de producción de la gramínea.
Más todavía, en esta misma línea: a pesar de que, según el secretario, "el frijol no es un producto sensible...", en el contexto de la apertura pactada por el TLCAN, el gran problema para los productores nacionales es la caída del precio del grano por las grandes cantidades de frijol estadunidense que entran sin pagar arancel o a la vista gorda de las autoridades aduanales. Por ejemplo, en el sexenio pasado, en 1996, se importaron 68 mil toneladas por encima de la cuota libre de arancel; en 1998, 113 mil toneladas, y en 1999, 42 mil toneladas. En el año 2000, entre el contrabando y las importaciones sin arancel llegaron a 300 mil toneladas, según datos de la delegación de la Secretaría de Economía en Chihuahua.
El impacto para los productores fue duro: en 1996 les pagaron a cinco pesos 40 centavos el kilo de la leguminosa, y cuatro años después, a sólo cuatro pesos. De nuevo el gobierno, es decir, Hacienda y Economía, cede soberanía al no establecer los aranceles adecuados ni hacer cumplir las cuotas de importación.
Por desgracia no es el único caso, tanto la Asociación Nacional de Porcicultores, como la Unifrut (productores de manzana), han entablado o están en proceso de entablar demandas contra la Secretaría de Economía por haber abdicado en la defensa de los productores nacionales y haber permitido la entrada a precio dumping de carne de puerco y de manzana proveniente de Estados Unidos.
Como consecuencia de no hacer efectivo este derecho fundamental del pueblo de México a definir soberanamente sus políticas agroalimentarias, los otros dos derechos tampoco se hacen efectivos por la competencia desleal de los alimentos importados, altamente subsidiados por el gobierno estadunidense, por las políticas agropecuarias que sólo estimulan a los grandes productores y exportadores y por la miopía del gobierno federal para entender la agricultura campesina (lo único que atina a pontificar de ella García de Alba es que "hay que terminar con el círculo vicioso de la subsistencia"), el derecho a producir alimentos para ellos y para los consumidores nacionales es negado a millones de campesinos pobres y medios. A 600 por día, para ser más exactos, que son los que tienen que abandonar el campo.
Por tanto, el derecho a la alimentación tampoco lo hace efectivo el gobierno federal: según sus propias cifras, hay 19 millones de mexicanos y mexicanas "en pobreza alimentaria", es decir, para los cuales comer sana, nutritiva y suficientemente sigue siendo un sueño. Como los sueños del secretario de Economía.