Decreto presidencial lo prohíbe, afirman habitantes
Alcalde autorizaría fraccionamiento en reserva de la biosfera en NL
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El Parque Nacional Cumbres, de Monterrey
Foto: Alfredo Valadez
Monterrey, NL, 28 de octubre. A tres días de que concluya su gobierno, el alcalde de Santa Catarina, el priísta Ramiro Ayala Garza, afirmó que podría autorizar a empresarios y constructoras realizar el proyecto Valle de Reyes -que incluye un campo de golf y un fraccionamiento campestre en el cañón de la Huasteca- en la reserva de la biosfera Parque Nacional Cumbres, lo que contraviene la legislación que regula dicha área natural protegida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El edil de ese municipio declaró: "no podemos estar supeditados a lo que diga la ONU. Yo lo que le digo es que en los tribunales (los empresarios de la construcción) ganaron un amparo", y con base en eso el municipio les autorizará afectar la reserva ecológica, porque "yo admito que la UNESCO hace recomendaciones, pero nunca estará por encima de jueces locales".
El alcalde rindió protesta hace dos días, en sustitución de Irma Adriana Garza, quien renunció para asumir un puesto en el gobierno estatal, lo que fue interpretado como una maniobra "para que se logre la aprobación del proyecto", según dijo Guillermo Martínez Berlanga, uno de los principales activistas que impidieron el año pasado la construcción de un teleférico en el monumento natural Cerro de la Silla.
Un grupo de ciudadanos en defensa de esa reserva realizó hoy una manifestación frente al palacio municipal, para exigir a las autoridades estatales y federales que se impida el daño el Parque Nacional Cumbres. "Sólo les pedimos que sean conscientes, que piensen en sus hijos. Con dinero no van a respirar los niños", sentenció Juan Carlos Reyes, uno de los manifestantes.
Recordó que un decreto presidencial de 2002 señala que no se debe violar por ningún motivo esa área natural, a pesar de los intereses empresariales que invertirían allí más de 240 millones de dólares.
El ayuntamiento pretende dar un madruguete y dejar los hechos consumados a la nueva administración, la cual iniciará funciones el primero de noviembre, advirtió la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, pues representaría un ecocidio y un daño grave a la salud de los habitantes de la zona.