Llama el PRI a encontrar salida digna en Oaxaca
Ampliar la imagen Ulises Ruiz, ayer a su salida de la Secretaría de Gobernación Foto: José Antonio López
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a todos los actores políticos de Oaxaca a alcanzar una salida política digna, inmediata, pacífica y concertada, y consideró que la fuerza pública federal enviada al estado por el presidente Vicente Fox sólo será preventiva, disuasiva y observable por la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
Para el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor son momentos importantes de definición, por ello demandó de "forma respetuosa" a los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) su mayor responsabilidad y compromiso para ayudar al restablecimiento del estado de derecho y a continuar la búsqueda de soluciones para sus demandas en un ambiente de pluralidad y tolerancia que permita un acuerdo político digno y democrático, aceptado por todos.
El PRI fue puntual al reaccionar sobre el envío de fuerzas federales a Oaxaca: "La dirigencia priísta reitera que la presencia de la fuerza pública que han solicitado los poderes públicos locales es entendible como una presencia disuasiva y preventiva, asistida por observadores de los derechos humanos, organizaciones sociales y personajes que tengan buena fe.
"No despojará a nadie de sus derechos constitucionales, sino que deberá ser para garantizar el orden ciudadano, la armonía social y la integridad y respeto entre los grupos involucrados, además de proteger el funcionamiento de las instituciones públicas".
La dirigencia priísta asegura que aun con la presencia preventiva de la fuerza pública federal, es tiempo de una salida política digna, inmediata, pacífica y concertada.
Los graves incidentes ocurridos el viernes en la capital del estado son un lamentable aviso de que la confrontación ha llegado a niveles inadmisibles, estimó el Partido Revolucionario Institucional.
Reiteró su compromiso con el pueblo y el gobierno constitucional del estado para defender su soberanía, el funcionamiento cabal de los poderes en la capital, el establecimiento de garantías a los derechos constitucionales para las partes involucradas en el conflicto y, sobre todo, por la vigencia plena de la vida institucional y el ejercicio pleno de las libertades y garantías de los oaxaqueños.