"Octubre azul"
Así se denomina al conjunto de acciones globales acordadas por los movimientos sociales que promueven en todo el mundo una visión del agua como un bien público, accesible para todos.
"Octubre", por la trascendencia social de la fecha en la que el pueblo uruguayo votó en un plebiscito el reconocimiento constitucional de que el agua es un recurso natural esencial para la vida, y que su disponibilidad constituye un derecho humano fundamental (31 de octubre de 2004). Y porque hace un año las organizaciones civiles y sociales iniciaron en octubre la conformación de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), que con la solidaridad de sus pares internacionales convocaron y llevaron a cabo en marzo de este año en México el Foro Internacional en Defensa del Agua, alternativo al Cuarto Foro Mundial del Agua.
"Azul" quizás por la referencia al ya clásico libro de los luchadores sociales canadienses Maude Barlow y Tony Clarke, Oro azul, Las multinacionales y el robo organizado del agua en el mundo. Por ello, conscientes de que en México más de 11 millones de personas carecen de agua potable, 24 millones de alcantarillado, miles fallecen al año por la mala calidad del líquido y otras muchas enfrentan problemas de accesibilidad por la irregularidad del servicio, y convencidas de que estos y otros graves problemas relacionados con el agua no se resolverán mediante procesos de privatización -que transforman al agua en un bien económico sujeto a las reglas de la oferta y la demanda-, sino mediante el cumplimiento de la responsabilidad social del Estado, mediante una gestión democrática con criterios de equidad, transparencia, control social y respeto de los ecosistemas, las 35 organizaciones civiles y sociales que ya conforman a la COMDA en todo el país lanzan hoy, desde el monumento a Tláloc, una campaña nacional por el derecho humano al agua en la Constitución.
Su objetivo es crear un frente social amplio que presione a los legisladores para reformar la Constitución, que además del derecho a la alimentación -el cual quedó pendiente en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada-, se incorpore también este derecho humano fundamental en nuestra Carta Magna. Disponer y acceder al agua es una necesidad básica de los seres vivos, que ha sido reconocida y consagrada como derecho humano en distintos instrumentos, declaraciones, conferencias y otras normas internacionales. Está amparado por el artículo 11, párrafo 1, sobre el derecho a un nivel de vida adecuado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y se reconoce en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos del niño, el Programa 21 de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, y la Declaración de Mar del Plata de la conferencia de la ONU sobre el agua.
Sin embargo, a pesar de que México ratificó el PIDESC desde 1981, aún no se refleja en nuestra legislación nacional ni en el quehacer de las instituciones gubernamentales. Todo lo contrario, por presiones de los organismos internacionales de crédito y financiamiento, desde el sexenio de Miguel de la Madrid se inició en el país un proceso paulatino de privatización furtiva del agua, para cotizarla como mercancía, perjudicando con ello a los sectores más pobres de la población, y eximiendo de sus costos reales y/o obligaciones ecológicas a muchas de las empresas que la aprovechan e industrializan. Por ello es indispensable su reconocimiento al nivel más alto de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución, de conformidad con la obligación del Estado de adecuar la legislación nacional con las normas internacionales de los derechos humanos, como lo establece, entre otros, el artículo 2.1 del PIDESC.
Establecer jurídicamente que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, permitirá que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan en México el derecho de disponer en cantidad suficiente de agua de buena calidad, y de manera física y económicamente accesible, para su uso personal y doméstico, como lo prescribe la observación general número 15 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU. El reconocimiento constitucional de este derecho permitirá igualmente asegurar la sustentabilidad de este bien público, indispensable para la vida, de manera que se garantice la satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer las de las generaciones futuras.
Como consecuencia, el Estado mexicano en su conjunto, además de fijar con ello un parámetro para readecuar consecuentemente la legislación secundaria y reorientar los criterios de las políticas públicas, se vería obligado a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales de respetarlo, protegerlo contra terceros y posibilitar efectivamente su ejercicio presente y futuro por parte de todos sin distinción.